Hacia la ilegalización de Falange Española

Hacia la ilegalización de Falange Española

Norberto Pico [secretario general de FE de las JONS]

[12.octubre.2009] (WWW.PATRIASINDICALISTA.ES)

Cuando PSOE y PP sacaron adelante la Ley de Partidos de 2002, siendo Aznar el inquilino de La Moncloa, todos aplaudimos la iniciativa. La lucha contra el terrorismo separatista contaba desde entonces con el instrumento legal necesario para desarticular al entramado político etarra y dejarlo así sin el oxígeno que, en forma de dinero y publicidad, le proporcionan sus plataformas políticas. Y eso era sin duda positivo.

Sin embargo, contrastando con nuestra propia satisfacción, los falangistas advertimos entonces de que la ley ponía en manos de los gobiernos de turno la posibilidad de ilegalizar a todo grupo político que pudiese resultar incómodo al Ejecutivo.

Incluso reparamos en la posibilidad de que, iniciados los trámites para la ilegalización de Batasuna, el Gobierno quisiera probar ante los medios su equidistancia ilegalizando algún grupo de los descalificamos como de «extrema derecha».

La escalada de medidas represivas llevadas a cabo contra los falangistas en la última legislatura ha hecho saltar todas las alarmas azules, pues bien podría tener su meta esta escalada en la ilegalización de alguno o de todos los grupos falangistas. Da igual que no existan razones jurídicas que avalen una medida de ese cariz. Con la voluntad política del Gobierno bastaría para poner en marcha un proceso que, una vez en sede judicial y teniendo en cuenta cómo funciona el sistema jurídico español, podría acabar con la ilegalización de Falange Española. No es descartable, en este sentido, que la aparición en los últimos meses de un supuesto grupo falangista con trazas de banda armada esté relacionada con ello.

Y es que no son pocas las voces que desde que se aprobó la Ley de Partidos han pedido la ilegalización de FE de las JONS. En 2006, el periodista y traductor Oriol Vidal ponía negro sobre blanco esta solicitud en su obra «500 preguntas la nacionalismo español». Más recientemente, a raíz de la campaña de FE de las JONS contra el referéndum secesionista de Arenys de Munt, el ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Alfons López Tena, demandaba la «aplicación de la Ley de Partidos» contra FE de las JONS. Del mismo modo, diputados de CIU, ERC e ICEV en el Parlamento Europeo instaban el mes pasado a la Comisión Europea a que impulsase la prohibición de la «simbología fascista», entre la que incluían los símbolos legales de nuestro partido.

Por el momento, sólo José Antonio Primo de Rivera, fundador de nuestra organización, permanece en prisión incomunicada en el Valle de los Caídos, sin que sus seguidores podamos ni siquiera rendirle homenaje allí donde reposan sus restos mortales, por mor de la Ley de Memoria Histórica. Pero son muchos más los ejemplos de la restricción de libertades que el sistema vigente aplica a los falangistas. Buena parte de ellos en el ámbito cultural.

Recientemente el Ayuntamiento de Sevilla prohibía el homenaje que las asociaciones «Ademán» y «Fernando III» iban a celebrar en un centro cívico de titularidad municipal al escritor y miembro de la Real Academia Española Agustín de Foxá. El motivo: la filiación falangista del homenajeado. Los oradores, Aquilino Duque y Antonio Rivero, se vieron obligados a pronunciar sus discursos en plena calle.

Esa misma semana, la Audiencia Provincial de Barcelona dictaba sentencia condenatoria, entre otros, contra el editor Juan Antonio Llopart, propietario de Ediciones Nueva República, por un delito de difusión de ideas genocidas. La noticia, en principio, no guarda relación alguna con Falange Española, pues los falangistas no nos sentimos en absoluto solidarios con quienes defienden ideas racistas, niegan o disculpan la eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad.

Sin embargo, no deja de sorprendernos (y de preocuparnos), el hecho de que entre los textos esgrimidos en la sentencia para condenar al propietario de Ediciones Nueva República figuren, además de pasajes de Francisco de Quevedo (sic.), textos más o menos belicosos de algunos de los fundadores del nacionalsindicalismo.

Es evidente que el lenguaje político de hoy no es el mismo que el de los años 30 del siglo pasado. Tampoco lo son las circunstancias. Por ello, valorar las declaraciones de los líderes políticos de los años 30 como si las hubiesen pronunciado hoy es un anacronismo. Es la incongruencia de presentar algo como propio de la época que no le corresponde. Si de esta incongruencia se sigue una condena a prisión, estamos, además, ante una tremenda injusticia.

No es necesario insistir en la repugnancia que a Falange Española le producen las ideas racistas, pues está en la base de nuestro pensamiento político la defensa de la dignidad de las personas. Desconocemos además si Juan Antonio Llopart comparte las tesis de los libros por los que ha sido condenado puesto que, junto a los mismos, ha editado otros muchos de distinto signo político. Pero no deja de parecernos alarmante la parcialidad de jueces y políticos, capaces de enviar a la cárcel a un modesto editor y de mantener en libertad a terroristas o pederastas reincidentes.

Así las cosas, nadie en las filas de FE de las JONS habrá de extrañarse si finalmente se promueve contra nuestra organización un proceso de ilegalización. En espera de que esto se produzca nos limitaremos a colaborar con la policía y los jueces señalando posibles conductas delictivas:

Si desean perseguir actitudes racistas, acérquense a la sede central del PNV. Seguro que en la biblioteca encuentran las soflamas etnicistas de su fundador, Sabino Arana.

Si lo que buscan son partidos políticos relacionados con la violencia, pregunten en el PSOE o la Esquerra. Los de Ferraz vieron como dos de sus máximos dirigentes —Vera y Barrionuevo— eran condenados por organizar una banda terrorista (los GAL), mientras que sus socios en Cataluña acogían con los brazos abiertos a los restos de otra banda, Terra Lliure.

Finalmente, si quieren perseguir a los grupos que hayan colaborado con regímenes dictatoriales, diríjanse a la calle Génova, en Madrid, y pregunten por el fundador del Partido Popular, Manuel Fraga, ministro de la Dictadura.

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