Éste fue el comienzo de ocho años de gobierno republicano y la caída de la monarquía con el derrocamiento de Alfonso XIII.

“No estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. No hay más que una nación: ¡España! Antes de consentir campañas nacionalistas que nos lleven a desmembraciones que de ningún modo admito, cedería el paso a Franco sin otra condición que la que se desprendiese de alemanes e italianos".

Juan Negrín (President del Govern de la República Espanyola 1937-1939)

La Segunda República Española fue el estado democrático y republicano que existió en España en el período que abarca desde el 14 de abril de 1931, fecha de proclamación de la misma y de la salida de España del Rey Alfonso XIII, al 1 de abril de 1939, fecha de la victoria definitiva del Bando Nacional en la Guerra Civil Española que siguió al Alzamiento Nacional del 18 de julio de 1936.

Éste fue el comienzo de ocho años de gobierno republicano y la caída de la monarquía con el derrocamiento de Alfonso XIII.

Resultados de las elecciones a Cortes Republicanas.

28 de abril de 1931

PSOE 114

PRR 89

PRS 55

Republicanos de centro 50

Nacionalistas de derecha (PNV, Lliga) 19

Republicanos de centro 50

ERC 36

Otros 34

AR 30

Agrarios 24

ORGA 19

Las causas que motivaron la instauración del régimen republicano fueron principalmente el agotamiento del sistema político de la Restauración y la incapacidad de la monarquía de asumir sus errores durante la Dictadura. A partir de abril de 1931 quedó claro que el descontento popular iba orientado hacia una respuesta antimonárquica y pro republicana.

La II República española llegó al poder en abril de 1931. En ello tuvo mucho que ver la caída de la Dictadura del general Miguel Primo de Rivera (29 de enero de 1930) que, apoyada por la monarquía, había tenido un triste final.

El nuevo gobierno presidido por el general Dámaso Berenguer trataba inútilmente de volver a la situación anterior a la Dictadura, pero era imposible. El sistema político de la Restauración estaba agotado, gran parte de la opinión pública estaba ya resueltamente en contra de la monarquía. En el verano de 1930, con el gobierno en plena crisis, se produjo un pacto de unión entre diversos sectores del nuevo republicanismo. El así denominado “Pacto de San Sebastián”, clave en el tránsito de la monarquía a la república y firmado por representantes de las principales fuerzas sociales de izquierdas posibilitó una futura acción conjunta antimonárquica.

Sus principales integrantes fueron:

- El republicanismo “histórico”, encarnado en la figura de Alejandro Lerroux, fundador del Partido Radical en 1908.

- La nueva izquierda republicana de Manuel Azaña que junto a Marcelino Domingo y Álvaro Albornoz, representaba los elementos del radical-socialismo.

- Los socialistas, cuyas principales figuras eran Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos. Fue Prieto quien convenció a los socialistas de que se unieran a las posiciones pro republicana.

- El catalanismo de izquierdas con figuras como Carrasco Formiguera, Matías Malliol y Jaume Aiguader.

- El regionalismo gallego, con Casares Quiroga al frente de la ORGA, partido republicano gallego.

- El republicanismo moderado con personajes como Niceto Alcalá Zamora o Miguel Maura. Alcalá Zamora sería elegido presidente del comité revolucionario creado con la firma del Pacto de San Sebastián.

Sin embargo, antes de que dicho pacto pudiera plantearse como una verdadera alternativa pacífica al cambio de sistema, los partidarios más acérrimos de la instauración de la República intentaron la vía golpista. Estimulada por diversos círculos militares (la U.M.R. Unión Militar Republicana) la guarnición de Jaca, con el capitán Fermín Galán y el teniente García Hernández al frente se sublevaron contra la monarquía y proclamaron la República. Su principal error estribó en no romper las comunicaciones con Francia, por lo que el gobierno, enterado del levantamiento, pudo tomar las medidas necesarias para sofocarlo. Aislados los rebeldes, fueron hechos prisioneros y sus cabecillas, Galán y García Hernández fueron fusilados. La República había conseguido así a sus mártires.

La represión no acabó aquí pues todos los firmantes del Pacto de San Sebastián fueron encarcelados por lo que su reputación aumentó mucho desde sus celdas. El rey decidió poner a prueba a la opinión pública convocando elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. La escasa popularidad de la monarquía quedó patente en la victoria de las candidaturas republicanas en todas las principales ciudades españolas. Los datos oficiales señalaron 29.953 concejales monárquicos frente a 8.855 republicanos pero en aquella época los votos de las ciudades eran los que decidían y éstas habían votado mayoritariamente por la República.

La proclamación de la República fue acogida con euforia por la mayoría de la población. Para estas multitudes la republica representaba la esperanza de una nueva España moderna y más justa. Mientras el país celebraba la proclamación de la República, Alfonso XIII abandonaba palacio rumbo a un exilio voluntario. Antes de marcharse dejó a los españoles esta proclama:

"Las elecciones celebradas el domingo, me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo [...]. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero, resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro, en fraticida guerra civil [...]. Espero conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real y me aparto de España, reconociéndola como única señora de sus destinos."

La república quedó instaurada inmediatamente y a ojos de la opinión mundial pudo considerarse como un maravilloso ejemplo de civismo y madurez política. Su primer jefe de gobierno fue Alcalá Zamora, pero en el nuevo gabinete ya podía identificarse un alto componente de miembros de corte anticlerical o que ejercían profesiones liberales, representantes de la Institución Libre de Enseñanza. Los más destacados ministros de ese primer gobierno republicano eran Miguel Maura (Gobernación), Fernando de los Ríos (Justicia), Casares Quiroga (Marina), Álvaro de Albornoz (Fomento), Marcelino Domingo (Educación) y Manuel Azaña (Guerra).

Nada más formarse este nuevo gobierno la República tuvo su primer problema ante la reaparición del catalanismo político, que debía su fuerza a una combinación de la expansión económica catalana y su renacimiento literario (Jocs Florals). Desde el balcón de la Generalitat su líder, Francesc Macià, proclamó la Republica Catalana. Varios ministros viajaron rápidamente de Madrid a Barcelona para persuadir a Macià de que abandonara su idea y se mostrara favorable a la adopción de un estatuto de autonomía promulgado por las Cortes, a lo que accedió.

Sin embargo, menos de un mes después de la proclamación de la República (11 de mayo de 1931), el anticlericalismo que ésta había desatado se convirtió en violencia callejera. Después de un enfrentamiento entre monárquicos y republicanos el día anterior, los partidarios de la República prendieron fuego a seis iglesias en Madrid. La policía republicana no hizo nada para impedir la quema de los conventos. Manuel Azaña, futuro presidente de la República, dijo ese día: “Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano”. Los católicos practicantes no olvidaron ni perdonaron esta actitud de las autoridades, los republicanos por su parte, promulgaron una Ley de Defensa de la República

Las elecciones dieron la mayoría de los escaños a los socialistas y republicanos, los partidos que pertenecían a la izquierda y al centro. Manuel Azaña, fue elegido nuevo jefe de gobierno.

La memoria rebregada

La ERC se había formado a partir del partido Estat Catalá de Macía, un ex coronel del ejército que se había pasado del españolismo al catalanismo.

Personaje, un tanto ridículo, que elucubraba desde Francia una invasión “liberadora” de Cataluña con apoyos de Moscú. A él se unió el grupo de Companys, un abogado que había adquirido cierto renombre defendiendo anarquistas y que presidía la agrupación Republicá Catalá, además participaban otros elementos procedentes del entorno del periódico L´Opinió. Se trata pues de un partido de oportunidad, que sólo logró protagonismo gracias a las negligencias y convulsiones que caracterizaron a la II República. No en vano, José Pla, el más insigne escritor de la cultura catalana, juzga a la Esquerra, diciendo que estaba “llena de los tópicos del humanismo más insincero y tronado”.

La proclamación de la II República da la posibilidad a este grupúsculo de obtener un protagonismo impensable frente al nacionalismo moderado de Cambó y la Lliga, hasta entonces principal representante del catalanismo.

Maciá secundado por Companys, concejal electo, se apropia el día 14 de abril de 1931, por la vía de hecho del ayuntamiento y diputación de Barcelona proclamando la República Catalana. Normalizada la situación institucional ERC, aprovecha la popularidad ganada por el golpe de efecto que aunó republicanismo y catalanismo en el momento más oportuno, y obtiene en Cataluña, en las primeras elecciones republicanas, un magnifico resultado, que una vez aprobado el polémico estatuto de autonomía de Cataluña, catapultó, primero a Macía, y tras su muerte a Companys, a la presidencia de la Generalidad de Cataluña.

La Constitución de la República Española de 1931 fue aprobada el 9 de diciembre de 1931 por las Cortes Constituyentes tras las elecciones generales españolas de 1931 que siguieron a la proclamación de la Segunda República y estuvo vigente hasta el final de la Guerra Civil Española en 1939. La República española en el exilio continúo reconociendo su vigencia hasta 1977, cuando el proceso político de la llamada Transición Española permitió la redacción de una nueva Carta Magna democrática.

La constitución se organizaba en 9 capítulos (125 artículos en total) y dos disposiciones transitorias.

Con la proclamación de la II República el 14 de abril de 1931 se convocan elecciones a unas Cortes Constituyentes en 28 de junio. Una de sus primeras tareas fue confirmar como presidente a Niceto Alcalá Zamora y su gabinete. Una vez aprobada procede a elegir al Presidente de la República, siendo electo Alcalá Zamora (12 de diciembre) tras lo cual ejerce la función de Cortes.

El título III Derechos y deberes de los españoles, subdividido en libertades y derechos individuales (Capítulo I: Garantías individuales y políticas) y sociales (Capítulo II: Familia, economía y cultura), reconocía la libertad religiosa, de expresión, reunión, asociación y petición (derecho de toda persona a dirigir una petición al gobierno), el derecho de libre residencia y de circulación y de elección de profesión, inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, igualdad ante la justicia, protección a la familia, derecho al divorcio, derecho al trabajo, derechos a la cultura y la enseñanza, artículos sobre la relación entre Iglesia Católica y Estado. Por otro lado, se suprimía todo privilegio de clase social y de riqueza, lo que equivalía a anular la nobleza como entidad jurídica. Se apuntaba también la posibilidad de socialización de la propiedad y de los principales servicios públicos, aunque en definitiva los proyectos de nacionalización de la tierra, las minas, los bancos y los ferrocarriles nunca se llevaron a cabo.

España es definida como "una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y Justicia". Hace compatible la unidad del Estado y la autonomía de los municipios y regiones. Se renuncia al uso de la guerra como instrumento político. El sufragio es universal para hombres y mujeres mayores de 23 años conforme a las leyes.

El poder legislativo reside en las Cortes, constituidas por una asamblea unicameral llamada Congreso de los Diputados elegida directamente. Su mandato es de cuatro años reelegibles indefinidamente y se reúnen ordinariamente entre febrero-abril y octubre-noviembre, y extraordinariamente a petición del Presidente de la República. Tiene la iniciativa de las leyes junto con el Gobierno. Puede delegar en el Gobierno la capacidad de legislar por decreto sobre materias autorizadas. El Congreso elige una Diputación Permanente de Cortes, compuesta por 21 representantes de las facciones políticas en proporción a los escaños que cada una de ellas tiene en las Cortes. Está encargada de conocer los casos de suspensión de las garantías constitucionales, los decretos-leyes, la detención y el procesamiento de los diputados. El Gobierno debe contar con el respaldo de las Cortes y se le puede formular un voto de censura.

Se establece el mecanismo del referéndum popular. Debe ser formalizado por un 15% del cuerpo electoral y no puede referirse a tratados internacionales, leyes tributarias o estatutos regionales.

El Poder ejecutivo estaba a cargo del Presidente de la República que es el Jefe de Estado. El Presidente tiene un mandato de seis años, sin reelección hasta que pase un periodo de seis años después de abandonar su mandato. Su elección la efectúan las Cortes junto a un número de compromisarios igual al de diputados, elegidos por sufragio universal.

Le corresponde nombrar y separar al Presidente del Gobierno y, a propuesta de éste, a los ministros. Declarar la guerra previa autorización de las Cortes, firmar y negociar los tratados internacionales, autorizar los decretos refrendados por el ministro correspondiente, ordenar medidas urgentes. Dictar por decreto, previo acuerdo unánime del Gobierno y la aprobación de la Diputación Permanente, las medidas de urgencia o cuando lo demande la defensa de la República. Tiene veto suspensivo, el cual puede ser revocado por dos tercios de las Cortes. Puede disolver las Cortes hasta dos veces como máximo durante su mandato, la cual será examinada por las nuevas Cortes y resolver su necesidad. Las Cortes pueden destituir al Presidente con tres quintos de los votos.

El Gobierno está conformado por el Presidente del Consejo de Ministros y los ministros. Le corresponde la dirección superior del Estado y los servicios públicos. El Consejo puede elaborar proyectos de ley, dictar los decretos, ejercer la potestad reglamentaria y deliberar sobre asuntos de interés público general.

El poder judicial está a cargo del Tribunal Supremo y cortes subordinadas a éste. Se crea un Tribunal de Garantías Constitucionales con la competencia de resolver principalmente la inconstitucionalidad de las leyes, los recursos de amparo y los conflictos de competencia legislativa.

La Constitución puede ser reformada a propuesta del Gobierno o de una cuarta parte de los miembros de las Cortes. Una vez aprobada la reforma, por mayoría absoluta (provisoriamente para los cuatro primeros años de vigencia de la Constitución se requieren dos tercios de los diputados), se procede a la elección de una Asamblea Constituyente que decidirá sobre la propuesta y posteriormente actuará como Cortes ordinarias.

 El Estado se organiza en municipios, los cuales están agrupados en provincias. Las provincias se pueden organizar en regiones autónomas. Para constituir una región autónoma se requiere que sea propuesto por la mayoría de sus municipios o que representen dos tercios del censo electoral; posteriormente debe ser aprobado por dos tercios de los electores de la región y que finalmente lo aprueben las Cortes junto con el Estatuto propuesto. Bajo este procedimiento se constituyeron como regiones autónomas Cataluña (1932) y el Vascongadas (1936). En Galicia fue aceptada la propuesta por plebiscito en 1936 pero su ratificación por las Cortes quedo interrumpida por el comienzo de la Guerra Civil.

Tras la proclamación de la República tomó el poder un gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá-Zamora desde el 14 de abril hasta el 14 de octubre de 1931, fecha en que presentó su dimisión por su oposición al laicismo del Estado, recogido en el artículo 26 de la nueva Constitución, siendo sustituido por Manuel Azaña. El 10 de diciembre de 1931 fue elegido Presidente de la II República Española Niceto Alcalá-Zamora, por 362 votos de los 410 diputados presentes (la Cámara estaba compuesta por 446 diputados). En este cargo se mantuvo hasta el 7 de abril de 1936, cuando el nuevo gobierno del Frente Popular pidió su dimisión por haber convocado dos veces elecciones generales en un mismo mandato, lo que podía considerarse una extralimitación de sus prerrogativas (a pesar de que los frentepopulistas habían cosechado un triunfo electoral en la última, pero que el PSOE había sido desalojado del Gobierno a causa de la anterior, junto con un pacto de la oposición con los que antes habían apoyado a las dictaduras) volviendo a sustituirle Manuel Azaña.

El 28 de junio de 1931 se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes, que elaboraron y aprobaron una Constitución el día 9 de diciembre del mismo año.

La Constitución de la Segunda República supuso un avance notable en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos por el ordenamiento jurídico español y en la organización democrática del Estado: dedicó casi un tercio de su articulado a recoger y proteger los derechos y libertades individuales y sociales, amplió el derecho de sufragio activo y pasivo a los ciudadanos de ambos sexos mayores de 23 años y residenció el poder de hacer las leyes en el mismo pueblo, que lo ejercía a través de un órgano unicameral que recibió la denominación de Cortes o Congreso de los Diputados y, sobre todo, estableció que el Jefe del Estado sería en adelante elegido por un colegio compuesto por Diputados y compromisarios, los que a su vez eran nombrados en elecciones generales.

Todos ellos son distintivos de la preocupación republicana por la soberanía popular y la democracia efectiva, por lo que es posible enunciar una serie de principios que la Constitución incorporó o reafirmó como elementos esenciales del ordenamiento jurídico español:

El principio de igualdad de los españoles ante la Ley, al proclamar a España como "una república de trabajadores de toda clase".

El principio de laicidad, por el que se iba más allá de la mera separación entre la Iglesia y el Estado para adentrarse en un ámbito de total eliminación de la religión de la vida política.

El principio de elección y movilidad de todos los cargos públicos, incluido el Jefe del Estado.

El principio monocameral, más acorde a la democracia, que suponía la eliminación de una segunda Cámara aristocrática o de estamentos privilegiados y por el cual el poder legislativo sería ejercido por una sola Cámara.

Se preveía la posibilidad de la realización de una expropiación forzosa de cualquier tipo de propiedad, a cambio de una indemnización, para utilización social así como la posibilidad de nacionalizar los servicios públicos.

Amplia declaración de derechos y libertades. Concedía el voto desde los 23 años con sufragio universal también femenino.

Separación de la Iglesia y el Estado, además del reconocimiento del matrimonio civil y el divorcio.

Las buenas intenciones de la República se enfrentaron con la cruda realidad de una economía mundial sumida en la Gran Depresión, de la que el mundo no se recuperó hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En términos de fuerzas sociales, la Segunda República surgió porque los oficiales del ejército no apoyaron al rey, con el que estaban molestos por haber aceptado éste la dimisión de Primo de Rivera, y a un clima de creciente reivindicación de libertades, derechos para los trabajadores y tasas de desempleo crecientes, lo que resultó en algunos casos en enfrentamientos callejeros, revueltas anarquistas, asesinatos por grupos extremistas de uno u otro bando, golpes de estado militares y huelgas revolucionarias.

En España la agitación política tomó además un cariz particular, siendo la Iglesia objetivo frecuente de la izquierda revolucionaria, que veía en los privilegios de que gozaban una causa más del malestar social que se vivía, lo cual se tradujo muchas veces en la quema y destrucción de iglesias. La derecha conservadora, muy arraigada también en el país, se sentía profundamente ofendida por estos actos y veía peligrar cada vez más la buena posición de que gozaba ante la creciente influencia de los grupos de izquierda revolucionaria. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, la Segunda República sufrió un severo aislamiento, ya que los grupos inversores extranjeros presionaron a los gobiernos de sus países de origen para que no apoyaran al nuevo régimen democrático, temerosos de que las tendencias socialistas que cobraban importancia en su seno, terminaran por imponer una política de nacionalizaciones sobre sus negocios en España. Para comprender esto es clarificador saber que la compañía Telefónica era un monopolio propiedad de la norteamericana "International Telephone and Telegraph" (ITT), que los ferrocarriles y sus operadoras estaban fundamentalmente en manos de capital francés, y que las eléctricas y los tranvías de las ciudades pertenecían a distintas empresas (mayormente británicas y belgas). Todo ello motivó y alentó a muchos generales conservadores para que planificaran insurrecciones militares y golpes de estado contra la república. Sus intenciones se materializarían primero en la Sanjurjada de 1932 y en el fallido golpe de 1936, cuyo resultado incierto desembocó en la Guerra Civil Española.

La sociedad española de los años Treinta era fundamentalmente rural: un 45,5 % de la población activa se ocupaba en la agricultura, mientras que el resto se repartía a partes iguales entre la industria y el sector servicios. Estas cifras describen una sociedad que aún no había experimentado la Revolución Industrial. En cuanto a sindicatos y partidos políticos, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuya lista fue la más votada para las elecciones constituyentes de 1931, contaba con 23 000 afiliados; su organización hermana, el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) ya contaba en 1922 con 200 000 afiliados; el sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) tenía en septiembre de 1931 unos 800 000 afiliados. Otras organizaciones, como el Partido Comunista de España (PCE) tenían una presencia nominal y no cobraron fuerza hasta el comienzo de la Guerra Civil. En cuanto a los nacionalismos, la "Lliga Regionalista de Cataluña" liderada por Francesc Cambó había apoyado abiertamente la dictadura de Primo de Rivera, y por ello permaneció al margen de la política durante la República, mientras que otros partidos políticos catalanes, más escorados hacia la izquierda o el independentismo, fueron los que tuvieron mayor protagonismo; en el caso del Vascongadas y Navarra, cabe mencionar que aún no se había consumado la ruptura entre el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la Comunión Tradicionalista (CT), integrada ésta última por los carlistas.

Cierra España.