Seguramente recuerdan algunos Sres. Diputados que, en torno a este problema, el Diputado que habla tuvo en las Constituyentes una actitud equidistante de todos los partidos, y, como he de ser ortodoxo conmigo mismo, las razones que he de dar serán mías: la conclusión será de toda la minoría; pero permitidme que al levantarme en su nombre recuerde que fué ella misma la que me autorizó a expresar mi pensamiento personal aquella tarde en que aún no se había entrado en la formulación concreta del art. 26 de la Constitución. En aquella tarde, señores de la minoría radical, ocurrió algo triste, y fué que el partido radical entró en el juego y quería ganar la copa del laicismo; y como quería ganar la copa, no formuló una sola enmienda que pudiera atenuar la expresión tajante del art. 26; fué el Ministro de Justicia quien quedó solo abriendo caminos, indicando rutas, sugestiones que, por razones de equidad, me parecía que debieron haber sido atendidas. Pero con posterioridad se formuló el art. 26 y fueron el Sr. Guerra del Río y algún otro Sr. Diputado de la minoría radical quienes lanzaron al hemiciclo, para adelantarse a cualquiera otra iniciativa, la fórmula más expresiva en virtud de la cual el art. 26 quedaba redactado en los términos más graves.
Después, claro, el partido radical, lo mismo que los sujetos individuales, puede haber hallado el momento de la contricción. ¿Es que, realmente, el partido radical encontró, en una contricción colectiva, el estímulo para ir hacia el camino de Damasco, o es que el partido radical, inmediatamente que se separa del Gobierno, principia a buscarse a sí mismo, a buscar una posición sustantiva y unas masas suyas que le sirvan de sustentación dentro del orden republicano? (El Sr. Ministro de Obras Públicas: ¿Me permite el Sr. De los Ríos?) Con el mayor gusto. (El Sr. Ministro de Obras Públicas: El recuerdo debería ser completo. Entonces, en nombre de la minoría radical, dije que defendía el criterio sustentado en el art. 26 de la Constitución, y al mismo tiempo pedí, en nombre de la minería radical, que se reconociesen los derechos pasivos de los que pertenecían al Clero, que dejaban desde aquel momento de ser funcionarios del Estado.- Muy bien.- Rumores.- Ese fué el criterio del partido radical en las Constituyentes y lo es ahora.- Muy bien.) El partido radical, desde entonces, principia una labor consistente en definirse a sí mismo en torno a los grandes problemas. Antes, al disentirse el art. 26... (El Sr. Ministro de Obras Públicas: Al disentirse el art. 26, sentado yo, con la minoría radical, detrás del banco azul, y ahí está el Diario de Sesiones.) Si es así, Sr. Guerra del Río, queda omitida la parte que se refiere a los haberes. (Fuertes rumores.) El partido radical fué el que lanzó al hemiciclo (él el primero) lo relativo a la disolución de una Orden religiosa y a la incapacidad de todas las demás para la cuestión de la enseñanza; después ha querido rectificar la posición que esto entrañaba, y en ese proceso de rectificaciones hemos llegado a una situación en que, para tener posición de Gobierno, el partido radical necesita estar recogiendo problemas, modalidades para tratar esos problemas y ritmo parlamentario que darles, al discutirse, de esos sectores de la Cámara. (Señalando a los de derecha.) Y esta es la razón por la cual ahora nos encontramos ante una proposición de esta naturaleza, proposición de una gravedad excepcional, tan excepcional, señores Diputados, que, establecido el procedimiento de la «guillotina» el año 1918, desde dicho año al 23 se aplica tres veces (Un Sr. Diputado: Y en el mes de mayo pasado, dos.- Rumores.), y en los dos años y medio de funcionamiento del Parlamento constituyente, dos veces. (El Sr. Gil Robles: Cuatro veces.) Preguntado aquí, oficialmente, por mí, el señor oficial mayor del Congreso declaró que sólo dos veces. (El Sr. Gil Robles: Cuatro veces se ha aplicado a propuesta de la mayoría del Gobierno de que S.S. formaba parte.- Fuertes rumores y protestas.) Y nos encontramos, Sres. Diputados, con que se trata de aplicar la «guillotina», que es la forma de máxima violencia en régimen parlamentario, a un proyecto de esta naturaleza. Me van a permitir SS.SS. que afirme con cierta autoridad moral en este instante (Rumores.) que se va a aplicar la «guillotina»... (El Sr. Comín pronuncia palabras que no se entienden.) Aquí la piedad no tiene que hacer absolutamente nada. (El señor Comín: La piedad sí tiene que hacer.) De lo que se trata, Sres. Diputados, es de aplicar la «guillotina» a un proyecto de ley en que, a mi juicio, y por la actitud notoria de las Constituyentes, rechazando todas las sugestiones que hube de hacer en el banco azul, al rechazarlas, manifiestamente se denotaba que una solución como la que se propugna en este instante está en desacuerdo implícito con el espíritu del art. 26.
Después, para mantener jurídicamente la legitimidad de este proyecto, habéis acudido a conceptos inadecuados. ¡Funcionario público! Pero ¿acaso es posible a un católico, en términos de Derecho canónico, admitir, dentro de la estructura de la Iglesia católica, la posibilidad de que el sacerdote sea funcionario público, siendo así que eso es netamente protestante, netamente constantiniano, y que repugna a la esencia del catolicismo? Y habéis acudido a algo que evidentemente tiene más importancia, que es a un sentido de equidad: en esa forma era como yo lo defendía antes de estar redactado el art. 26. Sin embargo, si por razones de equidad se defiende, ¿qué orden de prelación es el que habría de dársele a un régimen de socorro y ayuda? ¿Una prelación que correspondiese a quienes, sin tener familia, tienen una masa de fieles adeptos, dentro de los cuales fieles figuran los elementos más poderosos, económicamente, de la sociedad española, con la obligación moral de remunerar un servicio que ellos solamente van a disfrutar? ¿A ésos habría de corresponder la prelación, o a aquellos otros que tienen familia y un jornal aleatorio, sin que haya nadie que tenga el deber legal de subvenir a sus necesidades? Me parece profundamente impolítico lo que hacéis; profundamente impolítico, incluso para las derechas. ¡Cuán otra situación de ánimo podría haber sido la de todos y cuán otra la fuerza moral de la argumentación que hicierais, si hubiera precedido a una petición de esta naturaleza la articulación de un Estatuto de seguros sociales, con seguro de paro! Pero ahora es esto lo que se antepone: y es que prevalecen problemas políticos, de índole estrictamente política, sobre los demás de cualquier otra naturaleza. (Rumores.) Este proyecto requería haber dejado a la Cámara una posibilidad de discusión que se le niega, y a la minoría socialista, una posibilidad de defender enmiendas que totalmente queda cercenada no hay posibilidad de defender ni una.
Pues bien, en estas condiciones, yo, en nombre de la minoría socialista, formulo una protesta enérgica ante España contra el atropello que con nosotros se comete; pero, además, quiero terminar haciendo una pregunta que, desgraciadamente, veo que no va a poder ser contestada; una pregunta al Sr. Presidente del Consejo, que una vez más insiste en su ausencia. (Rumores.) Yo no podía creer que la «guillotina», aplicada a este proyecto de ley, fuera a ser la instauración de la «guillotina» como forma ordinaria de procedimiento reglamentario; no la ha sido jamás; tan no lo ha sido, que cuando surge la «guillotina» por primera vez, el año 81, en Inglaterra, se la da el nombre de «golpe de Estado»; tal gravedad se considera que corresponde a la aplicación de una medida de esta naturaleza. Pero es que esta mañana todos hemos podido leer que el Sr. Presidente del Consejo ha dicho, después del Consejo de Ministros, que se ha acordado que en esta semana salgan tres proyectos de ley, sobre dos de los cuales ni siquiera se ha iniciado la discusión. ¿Es esto así? (El Sr. Ministro de Obras públicas: No.)
El Sr. Presidente: No es así, con todo respeto, porque el Presidente de la Cámara ha hablado con el Sr. Presidente del Consejo de Ministros y se cree, delante de un espíritu tan recto como el de D. Fernando de los Ríos, obligado a decir la verdad. El Sr. Presidente del Consejo de Ministros no me ha dicho, como Presidente de la Cámara, nada que se parezca a eso, y yo tendría que cooperar a ello como un factor parlamentariamente indispensable. En tal sentido, creo obligada esta aclaración.
El Sr. De los Ríos: Bien, Sr. Presidente; pero una cosa es que no se lo haya dicho y otra cosa es que pueda existir esa resolución. (El señor Ministro de Obras Públicas: No existe.) Comprenderá el Sr. Ministro de Obras Públicas que es desde la cabecera del banco azul desde donde procede formular de una manera clara y terminante eso, porque si se estableciera la «guillotina» aquí, como se quiere establecer fuera, ello cambiaría sustancialmente todo lo que significa el régimen tradicional parlamentario.
Es posible que haya el designio -no sé de quien- y vaya a ser servido ese designio -por un momento de alucinación o de inconsciencia- para destrozar lo que puede tener de eficiente el régimen parlamentario, respecto del cual no es el momento de pronunciarse, y tal vez por ese camino indirecto se quiera hacer imposible la estancia en esta Cámara de minorías que se vean sistemáticamente atropelladas. Esto, dada la terminante declaración de la Prensa, y la atribución de tal propósito al Sr. Presidente del Consejo, cree la minoría socialista que exige una declaración de quien puede hacerla, y, por lo pronto, nosotros formulamos nuestra protesta más vigorosa. (Aplausos.)
El Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Santaló.
El Sr. Santaló: Señores Diputados, jamás pude sospechar que la iniciativa para atropellar el derecho de las minorías ante un proyecto de tal importancia como el que se debate, surgiera y fuese defendida por un grupo republicano de la Cámara; no podía sorprenderme un intento de esta naturaleza surgido de otro sector; pero que esa iniciativa, esa proposición incidental la suscriban republicanos radicales y la defiendan republicanos radicales, que se han llamado sistemáticamente laicos, que han querido defender la soberanía del Poder civil, esto es algo tan incomprensible y tan lamentable, que nosotros, a la protesta que formulamos con toda energía por el atropello que se comete, unimos también nuestra protesta por la deslealtad que con la opinión pública ha tenido el partido radical. (Rumores y protestas.)
Esta minoría fijó ya su criterio en relación con el proyecto que se debate, en términos que no dejaban lugar a ninguna duda; llevó la voz de esta minoría el ferviente republicano compañero nuestro Sr. Tomás y Piera; antes había hecho oír su voz, con todas las consideraciones de justicia, de humanidad y de piedad en relación con los funcionarios de la Iglesia, no del Estado, que, como se acaba de repetir, no lo han podido ser nunca, un hombre tan ponderado, tan ecuánime como el doctor Humberto Torres. Y ahora nos encontramos aquí con que, después de reconocer la anticonstitucionalidad de lo que se intenta, sin dejar oír la voz y los razonamientos de una minoría como la socialista. De una minoría como Izquierda Republicana, de una minoría como Esquerra Republicana, va a aplicarse, por lo menos prematuramente, que yo diría temerariamente, ese fatídico -como le ha llamado algún Diputado radical- instrumento de la “guillotina”.
Pues bien, a todos los argumentos que se han hecho aquí de anticonstitucionalidad, rebatiendo los del Sr. Ministro de Justicia, que apoya su proyecto de una manera incomprensible, afirmando el carácter de funcionarios públicos de los clérigos, cosa que representa una verdadera herejía, como reconoció un vocal monárquico en la Comisión de presupuestos, yo he de añadir que, por lo menos, hay que sumar a estos argumentos el de que lo que ahora se va a aprobar, lo que ahora se va a conceder a la Iglesia católica es un verdadero atentado a la soberanía del Poder civil. (Rumores y protestas.) Y lo es por lo siguiente: todos sabéis cómo la Iglesia católica ha abandonado, desde hace años, el sueño de constituir una monarquía universal controlada desde Roma (Rumores.); pero no olvide nadie que esta misma Iglesia no renuncia a tener un arbitraje dentro de cada nación, y advierto, señores protestantes (Risas y denegaciones.), que abundáis en la tesis del Sr. Ministro de justicia... (El Sr. Menéndez Fernández: Sois herejes; queréis hacer a toda España pagana. Entre varios Sres. Diputados se cruzan palabras que no se perciben.- El Sr. Presidente reclama orden.) Y advierto, repito, Sres. Diputados, que considero perfectamente lícita esa aspiración de la Iglesia; pero también me parece lícito que, frente a esa aspiración de la Iglesia en intervenir las cosas del Estado, se levante la opinión republicana abogando por su absoluta independencia. Frente a la aspiración de la Iglesia, esa otra aspiración de los grupos civiles republicanos de España de oponerse a toda ingerencia confesional para asegurar la plena autoridad y dignidad de la soberanía nacional. (El Sr. Varela: Que nadie combate.) Tal es la doctrina nuestra, y por eso voy a terminar, como resumen de estas palabras, contra el atropello que se comete por iniciativa de un grupo republicano, protestando, en nombre de esta minoría, de que se atente contra la Constitución, falseando la verdad, con la tesis defendida por el Sr. Ministro de Justicia al considerar a los clérigos funcionarios públicos. (Aplausos.)
El Sr, Presidente: El Sr. Bolívar tiene la palabra.
El Sr. Bolívar: No voy a salir en defensa de este régimen parlamentario; soy enemigo de él, porque esto es una charca indecente. (Risas y protestas.) Vengo, desde luego, a hacer una protesta enérgica porque, valiéndoos de vuestra seudodemocracia, queráis evitar que en estos momentos exprese el partido comunista su opinión respecto al problema que se debate, para que los obreros y campesinos de España se convenzan una vez más cuál es el camino que tienen que seguir para conseguir la completa emancipación. El Parlamento no es más que un procedimiento para crear ilusiones, para tratar, inútilmente, de convencer de que por esta vía de la democracia burguesa el proletariado va a conseguir su emancipación; pero cuando no os conviene prolongar mucho la discusión de un asunto porque el pueblo puede tomar parte en él, aplicáis estos artículos del Reglamento votando en contra del pueblo y con el estado de alarma. Levantad el estado de alarma para que se manifieste el pueblo, y seamos si es partidario o no de que se concedan al Clero esas pensiones... De ahí vuestra prisa en aprobar este asunto antes de que se levante el estado de alarma y a espaldas del pueblo, a espaldas del pueblo trabajador, no del pueblo vuestro, que es el pueblo explotador de los trabajadores. (EL Sr. Comín: ¿Y el 19 de noviembre?) El 19 de noviembre fué la protesta contra los crímenes que diariamente estáis vosotros cometiendo. Rumores.); el 19 de noviembre es una página gloriosa del pueblo trabajador, que ha indicado el camino que tiene que seguir para emanciparse. ¿Quién ha organizado el atentado de Zaragoza? Habéis sido vosotros mismos. (Protestas.) ¿Quién organiza los atentados que se cometen a diario en Málaga, sino vosotros mismos? (Nuevas protestas.- Varios Sres. Diputados: Su señoría.- El Sr. Presidente reclama orden.)
Yo no soy partidario, como he dicho, de este régimen parlamentario podrido. Sin embargo, voy a señalar una inexactitud dicha por el Ministro de Obras públicas en una interrupción a D. Fernando de los Ríos. Voy a leerla, aun cuando yo no tenía necesidad de hacer esa rectificación. Aparece en el Diario de Sesiones del 10 de octubre de 1931 que el Sr. Guerra del Río, a propósito del art. 26 de la Constitución, dijo lo siguiente: «Podemos decir desde ahora que el Estado respeta, que el Estado garantiza el sueldo de los que hasta este momento lo vienen cobrando, pero que no pagará ninguno más.» (Rumores.) No he terminado todavía. (Risas.) «Esta es la solución por que nosotros nos inclinamos: señalar un plazo para que dentro de él los católicos organicen el pago de sus servidores y, al finalizar ese plazo, deje el Estado de pagar.» (Rumores.- El señor Alvarez Angulo: ¿Qué tal, Sr. Guerra del Río?.- Varios Sres. Diputados: Eso era para los sueldos enteros.)
Voy a concluir. Después de haber formulado mi más enérgica protesta, he de hacer el llamamiento acostumbrado a los obreros y campesinos de toda España para que, deponiendo sus distintas ideologías, se unan en un apretado frente único y barran esta charca podrida, que no sirve más que para sostener al Clero, a la plutocracia y a los grandes terratenientes. Creo que ha llegado la hora de que todos los obreros y campesinos españoles se lancen a la calle a exteriorizar su protesta y prescindan del Parlamento, porque aquí es imposible luchar con vosotros. Donde únicamente se puede luchar es en la calle. En ella solamente el pueblo trabajador puede imponerse y conseguir su total emancipación. (Fuertes rumores
Cierra España.
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