Ante la anulación de la «Ley de Cultivos» catalana por el Tribunal de Garantías Constitucionales, las minorías de la «Esquerra» y nacionalistas vascos se retiran del Parlamento
Diario de Sesiones, de 12 de julio de 1934
El Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Santaló.
El Sr. Santaló: Señores Diputados, he de agradecer, ante todo, las facilidades que esta minoría ha encontrado, una vez más, en el Presidente de esta Cámara para hacer en la tarde de hoy unas manifestaciones terminantes y claras respecto a la posición de esta minoría ante el fondo y la forma de la política que viene desarrollándose por estas Cortes y por los Gobiernos sostenidos por ellas.
«No vamos a fatigar a la Cámara con prolijas consideraciones intentando justificar una actitud, cuando tenemos la convicción de que lo está, por lo menos, en la intimidad de la conciencia de todos vosotros.
Las palabras que hemos de pronunciar en nombre de esta minoría catalana, integrada por la Esquerra, federales y Unión Socialista, cumpliendo un deber ineludible y al impulso del más ardoroso sentimiento republicano, son la expresión fiel de la voluntad del pueblo que representamos, polarizada en el entusiasmo del 14 de abril de 1931 y firme en mantener el sentido inicial de la nueva política, inteligente y honrada, del Régimen nuevo: la reconquista de la dignidad civil, la posibilidad de una estructuración del Estado reconociendo las peculiaridades históricas y naturales de las regiones que acusan una definida personalidad y la superación del Estado moral y económico presentes con el ejercicio de la libertad, el fomento de la cultura y una justicia social que responda, con lealtad, sin claudicaciones, al texto constitucional y a sus leyes complementarias.
De ese proyecto y de esa obra de renovación, de emancipación y de fecundas posibilidades fué testigo y asidua colaboradora la minoría catalana en las Cortes Constituyentes. Nunca se desplegaron los labios de sus representantes para poner un obstáculo, y muchas veces, de todos los sectores da la Cámara, fueron subrayadas con aplausos manifestaciones del más profundo sentido patriótico. La minoría actual ha venido animada de los mismos propósitos. No podía creer, ni siquiera sospechar, que se intentara una obra regresiva, siempre peligrosa, y que reputamos temeraria e injusta en las circunstancias actuales. Tampoco lo creía Cataluña.
Ha sido preciso ver, para rectificar nuestro criterio, cómo reiterada y sistemáticamente, frente a la política republicana auténtica, estas Cortes y los Gobiernos sostenidos por ellas imponían una política de signo contrario. Impotentes para crear, han atacado y anulado principios esenciales de la Constitución y derogado leyes dictadas por imperativos de justicia. Queda en las páginas del Diario de Sesiones el testimonio de nuestras protestas y de nuestra oposición, junto a las formuladas por otros sectores de esta Cámara. Esta lucha contra la desnaturalización de la República no nos rendía, sin embargo, porque nos confortaba la presencia y el ánimo de otros partidos y especialmente la cálida vibración de Cataluña.
Pero hemos de confesar, Sres. Diputados, que si no se ha colmado nuestra resistencia para la lucha, sí ha ocurrido para continuar en estos escaños a satisfacción de nuestros electores y de nuestra conciencia. La pretensión absurda de querer arrastrar a esa política antirrepublicana la política de Cataluña es incompatible con nuestras convicciones, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. No justifican nuestra decisión síntomas ni amenazas más o menos veladas. Son hechos definidos, agresiones tan manifiestas a la Autonomía de Cataluña, como la resistencia a tramitar y a ejecutar acuerdos de una Comisión creada por precepto constitucional; es el fallo contra una ley justísima, hiriendo, a su vez, al Parlamento catalán; es el ataque contra la inmunidad necesaria a todo legislador, unido a resistencia y desconfianzas reñidas con una actitud de cordial colaboración.
Tenemos muy presente cómo en una noche memorable, en este mismo recinto, una voz de recio temple castellano pronunció estas palabras: «El último estado peninsular, procedente de la antigua monarquía católica, que sucumbió al peso de la Corona despótica y absolutista, fué Cataluña, y el defensor de las libertades catalanas pudo decir, con razón, que él era el último defensor de las libertades españolas.» Este pensamiento y este sentimiento racial de Cataluña es exactamente el nuestro en el momento actual de la Historia. Nos inspira y nos alienta.
Por el prestigio de la República, por el respeto y eficiencia de la Constitución, por los derechos de Cataluña, nos ausentamos de estos escaños sin asomo de despecho, con todos los respetos para la Presidencia y con afecto personal para todos, en espera de una rectificación que sea garantía de libertad y de paz para los ciudadanos y para los pueblos. Cataluña, al amparo de la Constitución, continuará su obra por las propias libertades y para las libertades españolas.»
¡Viva la República! (Algunos Sres. Diputados contestan a este rica y aplauden.- El Sr. Presidente del Consejo de Ministros pide la palabra.- La minoría Esquerra catalana abandona el salón.- Rumores. El Sr. Rey Mora: Eso de irse, sin esperar la contestación del Gobierno, es una descortesía.- Continúan los rumores.- El Sr. Royo Villanova: ¿A quién va a contestar el Presidente del Gobierno?)
El Sr. Presidente: ¡Orden, Sres. Diputados! Tiene la palabra el señor Presidente del Consejo de Ministros.
El Sr. Presidente del Consejo de Ministros (Samper): A pesar de que la actitud de la minoría de Esquerra catalana podría relevarme en absoluto del deber de contestar a las manifestaciones del Sr. Santaló, no renuncio al que me corresponde con la Cámara, aun cuando por dicha minoría se haya dejado de cumplir con el de cortesía, que, cuando menos, siempre tiene el Gobierno el derecho a esperar. (Muy bien. Aplausos.)
El discurso leído por el Sr. Santaló viene a expresar, en síntesis, lo siguiente: primero, que el Gobierno realiza una política regresiva, porque ha derogado leyes dictadas por imperativos de justicia y no ha creado, en cambio, otras; segundo, que el Gobierno comete agresiones contra Cataluña, como lo demuestra la resistencia a tramitar unos acuerdos de la Comisión mixta de traspaso de servicio: (El Sr. Ventosa pide la palabra.), lo ocurrido con la ley de Cultivos y la cuestión pendiente con motivo de la inmunidad parlamentaria de los Diputados de la Generalidad, y tercero, que por estos motivos, por estas, razones, sin ánimo de hostilidad, la minoría de Esquerra catalana se considera en el caso de ausentarse hasta que esta política se rectifique y la libertad de los ciudadanos esté garantizada. Creo que he interpretado con exactitud las palabras pronunciadas por el Sr. Santaló.
Voy a alterar los términos de la cuestión para dar más importancia a lo que constituye la preocupación actual, y así me referiré primeramente al problema de la ley de Cultivos. ¿Constituye una agresión del Gobierno lo ocurrido en este asunto? Vamos a verlo. Este problema de la ley de Cultivos puede examinarse desde tres puntos de vista: en cuanto afecta al Gobierno, en cuanto toca al Tribunal de Garantías Constitucionales y en cuanto corresponde a los Parlamentos: al de Cataluña y al de España.
El Gobierno. El Gobierno (me interesa mucho hacerlo constar aquí) no entabló recurso que la ley autoriza contra la de Cultivos inducido por una proposición incidental que se presentó en las Cortes; lo entabló por propio y espontáneo impulso. La proposición incidental presentada a las Cortes sirvió, a lo sumo, para recordar lo apremiante del plazo y la existencia del problema que había que resolver. Se consideró el Gobierno depositario de una función, porque saben todos los Sres. Diputados que la competencia de las Cortes para conocer de determinadas materias legislativas sólo el Gobierno puede ampararla y defenderla, acaso por un error de concepción de la ley que establece este principio. Pero al Gobierno se le planteaba esta preocupación: esa ley de Cultivos, que en algunos aspectos puede ofrecer una invasión de jurisdicciones que incumben al Parlamento español, ¿debe ser recurrida o no por el Poder ejecutivo? Si recurrimos, es posible que algún sector de la Cámara -la Esquerra catalana- considere que hemos hecho mal; si no recurrimos, el Parlamento español puede entender que una función de la que era únicamente depositario el Gobierno, había sido abandonada, con abandono consiguiente del cumplimiento del deber. El Gobierno estudió con afán esta ley y se encontró por lo menos con la duda de que la facultad presunta de confeccionar la ley, de producirla, podía corresponder al Parlamento y tenía que interpretar cuál podía ser la voluntad de éste. Y, ante esa duda, hizo todo lo que hace un buen administrador cuando no puede consultar a su mandante o cuando no debe consultarle, que es, por lo pronto, no perder el trámite y entablar el recurso, sin perjuicio de observar luego cuáles eran los movimientos parlamentarios para atenerse a ellos y desistir del recurso, si hubiera sido preciso. El Gobierno entabló el recurso. ¿Cómo? ¿Improvisadamente? ¿Impremeditadamente? No; porque, a pesar de la escasez de tiempo, el Gobierno consultó, primero, con el Consejo de Estado y después con la Sala de gobierno del Tribunal Supremo, y ambos organismos le dijeron que había motivos suficientes para entablar este recurso que autorizaba la ley.
No fué infundada tampoco la actitud del Gobierno. Para hacer esta afirmación no voy a invocar la sentencia, porque voy a prescindir de ella como si no existiese, ya que así es como creo que rindo el máximo respeto al Tribunal de Garantías, apartando de toda discusión y de todo debate su fallo. Para afirmar que no estuvo infundado el Gobierno cuando entabló el recurso, me basta con examinar la actitud de la defensa de la Generalidad en el acto de la vista, la actitud del Sr. Hurtado que, cuando llegó al art. 8.º de la ley de Cultivos, no tuvo una palabra de reproche ni de observación a las mantenidas por el fiscal. Ese art. 8.º, como saben todos los Sres. Diputados, se refiere a la facultad que se atribuye a la Junta arbitral de asumir las facultades propias del dueño de la finca; de arrendar ésta, primero, al denunciante de un incumplimiento de contrato, y luego, a la persona que la Junta tenga por conveniente, desde el instante en que dice que la arrendará al más necesitado o, en su defecto, a cualquier Sindicato o Cooperativa. Y esto, que era una asunción de atribuciones inherentes al derecho de propiedad, llevaba consigo la idea de una posible expropiación, y ello, evidentemente, invadía las facultades propias del Parlamento y podía ser una infracción del artículo de la Constitución, que atribuye exclusivamente a las Cortes todo cuanto afecta a la legislación y ejecución en materia de expropiación forzosa.
No era, pues, infundado el recurso entablado por el Gobierno y para ello me atengo a la propia actitud de la elocuente defensa de la Generalidad de Cataluña en el acto de la vista. Pero aunque hubiera sido infundado, yo digo que el ejercitar un recurso legal no causa agravio a nadie; no significa perseguir a ninguna entidad, a ningún ciudadano y en este caso a ninguna región, el utilizar un recurso que da la ley. ¿Qué podía ocurrir, a lo sumo, con ello? ¿Que el Gobierno se excediera en su celo? ¿Que la facultad de vigilancia que la atribuye la ley le hubiera despertado tales estímulos en el fondo de su ánimo que fuese a recurrir incluso en materia que era de la competencia exclusiva de la Generalidad? Pues bien, para eso está el Tribunal superior, para resolver esta cuestión. Ejercitado el recurso, aun sin fundamento, siempre suponía esto utilizar una facultad que la ley concede, y cuando se utiliza un recurso legal, a ningún ciudadano se le puede ocurrir que con ello se infiere un agravio ni se persigue a la otra parte.
Pero hay más, y este sí que es un dato importantísimo. El Gobierno entabló el recurso y esperó. Esperó la palabra del Parlamento. Transcurrió mucho tiempo, y el Parlamento, con su silencio -con su silencio- demostró la aquiescencia tácita con el recurso que se había entablado. (Muy bien.- El Sr. Prieto: Esa es una teoría absurda.- Rumores y protestas.- El Sr. Barcia: Habría que haber oído lo que hubierais dicho, si alguien hubiese dicho aquí algo.- Nuevas protestas.- El señor Royo Villanova: ¿Y los miles de catalanes que estaban contentísimos? Tengo montones de cartas y telegramas que lo demuestran. Y no atestiguo con muertos.- El Sr. Prieto: Con vivos.- Continúan los rumores.) ¿Por qué calló la Esquerra catalana? ¿Por qué la minoría de la Esquerra catalana no expuso aquí sus cuitas, sus preocupaciones?; ¿Por qué no suscitó aquí un debate para demostrar que el recurso entablado por el Gobierno constituía un agravio o que el Gobierno había faltado a su deber? Porque la Esquerra catalana, entonces, vino a coincidir con la apreciación que yo antes formulé, y es que no podía considerar agravio que el Gobierno hubiera utilizado alguno de los recursos que la ley concede y como no se consideraba agraviada, ni ofendida, por eso no pudo levantarse en sus escaños para formular un cargo contra el Gobierno. (Muy bien.)
¡El Tribunal de Garantías! Todos sabéis, Sres. Diputados, que el artículo 121 de la Constitución atribuye a este Tribunal el conocimiento de los conflictos de competencia legislativa y cuantos otros surjan entre el Estado y las regiones autónomas y los de éstas entre sí. Por lo tanto, este es el órgano adecuado para definir a quién incumbe la competencia: si al Parlamento de Cataluña o al Parlamento español. Pero luego, el art. 15 del Estatuto de Cataluña reitera la doctrina de un modo más expresivo, afirmando que todos los conflictos de jurisdicción de la índole a que antes me he referido serán resueltos por el Tribunal de Garantías Constitucionales, el cual tendrá la misma extensión en su competencia en Cataluña que en el resto del territorio de la República. Y más tarde se votó en las Cortes la ley sobre organización y funcionamiento del Tribunal de Garantías Constitucionales, y el art. 54 vuelve a decir que dicho organismo conocerá de las cuestiones que se susciten entre el Estado y las regiones autónomas o de éstas entre sí, cuando por uno u otras se legislara sobre materias ajenas a su competencia.
Y yo digo ahora : tres veces, señores de la Esquerra catalana, aunque estéis ausentes; tres veces en estas Cortes habéis reconocido que el Tribunal de Garantías Constitucionales es un órgano superior al Parlamento de Cataluña y al Parlamento español, para estos efectos, y el órgano adecuado para definir las cuestiones de competencia. Y si esto es así, ¿por qué consideráis ahora un agravio, no ya del Tribunal, sino del Gobierno, que aquél haya dictado una sentencia, en uso de su derecho, en los términos que haya considerado justos? ¿Venimos o no, señores Diputados, a respetar la ley? ¿No estamos preocupándonos constantemente de defender las esencias de la República? Pues qué, ¿la esencia fundamental de la República no es el respeto profundo a las leyes? (Muy bien.) Pues qué, ¿no pedimos a esas derechas que respeten el art. 26 de la Constitución? Y aun cuando ese art. 26 para algunos elementos de los que figuran en esas minorías representa algo contrario a sus anhelos, a sus pensamientos y a sus opiniones, ¿no está el Gobierno dispuesto a velar por el respeto hacia ese artículo, como estaría dispuesto a velar por el respeto a esa ley que confiere al Tribunal de Garantías Constitucionales esta cuestión de competencia?
Mal ejemplo, Sres. Diputados, mal ejemplo sería éste si cada vez que conozca el Tribunal de Garantías Constitucionales de un problema, la parte que se sienta, no ya perjudicada en sus derechos, sino simplemente defraudada en sus esperanzas, considerase un agravio, una persecución lo que ha sido espontánea y explícita manifestación de un Tribunal que todos con nuestros votos hemos constituido.
¿Es que el Tribunal se constituye de un modo que no corresponde a la calidad de su función? ¿Es que ha sido un inconveniente apelar a ese procedimiento del sufragio de segundo grado, que es el que en realidad viene a formar la masa de vocales de ese Tribunal? ¡Ah!, pues ésta ha sido la obra de las Cortes Constituyentes y nosotros venimos obligados a respetarla, lo mismo que los señores de la Esquerra, porque entre todo: hemos hecho esa ley.
Pero, además, Sres. Diputados, yo tengo necesidad de decir aquí, esta tarde, que hay un error profundo cuando se afirma públicamente que nosotros atentamos contra la ley de Cultivos. Esto no es así. Es necesario que España se fije bien en este problema, que es un problema de competencia, que es una cuestión de procedimiento, que no se discute; para nada el fondo del asunto, que se trata de discernir si la ley de Cultivos debe dictarla el Parlamento catalán o debe dictarla el Parlamento español, que no atentamos contra ninguno de los preceptos que integran la Ley de Cultivos y que yo personalmente -si pudiera personalmente hablar- diría que estoy de acuerdo con la tendencia, con el espíritu, y que, si se trajera al Parlamento español, muchos de los preceptos yo los votaría. ¡Ah!, luego no es esto: ni vamos contra la ley de Cultivos, ni vamos contra aquellas reivindicaciones a que tienen derecho, a mi juicio, los colonos.
Yo no soy sospechoso, porque vengo de una tierra en que, por tradición, hay un respeto profundo hacia los derechos de los colonos, que se consideran casi siempre como copropietarios de la tierra.
Lo que se discute es si debe ser obra del Parlamento catalán o del Parlamento español. Y ¿sabéis lo que habéis dicho vosotros, señores socialistas, con algunos de nosotros que formamos las Cortes Constituyentes? Pues al votar la ley Agraria habéis dicho esto en la Base 22:
«El contrato verbal o escrito de explotación rural, conocido en Cataluña con el nombre de «rabassa morta» (precisamente el contrato más peculiar que es objeto de esa ley de Cultivos), se considerará como un censo y será redimible a voluntad del «rabassaire». Una ley de inmediata promulgación regulará la forma y tipos de capitalización y cuantos extremos se relacionen con tales revisiones y redenciones. Asimismo, los arrendamientos y las aparcerías serán objeto de otra ley, que se articulará con sujeción a los preceptos siguientes (y detalla las normas de esta ley).» Y esta facultad, que el Parlamento español reivindica por medio de esa Base 22, tiene la añadidura de un precepto que figura en la Base 2.ª, donde se establece que los efectos de esta ley -de la ley Agraria- se extienden a todo el territorio nacional. Y, sin embargo, señores Diputados, si vosotros mismos, los Diputados de las Cortes Constituyentes, habéis tenido en cuenta el problema de los «rabassaires», el problema de los arrendamientos, y habéis creído que era el Parlamento español el que debía discutir y debatir esas materias, ¿qué de particular tiene que el Tribunal de Garantías Constitucionales haya podido entender lo mismo, con error o sin error, que no quiero penetrar en el fondo del asunto?
Lo que ocurre es que el Parlamento español ha incurrido en morosidad. Esta es la mayor culpa que puede atribuirse al Parlamento. El Parlamento español votó la ley Agraria en septiembre de 1932, si no estoy equivocado en la fecha, y desde septiembre del 32 ni ha promulgado esa ley inmediata que afecta a los contratos de «rabassa mona» ni ha promulgado tampoco la ley de Arrendamientos, y si este Gobierno en el corto espacio de vida que tiene es responsable, la misma responsabilidad, mayor en el tiempo, le alcanza al Gobierno de las Cortes Constituyentes, que tuvo más de un año para hacer esas leyes y no las hizo. Y entonces Cataluña se ha sentido olvidada; ha visto que el Parlamento español no cumplía el deber que él mismo se impuso en la ley Agraria, y se ha apresurado a atender a una necesidad social, a una necesidad que demandaban sus colonos, y ha promulgado la ley de Cultivos.
Y en esta situación, yo pregunto a los señores Diputados de la Esquerra catalana, aunque estén ausentes: ¿dónde está el agravio, dónde está la persecución y dónde está la ofensa del Gobierno? El Gobierno ha utilizado un recurso, podía hacerlo dentro de la ley; el Gobierno tenía un fundamento para entablar este recurso: el derivado del dictamen del Consejo de Estado y de la Sala de gobierno del Tribunal Supremo y el que se infiere de todas estas manifestaciones que acabo de hacer. Entonces el Gobierno no atenta contra la ley de Cultivos; se ha limitado a hacer la observación de si podía ser competente el propio Parlamento español para promulgarla. ¿Dónde está el agravio? ¿Dónde la persecución? Siento que los Sres. Diputados de la Esquerra catalana estén ausentes, porque tendría verdadera curiosidad en saber en qué motivos y en qué resolución de su ánimo fundan ese supuesto agravio que atribuyen al Gobierno.
¡Resistencia a tramitar acuerdos de la Comisión mixta encargada del traspaso de servicios! Señores Diputados, el asunto es de una sencillez extraordinaria y al mismo tiempo de una importancia subalterna que no merece ahora los honores de la discusión. Se trata de la radiodifusión y de saber si la radiodifusión es o no un medio de comunicación, y el Gobierno se encontró con un acta autorizada por la Comisión de traspaso de servicios, en donde existía una incongruencia y una infracción de la Constitución y del Estatuto de Cataluña. La incongruencia era ésta: mientras el extremo primero de la parte dispositiva respetaba todas las facultades que la Constitución y el Estatuto de Cataluña otorgan al Gobierno de desarrollar los medios de comunicación, de poder establecer estaciones de radiodifusión; mientras el artículo 1.º como digo respetaba la facultad del Gobierno, el primer considerando de este acta venía en cierto modo a contradecirse con la resolución concreta de la parte dispositiva. Y lo que ha hecho es lo que ordinariamente se hace hasta en el orden judicial: pedir aclaración a este extremo para que la incongruencia desaparezca. En otra disposición de la parte dispositiva atribuye la Comisión de traspaso de servicios a la Generalidad de Cataluña la facultad inspectora, siendo así que, terminantemente, el Estatuto de Cataluña y la Constitución atribuyen esta facultad inspectora al Gobierno y éste lo que ha hecho ha sido devolver el acta a la propia Comisión encargada del traspaso de los servicios para que, después de examinar estos extremos resuelva lo que juzgue conveniente; hacer de nuevo una consulta antes de que surja ningún conflicto, pedir que esa Comisión, donde tiene una representación Cataluña, estudie el problema nuevamente por si hubiera un error de expresión o de concepción, con objeto de que pueda rectificarlo a tiempo de que no se produzca ninguna reclamación ni ningún conflicto.
Esto, Sres. Diputados, ¿es producir un agravio? No hablemos del problema de la inmunidad de los Diputados de Cataluña, porque el Gobierno está dispuesto a que se respete profundamente el artículo del Estatuto que establece al inviolabilidad de los Diputados del Parlamento de Cataluña por las opiniones y votos que emitieron en el ejercicio de su cargo; y desde el momento en que el Gobierno hace públicamente la declaración de que respetará literalmente ese precepto del Estatuto, no se puede afirmar que exista persecución ni agravio para nadie.
Entonces, ¿por qué se retiran los Sres. Diputados de la Esquerra catalana? ¿Por qué se ausentan? ¿Se han acercado alguna vez al Gobierno en que hayan sido objeto de desatenciones? Mientras yo regenté el Ministerio de Industria y Comercio, muchos Diputados de la minoría de Esquerra catalana vinieron a solicitar aquellos acuerdos que consideraban justos y procedentes en defensa del interés de Cataluña. Fueron siempre bien recibidos; fueron siempre atendidos en cuanto era posible. No hace muchos días, el Sr. Ministro de Obras públicas era aclamado en Barcelona porque este Gobierno otorgaba a Cataluña las obras de enlaces ferroviarios, que representan para el Estado español un gasto de 160 millones de pesetas; habían sido atendidos, por tanto, en la demanda que hicieron al Ministerio de Obras públicas. Como estos casos podría citar otros. ¿Qué requerimientos han dirigido al Gobierno que no hayan motivado inmediatamente después o una concesión, si podía hacerse, o una explicación que justificase cuál era su actitud?
¿Se puede, Sres. Diputados, hacer una manifestación desde los escaños -que es la primera que se hace al Gobierno- y acompañarla inmediatamente del alejamiento? ¿Es que se puede llegar al rompimiento sin que haya precedido ninguna gestión? ¿Han venido los señores representantes de la minoría de Esquerra catalana a quejarse ante el Gobierno o de la ley de Cultivos, o de la inmunidad parlamentaria, o del procedimiento de traspaso de los servicios de radiodifusión a Cataluña? ¿Han hecho alguna gestión previa? ¿Han formulado sus quejas y sus cuitas? ¿Han pedido que el Gobierno estudiase y resolviese determinados aspectos del problema sin que éste lo haya hecho? ¿Pueden decir que ha sido desatendidos alguna vez? Pues entonces, Sres. Diputados, ¿por qué se retiran? ¿Por qué se ausentan? Yo lo lamento mucho. He escuchado las palabras del Sr. Santaló con profunda amargura, porque constituían una gran injusticia. Puesto que esa es la determinación de la minoría de Esquerra catalana, nosotros la respetamos; los vemos marchar con el dolor y con el sentimiento con que se ve marchar a unos hermanos queridos, pero defendiendo nuestro sitio de dignidad, porque la defensa de nuestra dignidad es la defensa de la dignidad de la República. Con el mismo anhelo esperamos que regresen a sus escaños. Bien recibidos serán, pero también con la misma dignidad con que los despedimos.
Ahora es tópico corriente afirmar que por parte del Gobierno y de estas Cortes se ha marcado una tendencia regresiva en las leyes y que se han derogado leyes sociales. Se ha afirmado hace un momento por el señor representante de la minoría de Esquerra catalana -lo afirmaba también el otro día el Sr. Primo de Rivera- que se había derogado una serie de leyes sociales. Y yo pregunto: ¿Qué leyes sociales han derogado estas Cortes? ¿Qué serie de leyes sociales ha derogado el Parlamento actual? (Rumores.- El Sr. Tirado: De hecho, todas.- El Sr. Primo de Rivera: Que le dejen una temporadita.) Se podrá citar una: la ley de Términos municipales. Pero, ¿es ley social la ley de Términos municipales? Esta ley, ¿ha sido objeto de estudios y de debates en los Congresos internacionales? ¿Está establecida esta ley en algún país en donde los socialistas hayan mandado, siquiera sea en un corto espacio de tiempo? Esta ley, ¿es objeto de estudio y de exaltación por parte de los tratadistas? Esta ley, ¿se considera ley de orden social? Yo lo ignoraba: yo creía que era una ley circunstancial, una ley de conveniencia, pero no una ley que se fundase en principios de reivindicación para la clase obrera.
No será por esto, no se referirá el Sr. Santaló a esta ley cuando dice que derogamos leyes dictadas por imperativos de la Justicia, porque el Sr. Santaló era Ministro conmigo en el Gobierno de que yo formé parte bajo la presidencia de don Alejandro Lerroux en el mes de septiembre, y yo llevé a Consejo de Ministros las disposiciones relativas a la intermunicipalización de las comarcas de cada provincia y fueron aprobadas por unanimidad, incluso con el voto del Sr. Santaló (Muy bien.) No será ley social cuando todos los partidos republicanos de esta Cámara, desde el partido de Acción Republicana hasta el radical socialista, pasando por nosotros, pedían clamorosamente la derogación de la ley de Términos municipales, y únicamente estaba defendida por la minoría socialista. (Muy bien.)
Pues si la ley de Términos municipales no es social ni puede significar nada contrario al principio de progreso que quería defender el señor Santaló, yo pregunto a los Sres. Diputados y sigo preguntando a la minoría de Esquerra catalana cuáles son las leyes que ha derogado este Parlamento y que fueron votadas por las Constituyentes por un imperativo de justicia.
Creo, Sres. Diputados, haber contestado congruentemente a las quejas que aquí expuso el Sr. Santaló. Lamento muchísimo que estas quejas se hayan formulado por primera vez ante la Cámara, acompañándolas en seguida de la ausencia o del alejamiento; no ha mediado siquiera el acto conciliatorio, la tentativa de producirlo, con objeto de saber cuál sería la actitud futura del Gobierno.
La Generalidad de Cataluña tomará la actitud que corresponda. Nosotros aquí no queremos hacer inventario de eso que en la tarde hoy se ha calificado con el nombre de agravios. También podríamos exponer nuestras preocupaciones y nuestras quejas, también podríamos exponerlas, y, sin embargo, un principio de prudencia sella nuestros labios. Y es natural, en estos primeros momentos de la autonomía catalana, hasta tanto que estos órganos nuevos vayan habituándose a funcionar y a conectarse en la medida que los servicios demanden, es indudable que habrá errores de interpretación, discrepancias de momento; pero estos errores y estas discrepancias y estas fricciones deben ser resueltos con un espíritu cordial, con un espíritu de mutua comprensión, con un espíritu de abnegación y, si es preciso, de sacrificio, en bien de Cataluña y en bien de España. Y el Gobierno, que despide a estos compañeros nuestros con dolor y al mismo tiempo con dignidad, dice que si es verdad que cuando uno no quiere dos no riñen, la Generalidad de Cataluña no reñirá con el Gobierno español, porque éste está dispuesto a respetar profundamente la ley y a tener con Cataluña el trato efusivo y amoroso que merece, pidiendo a la vez que Cataluña corresponda a ese trato con el que ella sabe tener cuando quiere. Por eso nosotros terminamos lamentando la retirada de la minoría de Esquerra catalana y esperando que este problema de la ley de Cultivos, como todos los problemas, en la práctica encuentre solución cuerda, solución prudente, que evite todo rozamiento, que evite daño para el país catalán y en general para todos los ciudadanos de España. (Muy bien. Aplausos.)
El Sr. Presidente: El Sr. Aguirre tiene la palabra.
El Sr. Aguirre: Señores Diputados, si la retirada de la minoría de Esquerra catalana y el discurso leído esta tarde por el Sr. Santaló fueran algo que afectase tan sólo a aquella agrupación política, nuestra actitud sería totalmente distinta de la que vamos a adoptar, porque significaría locura por nuestra parte el entrar en apreciaciones sobre las disensiones que pueda haber allá en Cataluña entre los distintos sectores políticos, para los cuales tenemos nuestro respeto y nuestra amistad más cordial. Pero no se trata de eso, Sres. Diputados. En nuestro pueblo hemos recibido quejas ardientes de Cataluña por su órgano legítimo actualmente, que es la Generalidad, y nosotros, respetuosos con aquellos que representan a Cataluña en estos momentos, y no discutimos cómo; viendo que acuden a nosotros demandando solidaridad, no podemos negársela de ninguna manera. Porque muy bien ha dicho el Sr. Presidente del Consejo de Ministros en sus palabras finales, con las que empiezo, y voy a ser muy breve, Sres. Diputados, que este Gobierno está dispuesto a abrir su corazón a toda cordialidad, a toda concordia, a toda inteligencia. Estas palabras son la solución, esto es lo que nosotros esperamos, porque comprenderá el Gobierno que no ha hecho más que implantarse la autonomía en Cataluña y no vale que se diga que un Tribunal de Garantías aplica la ley y que el Gobierno cumple estrictamente la Constitución; porque en la vida de los pueblos y en las relaciones ciudadanas, incluso al margen de la ley, existe algo superior, y es que de corazón a corazón se arreglan muchas veces más conflictos que con la aplicación estricta de las leyes. Por eso nosotros no podemos quedar hoy sordos a la voz de Cataluña.
Nosotros quisiéramos que no hubiera conflictos, porque ¿cuál es nuestro porvenir para los vascos que aspiramos a un Estatuto, que estamos discutiendo? Y aprovecho este momento para rendir un tributo de gratitud a mis compañeros de Comisión de Estatutos, entre los cuales ha reinado la mayor armonía, la mayor corrección, tratándonos todos como verdaderos compañeros, estudiando con profundidad y altura el problema, y para expresar al Gobierno nuestra gratitud por sus atenciones, y en especial, lo he de decir delante de todos, a D. Alejandro Lerroux, por su lealtad con nosotros, siempre y constantemente manifestada.
Pero nosotros en este momento, por órdenes que tenemos, nos solidarizamos enteramente con Cataluña, representada en la Generalidad catalana, y queriendo, con un gesto suficiente, expresar todo lo que hay en nuestro corazón y con cuánta profundidad sentimos estos problemas, decimos que esta minoría cesa en sus funciones, retirándose del Parlamento (Rumores.), esperando confiadamente que el Gobierno sabrá resolver estos conflictos y hará que nosotros podamos regresar a la Cámara lo mismo que los catalanes. (Siguen los rumores.) Ahora bien, Sres. Diputados, no se os ocurra ni por un momento que nosotros nos prestemos a ninguna clase de maniobras políticas. (Rumores y exclamaciones.), porque en el mismo momento -y lo decimos con toda lealtad- en que este movimiento netamente popular de Cataluña, netamente autonómico, nacionalista o como queráis llamarle, se convirtiera en maniobra, nuestra conducta variaría inmediatamente, porque hemos sido hombres, en toda nuestra actuación política, lo suficientemente limpios y correctos, lo suficientemente claros y terminantes en nuestros juicios y afirmaciones, para que nos conozcáis bastante.
Nuestros ideales religiosos, profundamente enraizados en nuestras almas y en nuestras conciencias, los habéis oído exponer aquí; nuestro ideales políticos, lo mismo. No hacemos renunciación de nada, no nos liga pacto de ninguna clase, que nosotros rechazaríamos y vosotros no admitiríais; pero decimos que por dar ejemplo de solidaridad delante de los pueblos, lo mismo de Valencia mañana que de Galicia pasado, en esos afanes autonómicos (Fuertes rumores.), podrán contar siempre con nuestro apoyo. Si vosotros los que protestáis, queridos amigos, no entendéis estas cosas que nacen del corazón, porque sentimos hondamente los problemas, ¡qué os voy a decir! Pero esta es la realidad.
Termino, Sres. Diputados: no desesperamos de volver al Parlamento, porque confiamos en que el Gobierno sabrá seguramente resolver esta grave situación. (Rumores.- La minoría vasca se retira del salón.)
Cierra España.
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