La II República se enfrenta al movimiento de los trabajadores

   La incapacidad de los republicanos y socialistas de satisfacer las demandas de tierra, empleo y buenos salarios, incompatibles con el mantenimiento de las estructuras capitalistas de propiedad, se tradujeron en un constante y violento enfrentamiento con el proletariado urbano y el movimiento jornalero.

   La represión tuvo escenarios sangrientos: Castillblanco, Arnedo, Castellar de Santiago, Casas Viejas, Espera, Yeste... en todos ellos los guardias de asalto y la guardia civil fueron utilizados por orden gubernamental para defender la propiedad terrateniente acabando con la vida de decenas de campesinos. Por otra parte, las huelgas obreras en los dos primeros años de régimen republicano fueron acompañadas de una profunda desilusión política de las masas. Las esperanzas depositadas en la República, la confianza en que los ministros socialistas realizaran reformas progresivas, que las medidas del gobierno abrirían nuevos horizontes para la vida de millones de personas, se convirtieron en frustración, rabia e impotencia. Las huelgas generales se extendieron: Pasajes, huelga minera en Asturias, en Málaga, Granada, en Telefónica. Cualquier tímida mejora para los trabajadores, fuera de reducción de la jornada, o de incremento salarial eran contestadas por la cerrazón de la patronal y la represión gubernamental.

   Cuando el presidente de la República disolvió las Cortes y fueron convocadas nuevas elecciones para noviembre de 1933, la reacción de derechas había reconquistado una parte importante del terreno perdido el 14 de abril de 1931, especialmente entre las capas medias urbanas y sectores atrasados del campesinado. En este contexto, la reacción agazapada ante los primeros empujes de las masas empezó a levantar cabeza, como demostró el intento de golpe de Estado de Sanjurjo. Entre la burguesía española empezaba a tomar fuerza una salida política similar a la que se estaba desarrollando en Alemania.

   Con una diferencia de varias decenas de miles de votos a su favor, los radicales de derechas de Lerroux junto a la CEDA de Gil Robles se hicieron con la mayoría en el Parlamento. A partir de ese momento la burguesía realizó una amplia labor contrarrevolucionaria endureciendo la legislación laboral, aumentando la represión contra el movimiento huelguístico y fortaleciendo sustancialmente el poder de los terratenientes. En definitiva se adoptaron todo tipo de medidas para utilizar el marco parlamentario con el fin de imponer un giro autoritario, siguiendo los pasos del triunfo de Hitler en 1933 y de Dolffuss en 1934. Pero la tensión de los acontecimientos obraba también en otra dirección: acelerando la radicalización de las masas y el giro a la izquierda de las organizaciones socialistas.

   La formación de las Alianzas Obreras, un embrión de frente único proletario, constituyó un ejemplo inédito en la Europa de los años treinta. La amenaza de la entrada de dirigentes cedistas al gobierno de Lerroux desató la insurrección de octubre de 1934. Sin el levantamiento revolucionario del proletariado asturiano, muy probablemente se hubiera culminado con éxito la imposición de un Estado de corte fascista utilizando la maquinaria devaluada del parlamentarismo burgués.

   La represión contra la Comuna asturiana a manos de los futuros jefes militares del golpe del 18 de julio fue terrible. Cerca de dos mil muertos en los combates, cientos de fusilados, miles de detenidos y torturados, a los que sumar decenas de miles de trabajadores represaliados y despedidos de sus trabajos. Las organizaciones obreras tuvieron que pasar a la clandestinidad, mientras que la burguesía acabó por sacar las lecciones últimas de los acontecimientos. Octubre del 34 demostró que no era posible acabar con el movimiento de las masas a través de la represión "legal" que las leyes republicanas permitían. Se necesitaba aplastar a las organizaciones y su capacidad de resistencia. Era necesario imponer el terror blanco hasta sus últimas consecuencias.

Cierra España.