Sucesos de Castiblanco. Versión de «El Socialista»

El Socialista, 2 de enero de 1932

Sobre unos suceso. El verdadero culpable

La tierra extremeña se ha teñido estos días con sangre, consecuencia dolorosa de una situación de violencia a la que es urgente e imprescindible poner remedio. Por desgracia, hechos como los que lamentamos ahora han venido siendo, de algún tiempo a esta parte, demasiado frecuentes. Ha tenido en esto, como villanamente han procurado poner de manifiesto sus enemigos, poca fortuna la República. A la situación ruinosa en todos los órdenes que la monarquía legó al régimen nuevo vino a sumarse el pavoroso problema del paro en la agricultura, especialmente en las regiones andaluzas y extremeñas, en donde la crisis se hacía más aguda y difícil por la notoria mala fe que en muchos casos han empleado los propietarios para fomentarla. No necesitamos citar ejemplos que comprueban esta afirmación. Todo ello ha creado una situación de descontento en las zonas afectadas por la falta de trabajo. Es natural que una población campesina que se ve azotada por el hambre sienta la irritación que ha de producirle su propia desgracia. Y si a esa irritación instintiva se añade la indiferencia o la hostilidad con que aquellos que están más directamente llamados a procurar remedio contemplan ese espectáculo de angustia, entonces nada tiene de extraño que se produzcan hechos lamentables que en circunstancias normales hubieran podido evitarse sin esfuerzos.

No hay peor consejera que el hambre. Es verdad. Pero conviene añadir, a renglón seguido, que no hay nada que estimule tanto a la insuborninación como la injusticia. Sobre todo cuando la injusticia va acompañada de la burla. Y éste es el caso que se está repitiendo de día en día. No solamente no han encontrado apoyo alguno los obreros de aquellas reigones castigadas por el paro, sino que constantemente se han visto vejados en sus más elementales derechos de ciudadanía. Se está tratando de hacer creer que los sucesos luctuosos que se han desarrollado en tantos pueblos de España tienen una sola causa: los pretendidos desmanes de unos trabajadores hostigados en parte por la penuria, pero soliviantados, principalmente, por propagandas políticas avanzadas. Con esa explicación tan cómoda figurando en los informes oficiales se justifican todos los atropellos y las mayores enormidades. La realidad, sin embargo, es bien distinta. Tan absurdo sería dar por válida esa versión como suponer nosotros, arrimando el ascua a nuestra sardina, que la intervención de las autoridades en conflictos de esa naturaleza es siempre, en todos los casos, arbitraria y despótica. Aunque no sean los más, tenemos ejemplos, lealmente reconocidos, que demuestran lo contrario. Ni la primera ni la segunda -menos aquélla que ésta- son afirmaciones que puedan hacerse a priori. La clave de la cuestión es otra, sobre la cual hemos insistido ya muchas veces y tendremos que insistir, por lo visto, muchas más aún. Se trata, sencillamente, de que no se ha desarraigado el viejo caciquismo rural, planta maldita que ha envilecido durante tantos años la vida española. Al contrario, lejos de ceder, cada día parece cobrar el caciquismo nuevos bríos. Con una extraordinaria facilidad de adaptación ha sabido reponerse pronto del quebranto que pudo causarle el cambio de régimen, y está reforzando de manera ostensible sus posiciones. Tímido y cauteloso en los primeros días de la República, vuelve a ser ya desvergonzado y cínico, como en sus mejores tiempos de desafuero. Ahí, y no en explicaciones interesadas, es donde hay que buscar la causa principal del descontento que existe en los pueblos y la razón de los sucesos sangrientos que se originan con tan dolorosa frecuencia. El de Castilblanco, más tremendo que ninguno por sus propociones, no es sino uno de tantos en la serie.

Por lo que se refiere a la actuación de la guardia civil, es evidente que adolece de un defecto gravísimo sobre el cual conviene meditar muy detenidamente en interés de todos, y, acaso más que nadie, en interés de la propia guardia civil. Durante la monarquía, la guardia civil se vió forzada, por exigencias de un régimen consustancial con la violencia y el abuso, a servir intereses particulares o ilegítimos que nada tenían que ver con la función propia que le estaba encomendada. Aunque no lo quisiera nada iba ganando con ello- la guardia civil ha tenido que ser una fuerza de protección en la que se escudaba el caciquismo. Cabía esperar costumbres de la política rural. Ya se ha visto que no. Los monárquicos de ayer son republicanos hoy. Por procedimiento tan sencillo han seguido en muchos pueblos los caciquillos de campanario su antiguo dominio. En donde no lo han conseguido aún, aspiran a conseguirlo el día de mañana. Y se da el caso absurdo de que haya muchos miembros de la guarcia civil que, por un explicable acomodamiento al través de varios años de relación y trato con aquellos alementos, sigan representándose a éstos provistos de más autoridad que quien la ejerce legítimamente por voluntad popular. Así ocurre que muchas veces puede más en el ánimo de un jefe de puesto una sugerencia del caciquillo que una orden de un alcalde socialista, por ejemplo. A independizar y alejar de esa influencia a la guardica civil deben tender los esfuerzos del Gobierno si se quiere evitar la repetición de hechos como los que motivan estas líneas.

Cierra España.

Sucesos en Bilbao entre tradicionalistas y grupos de izquierda. Versión de «El Socialista»

El Socialista, 8 de enero de 1932

Ante los sucesos de Bilbao

Hace bien pocos días que un diputado republicano, con anuencia de casi toda la Cámara, llamaba la atención del Gobierno sobre el hecho anómalo, verdadera y cruel paradoja, de que la fuerza pública se viera obligada con harta frecuencia a reprimir a las masas republicanas cuando éstas exteriorizan su protesta ante la torpe y provocadora campaña de propaganda antirrepublicana que llevan a cabo, a favor de una mal entendida tolerancia, los extremistas ultrarreaccionarios. Resulta absurdo e irritante que el poder coactivo de la República, garantía del orden, se emplee precisamente contra los buenos republicanos para proteger a quienes promueven el desorden. Pues no otra cosa viene ocurriendo de algún tiempo a esta parte con los mítines llamados revisionistas, en los cuales han podido dirigirse impunemente las más groseras invectivas al Parlamento, al régimen e incluso a las personas de los ministros y de los diputados.

Equivocadamente, a juicio nuestro, ha querido el Gobierno extremar su benevolencia con esos elementos, que no la merecen, y que ahora recaban para sí, poniendo el grito en el cielo, una libertad que durante toda su vida negaron a los demás. Pero esto, con ser mucho, sería lo de menos si se limitaran a usar de la libertad. Lo más grave es que no saben usarla más que para abusar de ella. Y ese abuso, lejos de moderarse, ha venido haciéndose más intolerable a medida que pasaban los días y comprobaban que la República, si peca de algo, no es de rigurosa, como ellos temían, sino de excesivamente blanda. A la tolerancia han correspondido con la intransigencia y la amenaza; al respeto, con el insulto y la provocación.

Que esa campaña de agitación contra el régimen había de producir disgusto, y que ese disgusto había de manifestarse en una vigorosa reacción de socialistas y republicanos, era cosa evidente y por todos sabida. Lo que no podíamos sospechar es que fueran los propios provocadores los que, no conformes ya con su propaganda injuriosa desde la tribuna, pasaran tan rápidamente a la propaganda por la acción. No creíamos que su envalentonamiento, favorecido por la impunidad, llegara hasta ese punto. Sin embargo, ahí están los sucesos de Bilbao que no dejan lugar a dudas. Primero han hablado los trogloditas; después han hablado las pistolas. Y es inútil que se nos diga que lo uno no tiene relación con lo otro, porque toda la propaganda reaccionaria la pública y la privada- no es más que una prepraración a la ofensiva armada contra la República y sus defensores. Si hasta dentro del propio Parlamento se agitó en más de una ocasión el espantajo de la guerra civil incivil, mejor dicho-, ¿qué de extraño tiene que en la calle produzca chispazos sangrientos la brutalidad tradicional del tradicionalismo?

Cuatro hombres asesinados con alevosía tres de ellos socialistas; republicano el otro- y otros muchos heridos nos parecen motivo más que suficiente para que el Gobierno piense con detenimiento en la necesidad de acabar con una situación que ha producido ya muchos daños y habría de producirlos mayores todavía. Aún puede admitirse no sin reparos por nuestra parte- aquello de que la República debe ser para todos, frase hecha en la que se escudan sus enemigos. Lo que no puede permitirse es que la paz de la República esté a merced del cretinismo o del fanatismo clerical. Y menos cuando se manifiesta con los caracteres de violencia que se han dado en Bilbao, donde hasta desde los conventos se ha hecho fuego sin respetar -¡ellos que invocan a la autoridad constantemente!- a la fuerza pública.

No se puede tampoco someter a una prueba demasiado larga la paciencia de socialistas y republicanos, que ven cómo se atenta contra la República a cara descubierta. Son ya demasiadas provocaciones las que llevamos sufridas y es ya demasiado crecido el tributo de sangre que estamos pagando nosotros sobre todo- a la vieja España superviviente. Un día es el caciquismo rural; otro día es la guardia civil puesta al servicio de ese caciquismo; otro es el clericalismo desatado quien nos arrebata alguna vida. Para evitar todo eso se votó en las Cortes la ley de Defensa de la República. Pero esa ley es un arma que se va pareciendo mucho a la carabina de Ambrosio. Y urge que sepamos a qué atenernos. Porque si ha de ser la fuerza la que venga, a nosotros que tenemos la razón- no nos faltan ánimos ni habrían de faltarnos medios para imponer la justicia por nuestra cuenta.

Cierra España.

Sucesos en Bilbao entre tradicionalistas y grupos de izquierda. Versión de «El Debate»

El Debate, 18 de enero de 1932

El subsecretario y los hechos

El subsecretario de Gobernación, don Carlos Esplá, ha contado a los lectores de la Hoja Oficial del Lunes los sucesos de Bilbao. La colisión entre socialistas y tradicionalistas, provocada por los primeros, aparece así: "pasaron unos cuantos socialistas, cantando algunos la Internacional; un tradicionalista hizo varios disparos...". En cambio, el intento de asalto a La Gaceta del Norte por un grupo que dejó herido, con un balazo en el pecho, al conserje del periódico, aparece como "otro choque", en el que cual dicho empleado "resultó herido". Por último, el atentado contra el convento de las Reparadoras por incendiarios bien provistos de bidones de gasolina, se cuenta de este modo: "al pasar un grupo por la plaza de Zabalburu, frente al convento de monjas, se hicieron desde el edificio varios disparos".

No hubiera el más exagerado extremista, deseoso de tergiversar en su provecho la verdad de lo ocurrido, presentando los acontecimientos en forma más inexacta y tendenciosa. Con justicia se pudiera reprochar, en todo caso, esa manera de "informar" al público. Cuando el que así procede es una autoridad, que aprovecha la salida del único periódico que el lunes aparece para envenenar el ánimo público con falsedades de tal calibre, no se encuentra calificativo bastante duro para lo que ha hecho el señor Esplá.

Misión de las autoridades que tienen conciencia de su deber, es la mesura y el texto en aquellas cosas que pueden excitar las pasiones, y un respeto exquisito he aquí un buen empleo de la palabra de moda- a la verdad de los sucesos, para no extraviar a la opinión. Todo lo contrario de lo que ha hecho el señor Esplá, procurando atizar los odios, y cubriendo con un velo protector los bidones de gasolina.

No ha podido, en cambio, la "Hoja Oficial del Lunes", informar a sus lectores del luminoso triángulo formado a las dos de la mañana de ese día por los incendios de las iglesias de Moncada, Alfara del Patriarca y Mazarrucho. El señor subsecretario debió de tener, sin embargo, noticia de esos incendios, que extinguió la buena voluntad de los vecinos. Se ha perdido la ocasión de decir que pasaban unos grupos pacíficos por delante de esos templos, y de pronto empezaron a salir de ellos unas llamaradas. De todas maneras, se le ha visto el... triángulo.

Cierra España.

Se disuelve en el territorio español la Compañía de Jesús

El Socialista, 24 de enero de 1932

«El artículo 26 de la Constitución de la República Española declara disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado, debiendo ser nacionalizados sus bienes y afectados a fines benéficos y docentes.

Es función del Gobierno ejecutar las decisiones que la potestad legislativa hubiese adoptado en el ejercicio de la soberanía nacional, y refiriéndose concretamente el precepto constitucional a la Compañía de Jesús, que se distingue de todas las demás órdenes religiosas por la obediencia especial a la Santa Sede, como lo demuestran, entre innumerables documentos, la bula de Paulo III, que sirve de fundamento canónico a la institución de la Compañía, y las propias Constituciones de ésta, que de modo eminente la consagran al servicio de la sede apostólica, a propuesta del ministro de Justicia, y de acuerdo con el Consejo de ministros,

Vengo a disponer lo siguiente:

Artículo 1.º Queda disuelta en el territorio español la Compañía de Jesús. El Estado no reconoce personalidad jurídica al mencionado instituto religioso ni a sus provincias canónicas, casas, residencias, colegios o cualesquiera otros organismos directa o indirectamente dependientes de la Compañía.

Art. 2.º Los religiosos y novicios de la Compañía de Jesús cesarán en la vida común dentro del territorio nacional en el término de diez días, a contar de la publicación del presente decreto. Transcurrido dicho término, los gobernadores civiles darán cuenta al Gobierno del cumplimiento de esta disposición.

Los miembros de la disuelta Compañía no podrán en lo sucesivo convivir en un mismo domicilio en forma manifiesta ni encubierta, ni reunirse o asociarse para continuar la extinguida personalidad de aquélla.

Art. 3.º A partir de la publicación de este decreto no realizarán las entidades mencionadas en el artículo 1.º, ni ninguno de sus miembros por sí o por persona interpuesta, ya sea a título lucrativo, ya a título oneroso, actos de libre disposición de los bienes propios de la Compañía o poseídos por ella.

Art. 4.º En el plazo de cinco días, los gobernadores civiles remitirán a la Presidencia del Consejo relación triplicada de las casas ocupadas o que lo hubieran estado hasta el 15 de abril de 1931 por religiosos o novicios de la Compañía de Jesús, con mención nominal de sus superiores provinciales y locales.

Art. 5.º Los bienes de la Compañía pasan a ser propiedad del Estado, el cual los destinará a fines benéficos y docentes.

Art. 6.º Los registradores de la Propiedad remitirán al ministerio de Justicia, en el plazo de diez días, relación detallada de todos los bienes inmuebles y derechos reales inscritos a nombre de la Compañía de Jesús, con expresión de los gravámenes que afecten a unos y a otros.

Dentro del mismo plazo, los establecimientos de crédito, entidades bancarias, Compañías anónimas y otras Empresas de carácter civil o mercantil, así como los particulares, enviarán al ministerio de Hacienda relación circunstanciada de los depósitos o valores, cuentas corrientes, efectos públicos, títulos y cualesquiera otros bienes mobiliarios pertenecientes a la citada Compañía que se encuentren en su poder.

Art. 7.º A los efectos del presente decreto, se instituye un Patronato, compuesto por un delegado de la Presidencia del Consejo de Ministros, otro por cada uno de los ministerios de Estado, Justicia, Hacienda, Gobernación e Instrucción pública; un representante del Consejo de Instrucción pública, otro de la Junta Superior de Beneficencia y un oficial letrado del Consejo de Estado. Los organismos respectivos procederán al nombramiento de sus delegados o representantes en el plazo de cinco días.

El Patronato se constituirá dentro de los cinco siguientes, previa convocatoria del delegado de la Presidencia del Consejo. Este será Presidente del Patronato, y secretario, el oficial letrado del Consejo de Estado.

Art. 8.º Corresponde a dicho Patronato:

1.º Formalizar el inventario de todos los bienes muebles o inmuebles de la Compañía, bajo la fe de notario público.

2.º Comprobar la condición jurídica de los bienes que, al aparecer a nombre de la Compañía de Jesús, se hallen en posesión de la misma, y proceder a su reivindicación e incautación.

3.º Ocupar y administrar los bienes nacionalizados.

4.º Elevar al Gobierno propuesta sobre el destino que han de darse a los mismos.

Los distintos órganos de la Administración facilitarán al Patronato los medios que éste recabe para el cumplimiento de su cometido.

Art. 9.º Las iglesias de la Compañía, sus oratorios y objetos afectos al culto, con exclusión de todo otro edificio o parte del mismo no destinado estrictamente a aquél, se cederán en uso, previo inventario, a los ordinarios de las diócesis en que radiquen, a condición de no emplear en el servicio de los citados templos individuos de la disuelta Compañía. El uso que se transfiere a la jurisdicción eclesiástica ordinaria nunca podrá ser invocado con título de prescripción.

Art. 10. Los superiores provinciales y locales, o quienes en cada caso desempeñen sus funciones, serán personalmente responsables:

1.º De la cesación efectiva de la vida en común en las casas cuyo gobierno les esté confiado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2.º.

2.º De la infracción de lo dispuesto en el artículo 3.º.

3.º De toda ocultación cometida en las investigaciones ordenadas para llevar a cabo lo preceptuado en el artículo 4.º y en los apartados primero y segundo del 8.º.

4.º De la resistencia que en los locales de la Compañía pudiera oponerse a las autoridades encargadas de la ejecución de este decreto.»

Cierra España.

«Una gran pérdida para España», afirma«El Debate»

El Debate, 26 de marzo de 1932

Suspendida gubernativamente la publicación de «El Debate» cuatro días antes de la aparición del decreto disolviendo la Compañía de Jesús, y no autorizada hasta la fecha de hoy, cuando ya los comentarios a su medida han pasado del primer plano de la actualidad, no hemos podido dedicar pública atención a aquel acontecimiento histórico. Pero no puede faltar en nuestra colección amplio espacio dedicado a él. Tal es la causa de que hoy pongamos ante los ojos del lector el presente número extraordinario.

Mas no solamente la información amplia que en él servimos era precisa. Preciso es también el comentario. Importa a «El Debate» que su juicio sobre ese punto quede claramente estampado aquí.

Ni una razón.- No ha dado el Gobierno una razón, ni lejanamente satisfactoria, en que apoyar un acto tan odioso de suyo como el de privar a unos ciudadanos de sus bienes, disolver una asociación que funcionaba legalmente y prohibir incluso que varios hombres honrados puedan vivir bajo el mismo techo para dedicarse a su perfeccionamiento moral, con arreglo a su leal saber y entender.

Ni una razón en que apoyar todo esto. ¿Qué podemos decir, que o se haya dicho ya, sobre el famoso cuarto voto? Ni se impone, ni es esencialmente de naturaleza distinta al de todas las Ordenes religiosas, ni roza en lo más mínimo la soberanía del Estado. Es un voto de naturaleza religiosa por las personas, por el fin y por la materia. Impone la obligación especial de consagrarse al bien de las almas, a la propagación de la fe, a las misiones. ¿De cuándo acá los misioneros perjudican a la autoridad civil? Las Ordenes misioneras cuentan con la protección decidida de Estados laicos, porque, por una ley ineludible de la condición humana, dondequiera que va el misionero va el ciudadano con él, va la lengua, va el espíritu, va la cultura de la patria.

Pero huelga la discusión. Ni siquiera cabe decir que la Constitución dispone lo que se ha efectuado. Pues aun suponiendo que tal diga (y eminentes jurisconsultos han manifestado que, sea cual fuere la intención de los legisladores, la letra no dice tal), en ningún caso podría justificarse la prisa con que se ejecuta ese artículo, y mucho menos la forma de la ejecución.

Dejemos a un lado el plazo de diez días. Dejemos -¡y dejar es!- el corte dado a los cursos académicos lanzando a la calle a millares de muchachos, la suspensión de investigaciones, de trabajos de laboratorio, de labores científicas en los observatorios astronómicos, la destrucción de una organización de enseñanza, el olvido de la suerte de ancianos y enfermos, el no haber hecho excepción de los bienes donados para fines expresos... Y vamos derechamente a una grave cuestión constitucional en la que el decreto no repara.

Concepto de nacionalización.- No nos referimos a la contradicción de esta medida con otros artículos constitucionales como el segundo, que afirma que «todos los españoles son iguales ante la ley»; el 25, que entre las cosas que «no podrán ser fundamento de privilegio jurídico», incluye «las creencias religiosas»; el 27, que garantiza la «libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión»; el 28, que asegura que «sólo se castigarán los hechos declarados punibles por ley anterior a su perpetración»; el 33, que declara que «toda persona es libre de elebir profesión»; el 34, por el que «toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones», y el 44, que señala los requisitos necesarios para la socialización de los bienes y declara que «en ningún caso se impondrá la pena de confiscación».

Ahora bien, lo que ha hecho el Gobierno es de hecho una «confiscación». De no ser esto, no puede ser, dentro del texto constitucional, más que una «socialización». Socializar es, según la Academia, «transferir al Estado u otro órgano colectivo, las propiedades, industrias, etc., particulares». Tal es exactamente lo que ha ocurrido. Pero la socialización sin indemnización no se puede hacer por decreto. Según la Constitución vigente, es necesaria «una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes». Que son 238 y no 178 que obtuvo el artículo 24 del proyecto, hoy artículo 26 en la numeración definitiva.

Se nos dirá que existe aparte la «nacionalización». He aquí una palabra impropia. La palabra castellana es «socialización». Nacionalizar es sinónimo de naturalizar. Pero si quisiéramos darle a la palabra carácter económico, habría que convenir en que nacionalizar es una forma específica de socializar, por la cual los bienes particulares pasan a un ente colectivo que representa a la nación, como «municipalizar» se emplea cuando ese ente representa al Municipio, y por analogía podría emplearse «regionalización» cuando el ente colectivo represente a una región cualquiera, a una Mancomunidad o a una Generalidad. Pero todo eso entraría forzosamente dentro del término genérico de «socialización», empleado por el artículo 44, para la aplicación del cual existen las restricciones apuntadas.

De aquí que algunas personas, conformes en su principio, por las razones que fueren, con la disolución de la Compañía de Jesús, no lo están con esta «nacionalización» por motivos de carácter legal y constitucional. Sobre este punto debió desarrollarse un debate en las Cortes. Mas para que todo sea en este asunto irregular y violento, el gobierno no consistió que se discutiera. Cortó el debate, lo «guillotinó». Y esto con la agravante de que las últimas palabras pronunciadas fueron las del ministro de Justicia y los párrafos finales se dedicaron a injuriar a los diputados católicos que estaban presentes. Con razón señalaban los señores don Angel Ossorio, don Miguel Maura, don Raimundo Abadal y don Miguel de Unamuno que «más desairada» era en este caso la posición del ministro que «la de los propios diputados contra quienes se arbitró la medida».

Digno remate.- Bien mirado, no merecía este desdichado asunto epílogo de más categoría que el discurso del señor Albornoz. De su elevación moral habla elocuentemente la aplicación inmediata de la «guillotina». De su elevación histórica y doctrinal véanse pruebas abundantes en la plana 15 de este número, dedicada a rectificar los errores más salientes del discurso. Nadie más interesado que el gobierno en que tomasen la palabra personas más doctas, después de aquella sarta de citas truncadas, inexactas, mal atribuídas, mal interpretadas, recogidas apresuradamente en cualquier folletillo tendencioso y sin crédito, de los que fabrican plumas mercenarias y se venden en los quioscos a un precio todo lo bajo que permite el papel consumido.

Claro está que desde el primer instante sabía todo el mundo a qué atenerse. Estamos frente a un acto de política sectaria. Los jesuítas no son disueltos por el cuarto voto, sino por los votos que ligan a otros personajes con ocultas potencias. ¡Si fuera este el primer desarrollo del plan de la masonería! Pero no. Es un desarrollo análogo al de siempre. Se empieza por el mismo punto y se sigue idéntico camino. Bien supieron señalarlo así las valientes palabras de los diputados católicos señores Lamamié de Clairac, Gómez Rojí, Martínez de Velasco, Beunza, Abadal y Pildaín, para los cuales no queremos regatear aquí un adarme de caluroso elogio que merecen. Política sectaria, en fin, sólo realizable ya en países débiles o atrasados. Mientras las grandes naciones se preocupan de la decadencia de la moral colectiva y los problemas sociales y económicos que asedian al mundo, España, de espaldas a todos ellos, se emplea en una política que era ya un anacronismo a finales del siblo XIX.

Estos son los jesuítas.- Daños se derivan, desde luego, para la Religión del paso que ha dado esa política con la disolución de la Compañía de Jesús. Pero daños muy importantes también para España y para los españoles. Para la Compañía, en cambio, daños mucho menores de los que sus perseguidores se figuran. Los trastornos, las molestias, los sufrimientos que se le han ocasionado tendrán su recompensa, y tal vez en fecha no muy lejana; la han tenido ya en la simpatía y el prestigio que han ganado los jesuítas en el espíritu de todos los hombres honrados. Las informaciones publicadas por la Prensa han puesto de manifiesto que las riquezas tan decantadas de estos hombres, eran bibliotecas, observatorios, laboratorios, salas de estudio, gabinetes de Física, Museos de Ciencias, capillas, templos...; es decir, todo lo que es preciso para cultivar lo más digno y noble del espíritu humano. Y todo eso lo tenían los jesuítas para difundirlo por la sociedad. Millares y millares de hijos del pueblo recibían el fruto de esa labor en los centros populares de enseñanza anejos a los grandes núcleos de estudio de la Compañía.

Oración, estudio, investigación, enseñanza. Tales eran los tenebrosos planes de los jesuítas. Toda España lo ha podido ver. Y ha visto también cómo esos hombres a quienes se acusaba de promover la guerra civil no han intentado ni defenderse siquiera. Han entregado sus bienes y o se han diluído en la sociedad española, o han levantado sus centros para seguir en tierras hospitalarias su labor de formar la juventud y de hacer para España hombres honrados, cultos y patriotas.

Ha querido Dios, en fin, que no siga a la amargura, si no es junta a ella, la miel del consuelo. El cordialísimo y afectuoso recibimiento dispensado a los jesuítas españoles en los países a donde los ha levado un forzado exilio, países que descuellan entre los más cultos, como Bélgica y Holanda, les habrá hecho sentir el amparo de una solidaridad verdaderamente católica, universal. Cierto estamos de que a la ínclita Orden no le negará Dios el victorioso consuelo de ser, un día, recibida en España con iguales fervorosas muestras de adhesión y de cariño.

Cierra España.

Pacto entre las dos ramas dinásticas españolas

ARRARAS: Historia de la segunda República española, t. I, pág. 243

«Los momentos actuales de España hacen necesaria la unión completa de todos los elementos de orden en frente de aquellos que ponen en peligro la vida de la Patria. A este efecto, los firmantes del Pacto, anteponiendo a sus miras personales y conveniencias de partido su amor a España, unen su esfuerzo para salvar a su querida Patria de los horrores del comunismo a que es conducida por gobernantes ateos, y establecen este pacto bajo las siguientes bases:

, compuesto de ocho personas, de las que cuatro serán nombradas por don Alfonso Carlos de Borbón y las otras cuatro por don Alfonso de Borbón y Habsburgo, las cuales, con poderes tan amplios como sean necesarios, llevarán a cabo la organización de las fuerzas monárquicas que conjuntamente han de coo

«Primera. Se establecerá un Comité directorperar al indicado fin.

»Segunda. No siendo privativo a las Reales personas el tomar acuerdos políticos que obliguen a sus partidarios, dejan a éstos que libremente lo hagan, pero procurarán interponer su influencia para que sus respectivos partidarios cedan en todo aquello que sea dañoso a la unión monárquica, que consideran necesaria en el futuro para la restauración de este régimen de gobierno, que, bajo el credo tradicionalista adaptado a los tiempos presentes, conceptúan ser el más beneficioso para su Patria.

»Tercera. Cuando las circunstancias lo requieran, don Alfonso Carlos, como jefe de la Casa de Borbón, y en su condición de Regente del reino, convocará unas Cortes, que elaborarán la ley fundamentalmente definitiva, que, inspirada en la tradición española, determine todo lo necesario a la gobernación del Estado, de acuerdo con aspiraciones nacionales.

»Cuarta. Este pacto se dará a la publicidad para conocimientos de los españoles monárquicos, reservándose por el momento los extremos que la discreción aconseja.

»Reunidos con la conciencia de haber antepuesto a todo el bien de la nuestra amada Patria, y con el más vehemente deseo de prosperidad y engrandecimiento, y al grito de ¡Viva España!, firmamos por duplicado el presente pacto.»

Cierra España.

Los socialistas plantean su desconfianza hacia el partido radical

El Socialista, 15 de agosto de 1932

A LA OPINION PUBLICA

El partido socialista y la Unión General de Trabajadores ante el momento político

«La campaña que vienen realizando las extremas derechas -fundamentalmente contrarrevolucionarias y antirrepublicanas-, secundadas por los elementos directores del partido radical, nos mueve a dirigirnos a la opinión pública en general y a la clase trabajadora en particular para fijar debidamente nuestra actitud ante el actual momento político.

»Fuimos al movimiento que culminó en las jornadas históricas del 12 y 14 de abril, plenamente conscientes de nuestra responsabilidad y decididos a arrostrar todas las consecuencias que del mismo pudieran derivarse, porque entendíamos que no se podía dar un paso en firme en la política de nuestro país sin resolver una cuestión previa: la abolición de la monarquía. Era ésta en nosotros una creencia ya muy antigua, puesto que figuraba en nuestro programa mínimo no como una de nuestras aspiracines inmediatas, sino a la cabeza de todas ellas.

»Sabíamos de antemano que la República que se implantara no sería socialista; pero sabíamos al mismo tiempo que, para ser eficaz, para responder a lo que demandaban de consuno el progreso de los tiempos y las necesidades del pueblo español, no podía ni debía ser tampoco una República conservadora, reaccionaria y cerrada a toda clase de innovaciones.

»Firmes en esta creencia, nos dispusimos a colaborar lealmente, primero, en el movimiento revolucionario que precedió a la proclamación de la República, y después, en el establecimiento y consolidación de la misma. Nadie podrá acusarnos de habernos extralimitado en nuestras pretensiones ni de haber faltado a ninguno de los compromisos contraídos con los demás partidos republicanos. La dictadura socialista de que se está hablando, la política de socialización que, sin una sola prueba, se viene denunciando, no son más que vanos pretextos para alimentar unos propósitos esencialmente contrarrevolucionarios, que, impotentes para enfrentarse con el régimen, tratan de mediatizarlo y desnaturalizarlo.

»Hay quien se ha atrevido a hablar de nuestra falta de abnegación y de nuestra sobra de interés, ¿Se ha olvidado, quizás, que en más de una ocasión el partido socialista y la Unión General de Trabajadores estuvieron íntimamente asociados a movimientos revolucionarios cuyo fin era instaurar la República, habiendo renunciado de antemano a toda participación en el Gobierno? Baste recordar lo que ocurrió en 1917, en que el más conspicuo de nuestros debeladores de hoy brilló por su ausencia en los momentos decisivos, mientras los representantes de nuestras organizaciones daban la cara y, en momentos dificilísimos, hacían honor a los compromisos contraídos.

Somos los mismos de 1917 y los mismos que hemos sido siempre. Si continuamos nuestra participación el el Gobierno, no es por el deseo de mantenernos en el Poder, sino porque no se ha constituído todavía el partido republicano o la coalición de partidos republicanos capaces de hacer frente a la contrarrevolución y de asegurar la necesaria e indispensable obra de consolidar la República. Nadie con más ardor que nosotros ansia la formación de un sólido frente republicano. Y si este resultado no se ha logrado aún, las dificultades no han surgido de nuestro campo. Las ha creado y las sigue creando precisamente quien, sin aducir ni un dato, sin aportar la más mínima justificación, lanza excomuniones contra los socialistas y se atreve a acusarles de fomentar desórdenes y de provocar conflictos.

Pública y notoria es nuestra conducta. Ante el interés general, por no crear dificultades al régimen, no sólo hemos sacrificado más de una vez nuestras legítimas reivindicaciones de clase, sino que, además, hemos salido públicamente al encuentro con circulares, manifiestos y por todos los medios- de movimientos huelguísticos extemporáneos y de algaradas promovidas por los extremistas conjugados de derechas auténticas y de pretendidas izquierdas. Esto lo sabe la opinión imparcial y, lo que es más importante, lo han reconocido leal y noblemente los partidos de limpia y patente ejecutoria republicana.

Si tal es la situación, ¿qué se propone con sus extemporáneas e inexplicables intervenciones el feje del partido radical? El país debe conocerlo y las masas republicanas meditarlo con el más exquisito cuidado. El partido radical, con su actual minoría parlamentaria, no puede constituir Gobierno. Tampoco puede constituirlo con otras minorías republicanas, las cuales, sobre repudiar los procedimientos que viene utilizando el señor Lerroux, no pueden hacerse solidarias de una política que niega en sus fundamentos la obra renovadora de la República.

¿Cómo podría entonces realizarse el tan ansiado relevo? ¿Mediante una disolución de las actuales Cortes? Sería un golpe de Estado, no sólo porque las nuevas elecciones deberían hacerse con la ley antigua y escamoteando el voto a la mujer, sino también porque no se habría cumplido la convocatoria de las Cortes constituyentes, en la cual figuraba taxativamente, entre otras cosas, el problema heredado de la monarquía- relativo al Estatuto de Cataluña.

¿Mediante una nueva dictadura? Si esto es lo que se pretende, si es esto lo que se prepara, mal blanco ha escogido para sus ataques el guía del partido radical, porque, contra un intento semejante, las fuerzas del partido socialista y de la Unión General de Trabajadores se levantarían como un solo hombre y, conscientes de sus deberes y de sus responsabilidades, ellas, que tan respetuosas son con la legalidad y con el régimen democrático debidamente establecido, no repararían en medios, por violentos que ellos fuesen, para oponerse a la violencia y a la osadía de las fuerzas desencadenadas de la reacción provocadora.

Sospechoso es, en su forma y en su fondo, el llamamiento antidemocrático, antirrepublicano y anticonstitucional hecho en las actuales circunstancias al jefe del Estado en nombre de un partido adicto al régimen. Sospechosa también la acogida que ha dispensado las extremas derechas a la afirmación que ha llenado de júbilo a los antiparlamentarios de todos los matices- de que el Parlamento no representa a la opinión del país. Sospechoso e inoportuno, en fin, el apoyo que semejante actitud ha de prestar forzosamente a los elementos impunistas en el momento mismo en que se dispone a actuar la Comisión de Responsabilidades y en que un gran contrabandista y sus colaboradores van a responder, ante la justicia de la República, de los desafueros cometidos bajo el antiguo régimen con la tolerancia y la complicidad de éste y con la intervencón de muchos que se declaraban furiosos adversarios del mismo.

Para la buena marcha de la República, para afianzar y dignificar el régimen que libremente han querido darse los españoles, es indispensable que republicanos y socialistas, cada uno desde su campo y sin desdibujar en lo más mínimo sus respectivas ideologías, mantengan una estrecha y leal cordialidad. El movimiento revolucionario iniciado con el derrumbamiento de la monarquía no ha terminado aún; los elementos que oprimían y explotaban al país bajo el antiguo régimen, tratan de introducirse en el nuevo y disponer de él a su antojo. Para ello se emplean por políticos llamados republicanos y que declaran paladinamente que no harían ascos a la colaboración de antiguos monárquicos- los mismos procedimientos a que nos tenían acostumbrados los nefastos oligarcas partidarios del «turno pacífico de los partidos».

Denunciamos enérgica y solemnemente ante el país la burda maniobra que se pretende realizar. Y en bien del interés general, unidos estrechamente a los partidos republicanos que aceptan y practican lealmente los procedimientos democráticos, el partido socialista y la Unión General de Trabajadores dan la voz de alerta a todos los ciudadanos y se disponen a cumplir, como siempre, su deber con toda dignidad y con toda energía.

Madrid, 14 de julio de 1932. Por la Comisión ejecutiva del partido socialista: Remigio Cabello, Manuel Albar, Manuel Cordero, Wenceslao Carrillo, A. Fabra Rivas, Anastasio de Gracia, Francisco Azorín, A. Fernández Quer, Manuel Vigil.

Por la Comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores: Manuel Cordero, Wenceslao Carrillo, Rafael Henche, EnriqueSantiago, Felipe Pretel, Manuel A. Zapata, Antonio Génova, José Díaz Alor, Antoni Muñoz, Fermín Olivares.»

Cierra España.

SUCESOS EN 1932.(parte final)

Cierra España.