Andrés Nin, los crimenes de la Republica. 2ª parte.

El sacrificio de Andrés Nin

   Este texto reproduce un capítulo del libro Contra el estalinismo , publicado por Editorial Laertes en diciembre de 2001. El texto original apareció en 1974. Debe tenerse en cuenta que al escribirse aún no se conocían, lógicamente, los documentos descubiertos, después de 1989 ,en los Archivos de Moscú que fueron dados a conocer en la película Operación Nikolai (1992) , producción de TV3 dirigida por María Dolors Genovés y Llibert Ferri. En lo esencial, lo fundamental de los testimonios del ex-ministro comunista Jesús Hernández (en su libro Yo fui un ministro de Stalin ) y el relato de Gorkin se ven en gran medida confirmados aunque se añaden aspectos que ni Hernández ni Gorkin podían conocer y sobre los que únicamente podían especular. Los hechos fundamentales pendientes de confirmación son la identidad del ejecutor material del crimen (que Gorkin, a partir de confidencias de Enrique Castro Delgado, atribuye a Vittorio Vidali) y el lugar donde fue ocultado el cadáver de Nin.

   Antes de proseguir el relato de nuestra odisea, trataré de reconstruir el trágico calvario conocido por Andrés Nin desde el momento de su detención hasta el de su sacrificio supremo. Sacrificio vil y al margen de toda ley por parte de sus verdugos; heroico y noble por su parte, ya que con él salvó el honor y la vida de sus compañeros y rescató a todas las víctimas, españolas e internacionales -y pasadas y futuras- de la vesania estaliniana. Fue, sin duda -y la opinión a este respecto es casi general-, el crimen más monstruoso de la intervención del Kremlin en la guerra de España. Durante los primeros años de nuestra posguerra constituyó un misterio, o poco menos, lo concerniente a su detención, al itinerario que lo obligaron a recorrer, y, finalmente, a las circunstancias de su asesinato. Y otro la discriminación de las responsabilidades de quienes, de una u otra manera, y en mayor o menor grado, intervinieron en este tenebroso asunto. Ya en 1941 contribuí a descorrer un tanto el velo de este misterio en el libro que edité en México; hoy, y mediante diversos testimonios, mi propia investigación y las consiguientes deducciones, me creo en situación de establecer, si no la verdad con todos sus detalles, tanto el fondo político como la materialidad de los hechos.

Al margen de toda ley

   (...) Lo que interesaba a Stalin, a sus esbirros de la NKVD y, en general, a sus aparatos en España e internacionalmente, no era el asesinato puro y simple de Nin y de sus principales compañeros -y es evidente que este asesinato hubieran podido perpetrarlo desde el día en que caímos en sus manos-, sino nuestro sometimiento a un proceso público y a la faz del mundo, nuestra condena y nuestra inmediata ejecución guardando las apariencias de la legalidad republicana. (Lo mismo que en los procesos de Moscú y, más tarde, en los de las llamadas democracias populares). Las apariencias de esta legalidad estaban contenidas en el Decreto promulgado con fecha 23 de junio de 1937, cuyo articulado era a la vez lo suficientemente amplio y preciso para maniatar, e incluso liquidar, a todos los opositores al Gobierno Negrín, imponer una férrea disciplina de tiempos de guerra y sembrar el terror lo mismo en los frentes que en la retaguardia. Este Decreto no había recibido la sanción del Parlamento y, además, los Tribunales de Espionaje y Alta Traición por él creados, y compuestos por tres magistrados civiles y dos militares, eran nombrados por el propio Gobierno. Saltaba a la vista, por consiguiente, su carácter dictatorial o, si se prefiere, ejecutivo. Establecía, por otra parte, las siguientes figuras de delito: el hecho “de cumplir actos hostiles hacia la República, en el interior o fuera del territorio nacional”; el hecho “de defender o propagar noticias y emitir juicios desfavorables al desarrollo de las operaciones militares o al crédito y la autoridad de la República”; los “actos o manifestaciones tendentes al debilitamiento de la moral pública, la desmoralización del Ejército o el socavamiento de la disciplina colectiva”. Las penas previstas eran de seis años de prisión firme a la pena de muerte, y ello lo mismo para los delitos comprobados que para las “tentativas fracasadas, la conspiración y la simple intención conspirativa, así como la complicidad o la protección”. Añádase a esto el poder discrecional conferido a la policía y “la exención de pena para aquellos que, después de haber dado su conformidad para la comisión de uno de estos delitos, lo denunciaran a las autoridades antes de su cumplimiento o ejecución”.Y lo más grave de todo: el carácter retroactivo del Decreto, que permitía juzgar y aplicar estas categorías de delito a los actos cometidos con anterioridad a su publicación y, por consiguiente, a la constitución del Gobierno Negrín. Y si se añade que, con fecha 14 de agosto, y mediante una circular oficial, quedó reforzada la censura no sólo respecto del Gobierno de la República, sino de las críticas y los ataques respecto del Gobierno de la Unión Soviética, así como la creación, con fecha 15 de agosto, del SIM (Servicio de Investigación Militar), que no tardó en caer -como habían caído anteriormente los Servicios de Orden Público- bajo el control de los comunistas, a pesar de los esfuerzos del ministro de Defensa Nacional, tendremos el cuadro completo de la nueva legalidad y del uso que podía hacerse de ella.

   En el ánimo de los ministros socialistas moderados y de los ministros republicanos, se trataba de liquidar la obra de la revolución -o de someterla pura y simplemente a las necesidades de la guerra-, con la esperanza de reforzar la ayuda rusa y de conquistarse la de las potencias occidentales. En el ánimo de los comunistas, se trataba de eso, y, sobre todo, de imponer su dictadura de hecho, una dictadura legalizada en nombre de la cual podían cometer las peores ilegalidades, no sólo contra las oposiciones declaradas, sino contra las potenciales. Salvo el ambicioso Negrín, obligado a pagar el precio de su reciente e inesperada jefatura, y Álvarez del Vayo, dócil instrumento suyo, al igual que un Hernández o un Uribe, no tenían que tardar en darse cuenta de ello los ministros socialistas y republicanos. Y, por encima de ellos, el propio Presidente de la República. La prueba más contundente y escandalosa iba a constituirla nuestro proceso y, como veremos seguidamente, el problema mayúsculo planteado por el secuestro y el asesinato de Andrés Nin.

   Detenido el 16 de junio, hacia mediodía, Andrés Nin fue conducido tres horas más tarde de Barcelona hacia Valencia. Según los informes recogidos más tarde, se usaron para su conducción tres automóviles: iba él en el del medio, maniatado y entre policías madrileños, y abrían y cerraban la marcha los otros dos con agentes extranjeros pertenecientes a la NKVD ¿Hicieron un alto en Valencia? ¿Lo llevaron siquiera a Madrid? Como veremos seguidamente, Manuel de Irujo, ministro de Justicia, declaró que “Nin no había estado nunca en una prisión del Estado”. Para los dos jefes principales de la operación contra el POUM, Alejandro Orlov y Carlos J. Contreras (Vittorio Vidali), era Nin la pieza fundamental del proceso y no querían que pudiera ser rescatada. Doy por seguro, o poco menos, que lo llevaron directamente a la checa especial preparada en Alcalá de Henares. De salirles bien el montaje preparado con todo detalle, lo hubieran hecho aparecer en el momento oportuno. Este montaje respondía a una hábil combinación, de acuerdo con la técnica habitual de la NKVD -y, en general, de los métodos político-policíacos del estalinismo-, de los aspectos legales con los ilegales. Pues lo que se pretendía -conviene no olvidarlo- era un proceso público, a cubierto de la nueva legalidad, si bien con pruebas ilegalmente amañadas en aplicación del socorrido principio de que el fin justifica los medios. Lo que era posible en Rusia, en esto como en todo, debía serlo forzosamente en España.

   Aun anticipándonos al desarrollo de los acontecimientos, teníamos que poseer una prueba de lo apuntado. El abogado defensor requerido por nuestros compañeros, Benito Pabón, diputado independiente por Zaragoza -le hicieron la vida imposible al punto de verse obligado a huir de España-, recibió para estudio, durante veinticuatro horas, el sumario del proceso del POUM. En este sumario aparecieron cuatro declaraciones prestadas por Nin ante la policía y fechadas los días 18, 19, 20 y 21 de junio. Quiere ello decir que se había procedido a su interrogatorio dos días después de su detención en Barcelona y durante los tres días siguientes. Pero, contrariamente a las normas establecidas, no se daban en los preámbulos de las declaraciones ni el lugar donde las prestó ni los nombres de los interrogadores. Sin embargo, y a pesar de estas irregularidades por demás significativas, el hecho de figurar en el sumario indicaba la intención de darle a su proceso, formando uno solo con el nuestro, un carácter público y legal. Añadiremos que los tres primeros interrogatorios giraban en torno a las acusaciones formuladas contra nosotros, y muy singularmente contra él: el complot de la Quinta Columna, el mensaje al dorso firmado con una N, sus implicaciones con el espionaje descubierto en Gerona, la insurrección de mayo en Barcelona... En una palabra: en torno al plan montado por Slutski-Orlov. Las respuestas de Nin denotaban una mezcla de indignación y desprecio. La cuarta declaración, completamente inusual, contenía un resumen biográfico de su carrera revolucionaria, y en la parte final reconocía que, en 1927, había sido expulsado del Partido Comunista (bolchevique) de la URSS, en 1930 de la propia URSS, y que hasta 1934 “había militado en la Oposición Comunista orientada principalmente por Trotski”. ¿Sin duda esto último en España como en Rusia -y universalmente-, constituía un delito para los agentes de la NKVD? No podía ser otra la explicación de la autobiografía.

   ¿Cuándo y por qué se le arrancó de la checa de Alcalá de Henares? Ante el juez especial nombrado por el ministro de Justicia, los dos guardianes que aparecieron maniatados tenían que dar la fecha del 22 o el 23 de junio. Era, sin duda, el único dato cierto, ya que el artículo sobre “La fuga del bandido Nin”, aparecido en Mundo Obrero, llevaba la fecha del 25. El porqué se nos aparece por demás claro. Como veremos, el asunto Nin estuvo a punto de provocar la crisis del Gobierno. Los ministros de Justicia y de Gobernación habían dado órdenes terminantes de descubrir su paradero y de rescatarle. La opinión internacional acumulaba las protestas. Ante esta situación, Alcalá de Henares se convertía en una posición mucho más vulnerable para la NKVD que El Pardo. Había que sacar a Nin de mediante un simple traslado, sino simulando una evasión por la Gestapo en colaboración con la Falange, creando así la confusión y ofreciéndole las consiguientes armas a la propaganda comunista y comunistizante. Especialistas del terror, y sabiendo que estaba en juego su propia vida, Orlov y Vidali no podían permitirse el lujo de un fracaso. Todo menos eso.

   Resumiré en este punto los testimonios existentes sobre este escándalo, y a la vez trataré de establecer, con la máxima imparcialidad posible, las consiguientes responsabilidades. En la mañana siguiente a la detención y el traslado de Nin, Juan Negrín llamó urgentemente a Jesús Hernández a la Presidencia y le preguntó sin preámbulos: “¿Qué han hecho ustedes de Nin?” y ante la sorpresa y la ignorancia manifestadas por su ministro, se lamentó: la policía soviética actuaba en Barcelona como en su propia casa, sin advertir siquiera a las autoridades del país; detenía a los ciudadanos españoles y los trasladaba de ciudad en ciudad y de calabozo en calabozo sin autorización ni mandato. Y ahora había hecho desaparecer a Nin. Companys, inquieto y escandalizado, le había llamado por teléfono. Si existían pruebas delictivas contra Nin, en su calidad de ex Consejero de la Generalidad de Cataluña, su caso debía ser sometido al Tribunal de Garantías Constitucionales (1). Y mostrando sobre su mesa un montoncito de telegramas, Negrín concluyó altamente preocupado:

-Esta tarde tendremos dificultades en el Consejo de Ministros. Prieto, Irujo y Zugazagoitia provocarán el consiguiente escándalo. ¿Qué puedo decirles? ¿Que no sé nada? ¿Y dirá usted que no sabe nada tampoco? ¡Todo esto es lamentable!

   Corrió Hernández a comunicarles lo sucedido a Togliatti y Codovila. El primero escuchó el relato en silencio, impenetrable y sin pestañear siquiera. Por fin se limitó a decir que no había que tomar las cosas por lo trágico, pues los camaradas del Servicio sabían lo que se hacían. Se trasladó, sin embargo, a la Embajada soviética, cercana al edificio del Comité Central. Volvió diciendo que en la Embajada nadie sabía nada. y al anunciarle Hemández que en esas condiciones se negaba a concurrir a la reunión del Consejo de Ministros, le dijo fríamente:

   -Rehuir el debate sería absurdo. Podéis eludir lo concerniente a Nin y haceros fuertes ofreciéndonos a demostrar que los dirigentes del POUM mantienen contactos con el enemigo. Abrid la discusión sobre la existencia de una organización de espionaje y nosotros demostraremos que existe efectivamente, y dejará de ser un escándalo la detención de Nin. y si aparece, será juzgado como traidor.

   La reunión del Consejo de Ministros se celebró en una atmósfera de tensión dramática. Julián Zugazagoitia tomó la palabra el primero y planteó crudamente el asunto de Nin. Lo único que sabía es que había sido detenido, lo mismo que sus compañeros, por un servicio extranjero que no obedecía a otra ley que la de su fantasía. “Deseo saber -añadió a guisa de conclusión- si en mi calidad de ministro de Gobernación dependo de ciertos técnicos soviéticos. El reconocimiento hacia ese país no debe obligarnos a abdicar de nuestra dignidad personal y nacional”. Prieto e lrujo protestaron a su vez de los ultrajes que los soviéticos les hacían a los españoles y contra su pretensión, a cambio de sus armas, de vigilarles, e incluso de gobernarles. Estaban dispuestos a dimitir antes que someterse al papel de simples comparsas. Los ministros republicanos Velao y Giner de los Ríos -y tras ellos la mayoría de los otros- exigieron el rescate de Nin y la destitución del coronel Ortega, Director General de Seguridad y cómplice de Orlov. Nadie podía admitir, por otra parte, que los dos ministros comunistas ignoraran la suerte corrida por nuestro compañero -y por nosotros mismos-, sobre todo teniendo en cuenta el tono de sus discursos y de su prensa. Hábilmente, Hernández empezó aceptando la destitución de Ortega: ¿qué importancia tenía el sacrificio de un instrumento secundario? Pero seguidamente, y obedeciendo al mandato de Togliatti, amenazó “con hacer públicos los documentos comprometedores para el POUM, así como los nombres de todos aquellos que, dentro y fuera del Gobierno, y por simples cuestiones de procedimiento, se hacían los defensores de los espías”. Conciliador, y atento tan sólo a evitar la crisis, Negrín propuso finalmente que se suspendiera el debate en espera de la investigación de los hechos y de las pruebas anunciadas por los ministros comunistas. Unos días más tarde haría suya la tesis de la NKVD y, al correr de los meses, se iría deshaciendo de todos los que se oponían a sus mandatos.

   Forzoso es señalar que uno de los que mantuvieron una actitud más digna e independiente, en el seno del Gobierno y fuera de él, fue Manuel de Irujo, nacionalista y católico vasco. Varias veces recibió a Olga Taréeva, esposa de Andrés Nin, en el Ministerio de Justicia. En la primera entrevista, celebrada el 22 de junio, aseguró ya que “los ministros ignoraban por completo la orden de detención contra Nin y sus compañeros, así como la orden de clausura de los locales del POUM. Que se hacían gestiones para encontrar a los detenidos y que no creía que se hubieran encontrado documentos comprometedores ni que los militantes del POUM fueran falangistas ni agentes de Hitler y Mussolini”. Afirmó en la segunda que “estaba completamente seguro de que Nin vivía. Él y el ministro de Gobernación trataban de rescatarle, y el segundo había hecho, incluso, un viaje a Madrid en busca de Nin, pero había tenido que volver sin él”. En las siguientes entrevistas fue todavía más explícito: “Sólo los confidentes de otros ministros pueden saber lo que le ha sucedido a Nin. El proceso contra los dirigentes del POUM será por los hechos de mayo, y no por espionaje. Eso del espionaje es falso: el falangista Golfín, al que querían complicar con ellos, ha declarado que no conoce a Nin ni a nadie del POUM. Los documentos que he visto pertenecen a la Falange, y lo que se ha puesto en uno de ellos con una N se ha comprobado que es falso, pues alguien extrajo esos documentos de los archivos de la policía y añadió todo lo referente al POUM. El proceso contra sus jefes no será a puerta cerrada y, por mi parte, daré todas las facilidades para que puedan defenderse”. Esta última entrevista se celebró el 9 de agosto. Pero ya el 4 del mismo mes, en una nota oficial, había reconocido públicamente el rapto de Nin y la incapacidad del Gobierno para rescatarle. Equivalía ello a reconocer a los cuarenta y nueve días de su detención, que la NKVD podía más en ciertos dominios que los propios ministros.

   Durante este corto lapso de tiempo llegaron dos delegaciones extranjeras a Valencia en prueba de solidaridad con los detenidos del POUM y altamente inquietos por su suerte. Presidía la primera Fenner Brockway, secretario general del Partido Laborista Independiente y futuro defensor Internacional del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. Encabezaba la segunda el gran orador James Maxton, diputado y presidente de dicho Partido, y la componían Pierre Foucaud, delegado del Frente Popular Francés; André Weil-Curiel, abogado de París, e Yves Levy, del Partido Socialista. Irujo les confirmó que “Andrés Nin no había pasado por ninguna prisión del Estado, y que lo más verosímil era su secuestro por elementos de una brigada internacional”. Zugazagoitia, altamente inquieto, les dijo: “Hay que llevar las gestiones en favor de Nin con un cuidado extremo, pues si nos precipitamos no encontraremos más que un cadáver”. Y Prieto: “Los soviéticos nos mandan armas, y, a cuenta de eso, se lo creen todo permitido. Otra cosa sería si nos las mandaran Francia e Inglaterra”. En una nota remitida a la prensa española e internacional, esta delegación dijo en síntesis: “La encuesta realizada en España nos ha demostrado que sólo los periódicos comunistas acusan al POUM de espionaje, de traición y de mantener relaciones con Franco. La acción terrorista del comunismo contra un partido independiente y la inquietante desaparición de Nin le hacen un gran daño a la causa de la República”.

   Con el ministro de Justicia, Manuel de Irujo, el hombre que más esfuerzos hizo para el rescate de Nin, fue el de Gobernación, Julián Zugazagoitia. En su libro Guerra y vicisitudes de los españoles tenía que dedicarle al asunto un largo capítulo. Naturalmente, sólo un somero resumen puedo hacer aquí: contiene el más valioso de los testimonios y establece claramente las responsabilidades. “Peor suerte había de correr el infortunado Nin -dice-. Preso como militante del POUM, trasladado a Madrid a efectos de esclarecimientos policíacos, aislado e incomunicado en una finca de Alcalá de Henares, supe su evasión después de su fuga, que me notificó, en un restaurante de la plaza de Valencia, donde Miaja había invitado a comer a una parte del Gobierno, por el Director de Seguridad, Ortega.

   -No tenga usted cuidado -afirmó éste-, que daremos con su paradero, muerto o vivo. Déjelo de mi cuenta.

   -Cuidado -le advertí-. El cuerpo de Nin no me interesa; me interesa su vida.

   Miaja, que escuchaba la conversación, como oyese decir que lo probable era que Nin estuviese escondido en alguna unidad poumista del frente, intervino con su violencia verbal:

   -Si es así y lo detienen los soldados, yo doy orden de que lo fusilen sin más preámbulos.

  -Perdón, general. Lo que corresponde hacer con Nin compete a la justicia, y usted no tiene por qué ordenar, en este sentido, nada.

   Por la tarde, en mi despacho, como no pudiese digerir la noticia y temiese lo peor, llamé a Ortega y, con pretexto de preguntarle si había noticias sobre Nin, le planteé la cuestión de fondo.

   -¿Vive o no vive Andrés Nin? ¿Me lo puede usted decir?

   -No se lo puedo decir. No conozco más que lo que decía el teletipo de este mediodía. He dado órdenes de que lo busquen por todas partes, conforme a su mandato. Cualquiera sabe en estos negocios en que interviene la Gestapo qué es lo que ha podido pasar “.

   La inopinada invocación de la Gestapo convirtió las sospechas de Zugazagoitia en certezas. Intentó saber en razón de qué noticia especial invocaba el Director de Seguridad al organismo policiaco alemán, y no supo decírselo. Era una suposición suya... Una intuición...

   “Solicité -prosigue Zugazagoitia- una entrevista del Presidente del Gobierno, a quien creí obligado informarle de lo sucedido y de mis sospechas, adelantándole al mismo tiempo mi dimisión irrevocable si no rescatábamos la vida de Andrés Nin, y la previsión del escándalo de tipo internacional que se desencadenaría contra el Gobierno de su Presidencia en el supuesto de que no consiguiéramos el rescate.

   -Si, como temo, se confirman esas sospechas, le ruego encarecidamente que me busque un sucesor. Yo no puedo seguir en el Ministerio. Para mí, la vida humana tiene un precio altísimo, y si comienzo por admitir la existencia de la Gestapo, la historia que comienza con el secuestro de Nin tendrá infinidad de capítulos sangrientos.

   -No descarte usted en absoluto, a lo que le veo muy inclinado, la posibilidad de que se trate de una represalia de la Gestapo. No es que lo afirme, pues no tengo especial información, siendo la primera la que usted me da; pero conozco bastante bien a los alemanes y sé de lo que son capaces. ¡No tiene usted idea de su audacia!”

   Zugazagoitia hizo que se trasladara secretamente a Valencia su correligionario David Vázquez, Comisario General de Madrid. Le hizo éste un informe y le dio a conocer una serie de documentos; tenía la impresión, por otra parte, de que Nin vivía, si bien “en una unidad del frente” de la que no era fácil recuperarle. El ministro le llevó todo esto a Negrín, rogándole que hiciera una gestión cerca de los servicios diplomáticos soviéticos, que no dio el menor resultado.

   “Se le dijo que el secuestro era obra de la Gestapo, interesada en que un colaborador suyo de tanto precio no fuese interrogado por nuestros policías y descubriese sus servicios en la España republicana. Este embuste no podía ser más grosero. Dimitió, después de dos Consejos de Ministros casi feroces, el Director General de Seguridad. Los ministros comunistas defendieron a su correligionario con una pasión extraordinaria. Yo afirmé que el Director General podía continuar en su puesto, pero que en tal caso yo abandonaría el mío. Prieto, con palabra segura, reprochó a los comunistas su manera de conducir el debate, y declaró que, solidarizado con mi posición, sumaba su dimisión a la mía en el supuesto de que no se destituyera a Ortega”. Y éste, después de hacerle a su superior una escena sentimental, si bien rehuyendo el problema fundamental de la desaparición de Nin, dimitió.

   El viaje del propio Zugazagoitia a Madrid no dio resultado alguno. Ni tampoco las gestiones del Presidente de la Audiencia, que se declaró impotente. “¿Existía, o no existía Nin? Ni siquiera eso sabíamos. Los rumores eran variadísimos. Para unos, había sido enviado como prisionero en un buque a Rusia; según otros, había sido ejecutado por un batallón internacional. En concepto de la policía, seguía estando preso en una unidad del frente”.

   No obstante la crisis latente conocida por el Gobierno durante este tiempo, en torno a la desaparición de Nin, no se creyó Negrín obligado a informar al Presidente de la República. El IV tomo de las Obras Completas de Manuel Azaña, tomo en el que se publica su Diario, contiene varias notas sobre nuestras detenciones y la desaparición de Nin. En la correspondiente al 29 de junio asegura que se había enterado de todo por los periódicos; que Prieto le afirmó que los raptores de Nin eran comunistas, y que había escrito una carta a Negrín como consecuencia de una gestión hecha por Víctor Basch, presidente de la Liga de los Derechos del Hombre, llamándole la atención sobre la importancia del suceso. (Basch recordó a Prieto la visita que le hicimos juntos en París, después de octubre de 1934, y mi colaboración en el órgano de la Liga). Fue Azaña quien primero habló a Negrín de este escándalo.

   La nota correspondiente al 22 de julio revela la doblez de Negrín, y cómo, para conservar la confianza de Stalin, había hecho suyas las falsedades de la NKVD. Véase por el siguiente extracto: “Me habló el Presidente (Negrín) del espionaje. En Madrid se han hecho descubrimientos importantes. Yo no los conocía. Una emisora, instalada en un sótano, daba noticias de todo a los rebeldes. Se ha encontrado un plano cuadriculado de Madrid, hecho por un arquitecto llamado Golfín, que está convicto y confeso, y que parece haber servido para dar indicaciones a la artillería. Cuenta Negrín que se consiguió revelar unas líneas escritas con tinta simpática, al dorso del plano, parte en claro y parte en cifra, que resultó ser uno que había usado el Estado Mayor. De las indicaciones obtenidas así resultó la detención de Nin y de doscientos o más individuos, casi todos del POUM, que no niegan su inteligencia con los rebeldes. Sobre esto, vuelvo a preguntar por el caso de Nin. Dice el Presidente que una noche se presentaron en la cárcel de Alcalá unos individuos con uniforme de las Brigadas Internacionales, maniataron a los guardianes y se llevaron al preso. No cree, como se ha dicho, que fuese obra de los comunistas. Por supuesto, los comunistas se indignan ante la sospecha. Negrín cree que lo han raptado por cuenta del espionaje alemán y de la Gestapo, para impedir que Nin hiciese revelaciones. El asunto ha sido entregado a un juez instructor para que lo esclarezca”. Y Azaña, escéptico, se limitó a preguntar: “¿No es demasiado novelesco?”. Y Negrín, imperturbable: “No, señor. Ahí está lo ocurrido al Estado Mayor ruso, de Madrid, que parece también obra de la Gestapo. Se hospedaba dicho Estado Mayor en el Gaylors. Una noche han estado a punto de perecer todos envenenados. Dos, entre ellos el jefe, estuvieron entre la vida y la muerte. El espionaje alemán es formidable. Las Brigadas Internacionales tienen dentro muchos espías nazis. Algunos han sido descubiertos y fusilados”. ¿Era Negrín, como tenía que describirle más tarde Luis Araquistáin, una mezcla de tonto útil y de cínico, de frívolo y de ambicioso, tipo aupado y explotado a fondo por el estalinismo? No seré yo quien niegue, claro está, la habilidad y la audacia de la temible organización nazi. No decía, sin embargo, la verdad: que en este caso se trataba de encubrir las habilidades y los crímenes de la NKVD detrás de la Gestapo. Sólo André Marty, de las Brigadas Internacionales, tenía que hacer fusilar a unos quinientos de sus miembros. Nos encontraremos con otros muchos en las cárceles, viejos militantes comunistas algunos de ellos. No eran ciertamente espías nazis, sino voluntarios que vinieron a defender la causa de la libertad en España y descubrieron -y algunos criticaron- la farsa que pretendía hacerles jugar Stalin.

   Mientras tanto, y a medida que los comunistas sentían que, debido a las resistencias en el interior y a las protestas del exterior podíamos escapar al pelotón de ejecución, intensificaban más y más sus amenazas y sus gritos de muerte. En un pleno del Comité Central, José Díaz dijo: “El pueblo pide que el pelotón de ejecución funcione contra los traidores”. Y Antón, el portavoz de Togliatti y de la Pasionaria: “Si los obreros y los antifascistas siguen viendo que los criminales trotskistas y demás canallas de la Quinta Columna entran en la cárcel por una puerta y salen por la otra, nada ni nadie podrá evitar que, celosos de asegurar la victoria, tengan con estos enemigos encarnizados del pueblo una actitud que les impida continuar su trabajo de provocación, de sabotaje y de espionaje con entera libertad”. Aparecieron estas amenazas concretas, irrogándose en España como en Rusia el monopolio del pueblo y del antifascismo, en el diario comunista Verdad, de Valencia. Añadiré que la asfixia llegó a ser tal, que no sólo se hacía imposible nuestra defensa en la prensa española contraria al comunismo -o simplemente independiente-, sino que, salvo L´'Humanité y otros órganos comunistas extranjeros, se impedía la circulación de los otros periódicos en la zona republicana.

En este ambiente, y al margen de toda ley, se perpetró el asesinato de Andrés Nin.

Julián Gorkin

Cierra España.