Las evidencias de Casas Viejas

Ramón J. Sender - La Libertad, 23 de febrero de 1933

He aquí las conclusiones que pude desprender de las averiguaciones en Casas Viejas tres días después de los sucesos y que van a comprobar diputados y periodistas de todos los sectores, desde el monárquico hasta los grupos burgueses radicalizados. Algunos han comenzado a hacerlo ya en sus periódicos.

Las conclusiones son:

* Los pocos propietarios que hay en Medina Sidonia y Casas Viejas son monárquicos de tipo feudal. La República que representan Azaña y los socialistas puso a su servicio todo el aparato de represión de un régimen votado por los enemigos del feudalismo y de la monarquía.

* La inmensa mayoría de los vecinos de Casas Viejas son jornaleros sin trabajo, abandonados a la miseria. Hoy, después de haber sido muertos a tiros más de 20, detenidos un centenar y ahuyentados por el terror muchos de los restantes, quedan en el pueblo 450, de los cuales trabajan sólo 30.

* Se da el subsidio de una peseta a los casados sin familia y una cincuenta a los que la tienen. Ese subsidios no es diario, y cuando lo dan es a través del sacerdote, que lo acompaña con pláticas de carácter político. Vive esta inmensa mayoría de jornaleros en chozas miserables, hechas con barro y paja.

* Los campesinos que se alzaron el día 10 de enero lo hicieron con el deseo de distribuir las tierras en cultivo y roturar las yermas, acuciados por la necesidad. Se hicieron dueños del pueblo a la voz de «¡La tierra es de todos!» y «¡Se han acabado las limosnas!». Ya es sabido que llaman «limosnas!» al subsidio de paro.

* Antes de atacar a la Guardia Civil, los campesinos agotaron todos los medios de persuasión.

* Dueños del pueblo, su única preocupación fue ordenar la distribución de las tierras. Ni las casas de los propietarios, ni la iglesia fueron atacados. Siendo totalmente dueños de la aldea, lo que adquirieron en la tienda de víveres lo pagaron.

* Las fuerzas de represión llegaron y ocuparon militarmente el pueblo. Dispararon sobre los dos únicos vecinos que vieron en la calle. Los dos iban sin armas. Uno quedó muerto en el acto, y el otro fue trasladado al hospital de Cádiz, donde se encuentra, con una herida de bala, que lo atraviesa a la altura del costado.

* Registraton casas y chozas, y en una de ellas mataron a un viejo de setenta y cuatro años, llamado Barberán, que se hallaba con un nieto de once años. Aunque estaba sin armas, parece que protestó de palabra contra las violencias de los guardias.

*Estos bloquearon durante toda la noche la choza del «Seisdedos» y la atacaron con fusiles, ametralladoras, bombas de mano y teas encendidas.

*En la choza estaban cuatro hombres y dos mujeres, que murieron abrasados. Algunos que quisieron huir fueron cazados a tiros.

* Los detenidos que llevaban consigo los guardias eran conducidos a puntapiés y a culatazos. Algo después de medianoche enviaron a parlamentar a uno de ellos, maniatado. Cuando regresaba hicieron fuego caprichosamente sobre él y lo mataron. Al amanecer mataron también a tiros a los restantes detenidos. Para ello bastaba con la sospecha de que hubieran podido intervenir en la organización del levantamiento. Un guardia civil se opuso a que siguieran los fusilamientos; pero no le hicieron caso.

* Los guardias de asalto fusilaron a algunos detenidos tras de las cercas donde estaban parapetados, y trasladaron los cadáveres a la choza de «Seisdedos». A otros los hicieron ir por su pie a la choza y los fusilaron allí. Hecho esto continuaron registrando casas y deteniendo campesinos. Como la mayor parte habían huido al campo -más de 400-, muchos con la mujer y los hijos, no pudieron detener más que a unos 50. Los restantes, hasta el centenar, los detuvo la Guardia Civil después, a medida que se presentaban.

* Un guardia disparó delante del juez de instrucción contra unas chumberas, donde creyó ver a un campesino. Lo hizo alegremente, advirtiendo:

-Por allí asoma la pestaña un manús.

* Otros detalles como éste, fácilmente comprobables, dan idea del estado moral de los guardias, de su absoluta confianza en la irresponsabilidad de sus actos, y esa confianza, conociendo lo estrecho de la disciplina de los Cuerpos armados, sólo podía dársela el mando, que, a su vez, la habría adquirido gracias a órdenes superiores.

* Están aún por identificar los restos carbonizados en la choza de «Seisdedos». Como varios de los cadáveres arrojados al fuego por los guardias pudieron quemarse, aunque la mayor parte aparecían sólo chamuscados, en el pueblo no se sabe aún si algunos de los desaparecidos viven o fueron muertos allí. Los identificados llegan a 19. Fuera del pueblo ha muerto una mujer por malos tratos. Había sido detenida y era conducida a Medina Sidonia. En el pueblo murió una anciana -la madre del «Gitano» - de terror. El herido que se encuentra en el hospital de Cádiz no ha curado aún. Entre los detenidos hay enfermos por malos tratos, a los que no permiten visitar.

Estas son -expuestas sumariamente- las conclusiones ciertas e inequívocas de lo ocurrido en Casas Viejas. El gobierno republicano y socialista puede que todavía no haya tenido tiempo de enterarse, preocupado por la «siembra de avena loca» a orilla del Henares. Esta preocupación no está en absoluto fuera de lógica. Responde exactamente al estado de conciencia, que hace posible la falta de control sobre los órganos del Estado. En el caso más favorable para el Gobierno, esa falta de control pudo determinar lo de Casas Viejas. Si es admisible o no ese argumento para la oposición, allá ellos. Por nuestra parte, no lo aceptamos, porque aunque las apariencias sean ésas, no creemos en la «falta de control». Ni cree Casares Quiroga. Se la brindamos, sin embargo, al Gobierno como un asidero. Inseguro y todo, no hay otro. Por infantil que sea -se limitarían a reconocer su incapacidad-, siempre será más lógico que algunos argumentos que en su desconcierto han aducido. El subsecretario de Gobernación, al contestar en el Congreso a un diputado que preguntaba: «¿Cómo es que en la choza de «Seisdedos» aparecieron un par de esposas?», respondió recordando que el detenido que fue a parlamentar iba esposado y quedó muerto junto a la choza. La verdad de esas esposas era más sencilla. Se la vamos a brindar al Gobierno, por si vuelven a plantearle la misma cuestión. El guardia muerto y quemado después en la choza llevaba, probablemente como todos, en el bolsillo uno o dos pares de ese artefacto. Estaríamos dispuestos a darles otros argumentos, todos aquellos que de los hechos se pueden deducir como atenuantes. Entre todos juntos no lograrían hacer palidecer en lo más mínimo su responsabilidad como gobernantes y la del sistema al cual sirven. No es eso. El detalle no importa. Si los «relatos realistas» -como dijo Azaña, que cree, sin duda, más eficaz que el realismo en la política el lirismo del Arcipreste de Hita- se apoyan en el detalle, es para destacar la configuración política del hecho en su conjunto. Eso es necesario para que el país conozca la verdad y pueda deducir las responsabilidades e imponerlas ejemplarmente. No es sólo cuestión de un par de esposas de metal. Los 19 muertos acusan y seguirán acusando. Como tampoco es cuestión de este Gobierno, ni del otro. La cosa es más profunda. Es una cuestión de sistema. ¿Qué dice usted, Bruno Alonso? ¿Qué nueva lógica oportunista y maquiavélica encontrarán para este caso los dirigentes socialistas? Porque la base hace tiempo que ha calificado los hechos.

Cierra España.

Crónica del pueblo en armas

Ramón J. Sender - 1936, Páginas 35-47

... En los años 1921, 1922 y 1923 ocurrieron hechos que tuvieron una gran importancia en la vida de los pueblos del Mediterráneo, especialmente en Italia y en España. El pueblo español padeció las consecuencias de la política militar de la monarquía. El rey Alfonso XIII, que no había sido nunca más que un pelele trágico, demostró su peligrosa inconsciencia animando bajo mano al general Silvestre para que invadiera y saqueara algunos rincones de Marruecos, a donde no había podido llegar aún la acción imperialista de la monarquía. En julio de 1921, los rifeños dirigidos por Abd-el-Krim coparon las posiciones nuestras de la vanguardia y continuaron en su avance hasta derrotar todas las fuerzas de la comandancia de Melilla, en número de cerca de quince mil. Murieron más de doce mil soldados abandonados por sus jefes. El pueblo español se vió herido en lo más vivo de sus sentimientos y en lo más sagrado de sus intereses y comenzó a clamar venganza. Huelgas políticas, mítines, protestas callejeras. Las armas del pueblo, que desde la primera República no quería ya contar sino con sus propias fuerzas, agitaron la vida del país. A las primeras Cortes fueron más representantes populares que nunca y naturalmente los socialistas y los republicanos acordaron exigir responsabilidades por la catástrofe de Marruecos. El primer responsable era el rey, quien se apresuró a organizar en la sombra su propia defensa. Entretanto, en Italia, se había refrenado un extenso movimiento popular de liberación, por la intervención de las hordas fascistas que adulando a los reyes, a los grandes banqueros y a la Iglesia llegaron a obtener todo el aparato de combate y represión del Estado con el cual cayeron sobre el pueblo asesinando y robando a mansalva. No se detenían ante los viejos indefensos ni ante los niños. En Italia, como en todo el mundo, la cultura verdadera estaba al lado del pueblo, y los fascistas, defendiéndose de ella, cerraron centros de estudio, Universidades y persiguieron y mataron a hombres de ciencia que eran admirados y respetados en todos los países. Lograron por fin hacerse los amos, aunque no consiguieron aniquilar las organizaciones de defensa del pueblo, que con el nombre de partidos obreros -socialista y comunista- o de grupos libertarios, siguieron actuando heroicamente en la sombra. Ese movimiento repercutió en la camarilla real de España y el rey soñaba también con un Mussolini que lo salvara de las responsabilidades de Marruecos.

A las organizaciones obreras españolas se sumó otra que participando de las mismas aspiraciones de los socialistas y los anarquistas poseía una táctica de lucha diferente. Esta táctica había salido de las experiencias recentísimas de la revolución rusa. Su teoría, hermana por su origen de la socialista y la anarquista, difería de estas dos en los procedimientos. Lenin, el triunfador de octubre en Rusia, había completado en algunos aspectos la teoría de Marx y con la autoridad que le dió el triunfo ejercía una influencia enorme en las juventudes obreras de todo el mundo. El nuevo partido obrero español era el partido comunista. Como las tres corrientes eran y son internacionalistas, su disciplina se regía por los acuerdos tomados en los Congresos mundiales de sus internacionales respectivas. Los anarquistas seguían fieles a la I Internacional, los socialistas a la II, y los comunistas a la III, que se constituyó en Moscú después del triunfo de los trabajadores rusos. La historia ha demostrado que las diferencias de táctica y de ideología que hicieron constante y viva la discusión entre las tres tendencias, habrían de desaparecer siempre que ante el pueblo trabajador se presentara un peligro grave.

Alfonso XIII, alentado por la experiencia de Italia y viendo que de las averiguaciones del proceso sobre la catástrofe de Melilla iba a derivarse enseguida el problema de su propia responsabilidad, se puso de acuerdo con sus generales y encargó a Primo de Rivera que se sublevara. Naturalmente, el rey se quedó detrás de la cortina esperando que el golpe de Estado triunfara. Era el último desesperado intento de la monarquía española para aplastar al pueblo, cuyos avances continuos amenazaban arrollarla. Y el 13 de septiembre de 1923 Primo de Rivera, hijo de aquel otro que traicionó al pueblo en el año 1875, se alzó en Cataluña. El rey aprobó el movimiento y dió el Poder a ese general. Los anarquistas (Confederación Nacional del Trabajo) decretaron la huelga general. Los socialistas acordaron quedar a la espectativa y movilizar sus fuerzas según el rumbo de los acontecimientos. Pero Primo de Rivera, que sabía bien todo el volumen de las organizaciones obreras, trató de conseguir su tolerancia prometiendo «respeto para las conquistas de los trabajadores». Aunque la C.N.T. fué disuelta, su acción constante continuó, pero reducida a los grupos de acción clandestina. La U.G.T. permaneció alerta y no se entregó francamente al combate por no comprometer sus cuadros sindicales. Por el contrario, logró con una acción cautelosa mejoras de carácter económico para sus afiliados. Era ya entonces secretario general de la U.G.T. Largo Caballero. Esa actitud de la U.G.T. fué muy discutida entre los trabajadores, pero se acabó por reconocer que fué prudente y beneficiosa.

Una vez más todas las fuerzas de opresión del pueblo se propusieron ir destruyendo una por una nuestras resistencias. Una parte de los viejos políticos monárquicos, despechados por lo que consideraban un desaire personal de S.M. (el más significado, Sánchez Guerra) otros sinceramente enemigos del absolutismo como Ossorio y Gallardo, gran número de hombres de ciencia como del Rio Hortega, grandes escritores como Azaña, Valle Inclán, toda la prensa liberal, la gran mayoría de los estudiantes, y los trabajadores en pleno, oponían una resistencia sorda a la dictadura militar. Pero esta poseía un «ej ército del rey» y a su cabeza a los responsables de la catástrofe de Marruecos. Así y todo, la conspiración era permanente y se intentaron tres sublevaciones que si no lograron su objeto minaron la base de la dictadura. La primera fué en junio de 1926 -la noche de San Juan-. La segunda, en enero de 1929. La tercera, en diciembre de 1930. Entretanto, hubo episodios aislados en los que demostraron su heroismo una vez y otra los trabajadores y en cuya represión se puso de relieve la crueldad de los dictadores. El más memorable fué el llamado de Vera del Bidasoa. Además de las víctimas producidas en el momento de la lucha, fueron ejecutados cuatro obreros «por sospechas», después de haber sido absueltos por un tribunal. El último movimiento contra la dictadura fué el que preparó y dirigió el capitán Fermín Galán, hoy héroe nacional, en Jaca, en diciembre de 1930. Después de haber sido derrotado por una fuerte columna que salió de Zaragoza y a cuyos soldados se engañaba diciendo que iban a defender a España contra una invasión francesa, Galán y otro oficial llamado García Hernández se entregaron, para evitar que las responsabilidades cayeran sobre otros prisioneros. Los dos fueron ejecutados en la tarde del domingo 14 de Diciembre, sin que el juicio hubiera revestido formas legales. Esos crímenes conmovieron una vez más la conciencia nacional y el país se hallaba agitado por una sorda indignación. No tenía la Dictadura otro apoyo que el de las armas y este tampoco era seguro, porque la propaganda entre los soldados hacía a éstos cada día más conscientes de su deber. Además, en este último periodo de la Dictadura se desarrolló poderosamente el partido comunista, reorganizó sus cuadros la Confederación Nacional del Trabajo, se organizaron los escolares fuertemente en la famosa FUE y Largo Caballero la Unión General de Trabajadores consideraron también llegado el momento de emplear a fondo sus fuerzas. Ante estos acontecimientos que amenazaban por momentos con la ruina de la Dictadura, el rey intentó satisfacer a la opinión pública, aunque teniendo muy en cuenta el peligro que podía correr la monarquía. Destituyó a Primo de Rivera y nombró en su lugar a Berenguer, que había sido Alto comisario en Marruecos cuando la catástrofe y que compartía con el rey las mayores responsabilidades. Se acordó convocar a elecciones municipales y para ello, cumpliendo la Constitución por vez primera desde hacía siete años, se abrió un periodo de libertad de organización, de expresión y de propaganda. Fue levantada la censura de Prensa. Después de muchos años, el pueblo iba a elegir sus propios órganos municipales de poder. Entretanto los miembros del comité revolucionario del movimiento de diciembre estaban en la cárcel o recluidos en la clandestinidad. Entre estos últimos figuraba el actual Presidente de la República popular don Manuel Azaña y otros que prestaron y prestan también grandes servicios a la democracia. Solo por la confusión que en los primeros momentos suele acompañar a las revoluciones, pudieron unir sus nombres a esos otros nombres gloriosos, dos traidores que han tenido que salir de España huyendo de la justicia popular: Niceto Alcalá Zamora y Alejandro Lerroux.

Las elecciones municipales, en las que ni el rey ni Berenguer se atrevieron a intervenir para falsearlas como otras veces porque el ambiente popular era demasiado amenazador, se celebraron el 12 de abril de 1931. Dos días después se conocieron los resultados. De 47 provincias, cuarenta votaron íntegramente las candidaturas republicanas. El triunfo de la República fué una lección de civismo y de orden para el mundo entero. Los municipios, perseguidos a través de los siglos por el absolutismo acabaron por fin con todo género de monarquías, se llamaran constitucionales o absolutas. Verdad es que desde las Cortes de Cádiz (1812) el pueblo español no había podido expresar su voluntad. Aconsejado el rey por sus viejos políticos y después de oir de labios del director de la Guardia civil que esta no haría fuego contra el pueblo ya que había puesto la monarquía la cuestión de régimen en sus manos, Alfonso XIII acometido del pánico huyó a Francia, dejando en Madrid a su familia, que tuvo que ser protegida de las iras populares por los jóvenes de las organizaciones obreras que con brazaletes rojos se habían constituido en «guardias cívicos».

Fué una semana de regocijo nacional, de verdadera alegría civil. Todo el pueblo español confiaba en el Gobierno provisional y este comenzó su labor en medio de las mayores facilidades. Se convocaron Cortes constituyentes, y se elaboró una Constitución progresiva, evolutiva, con grandes horizontes de justicia social. Los socialistas y los partidos republicanos habían alcanzado una gran mayoría que facilitaba las tareas legislativas. Una parte de la aristocracia y la nobleza se resignaba; otra -la mayoría- trataba de sacar apresuradamente sus riquezas de España, mientras escuchaba los consejos de la Iglesia que le mandaba resistir y oponerse con las armas. El 10 de agosto de 1932 algunas unidades armadas se sublevaron al mando del general Sanjurjo. Quedó indecisa otra parte del ejército. Pero unas horas de lucha bastaron en Madrid para aniquilar a los rebeldes en la plaza de Castelar, con la sola acción de los guardias de Asalto dirigidos personalmente por Arturo Menéndez, Director general de Seguridad que después ha dado su vida por las libertades del pueblo.

En Sevilla, donde estaba la base de la sublevación, las organizaciones obreras comunista, socialista y anarquista bastaron para reducir a la impotencia a Sanjurjo. El resto del Ejército se mantuvo fiel, porque aunque los mandos seguían siendo «los mandos del rey», temían a las tropas que cada día se hallaban más identificadas con el pueblo. Pero a partir de aquel movimiento las clases adineradas y sobre todo la Iglesia, que quería impedir a todo trance la legislación laica, comenzaron a conspirar y a organizar la lucha política y la sublevación armada. Respetuosa con las leyes populares, la acción del Gobierno no se salía del marco constitucional, lo que permitía ciertas ventajas a los enemigos de la República. Entre estos había varios potentados y el mayor de todos, March -hoy huidos de España por miedo a la responsabilidad de sus propios crímenes- que facilitaban dinero. La Iglesia hacía el resto. Con estos elementos y con la ayuda oculta de Alcalá Zamora y la circunstancia de ir a las elecciones separados los partidos obreros de los republicanos, las viejas sectas monárquicas, fascistas al estilo italiano y clericales, obtuvieron muchos más diputados que la vez anterior. Sin embargo no tenían fuerzas bastantes para gobernar, pero Alcalá Zamora quería a todo trance darles el Poder y después de unos gobiernos puentes sin ninguna autoridad -Samper, Lerroux el traidor- que iniciaban tímidamente el camino hacia el despotismo, un día de octubre de 1934 Alcalá Zamora quiso dar el poder a los enemigos de la República. Todos los trabajadores de España se alzaron para impedirlo. No disponían de armas, pero las conquistaron en muchos lugares a pecho descubierto y en toda Asturias y en otros lugares de España se escribieron páginas de un heroísmo sublime. Las Alianzas obreras, constituidas poco antes ante el peligro que se aproximaba, quedaron consolidadas con lazos de sangre. Sofocada la rebelión a fuerza de martirios y crueldades, cuyo relato recorrió el mundo entero y llenó de ira a los trabajadores de todos los países, quedaron disueltas las organizaciones obreras, pero solo en el deseo de los gobernantes, porque tanto el partido comunista -que había echado ya hondas raíces en el pueblo y en la masa trabajadora- como los anarquistas y socialistas, conservaron sus organizaciones y realizaban perfectamente la labor de agitación clandestina, de ayuda a las víctimas del terror y a sus familias y de ocultación y expatriación de los más comprometidos. Entretanto el jefe del movimiento clerical español, Gil Robles, que había obtenido el ministerio de la Guerra, acumulaba material de guerra en lugares estratégicos y mandaba construir defensas y comprar armamento moderno con vistas a un golpe de Estado, para el cual comprometía con dádivas y con todo género de medios a la mayoría de los generales y jefes del ejército. Esto lo sabían Alcalá Zamora y Lerroux. El primero estaba comprometido desde el primer momento en el movimiento. El segundo, viejo avaro y deficiente mental, les dejaba hacer mientras saqueaba las arcas del Tesoro.

 

Era tan escandalosa su actuación que los funcionarios de la Presidencia del Consejo de ministros aseguraban haber oído en la puerta del Presidente al despedirse este de un banquero o un alto industrial, las siguientes frases. El industrial preguntaba: «¿Hay que entregarlo todo ahora?» Y el Presidente contestaba muy afable: «No. El resto, a la aparición del decreto en la Gaceta ». Este ambiente llegó a hacerse público y los reiterados escándalos por un lado y la acción de las organizaciones obreras exigiendo justicia por la represión horrenda de octubre, obligaron a Alcalá Zamora a abrir periodo electoral suprimiendo la censura de Prensa y permitiendo libertad de propaganda. Manuel Azaña que había sido blanco de las persecuciones de las derechas en una forma verdaderamente encarnizada, fué señalado por el pueblo desde octubre de 1934 como su verdadero jefe y el héroe auténtico de la democracia española. Cada mitin, cada actuación suya constituía una ejemplar derrota de las castas reaccionarias. Concentraciones de quinientos y seiscientos mil ciudadanos acudían a oír su palabra donde quiera que hablara. El pueblo veía en él la revolución democrática indispensable para el afianzamiento y el desarrollo de la vida nacional por cauces de verdadera justicia social. Y las elecciones de febrero último (1936) fueron un triunfo tan rotundo como el del año 1931. Los verdaderos republicanos habían constituido con los partidos obreros el Frente Popular, por feliz iniciativa del partido comunista. Y el triunfo fué rotundo. Otra vez volvió el optimismo al pueblo, pero lleno ya de experiencias y de enseñanzas. Veíase con toda claridad el problema de la revolución democrática. Habíamos visto que los partidos republicanos no pudieron hacerla, en los años siguientes al 12 de abril. Habíamos visto también que la Iglesia, la aristocracia y el fascismo no habían podido evitarla a pesar de emplear en ello todas sus fuerzas. Eran los trabajadores quienes estaban llamados a hacerla. Su vanguardia, el proletariado, encuadrado por las organizaciones obreras de las tres tendencias, la llevaría a cabo.

Y pocos meses después de constituirse el Gobierno del Frente Popular, fortalecidos los fascistas por el dinero de March, la organización militar de Gil Robles, las armas adquiridas por la Iglesia y la codicia de la nobleza y la aristocracia, se alzaron todos contra la República popular. Comenzó el movimiento con la traición de varios generales en quienes la República había depositado su confianza. Algunos de ellos han pagado la traición con la vida. Los nombres de los otros no queremos escribirlos por no manchar con ellos estas páginas. Confundiendo y engañando a los soldados, a quienes decían que iban a defender la República, e intercalando entre ellos a curas, señoritos vagos, fascistas, aristócratas, usureros, rentistas, y todo género de elementos in útiles y dañinos para la salud del pueblo, bien armados todos por el dinero de los potentados y por los elementos que puso en sus manos Gil Robles mientras estuvo en el Poder, iniciaron el 18 de julio el movimiento más lleno de crímenes y de monstruosidades qu e registra la Historia de España y que recuerda ningún país civilizado del mundo. Pero si casi todo el ejército alzó sus armas contra el Gobierno del Frente Popular y contra el pueblo mismo, éste poseía todo lo necesario para dar la batalla con éxito. El pueblo tenía ya sus vanguardias dispuestas, sus lugares de combate, su espíritu presto al heroísmo y si hacía falta, al sacrificio. Lo único que no tenía era armas y esas las conquistó asaltando los cuarteles sublevados de Madrid, pidiendo al Gobierno las que el Gobierno pudo darle. Militares que hacían de su lealtad al pueblo un motivo de orgullo profesional, pusieron su pericia y su valor al lado de la causa popular. Guardias de asalto, guardias nacionales, algunos centenares de policía civil y sobre todo la mayor parte de los equipos de aviación militar y de la marina de guerra, con sus bravos pilotos y bombarderos, siguieron fieles al pueblo y este, tomando las armas, resistió, atacó y venció en todos aquellos lugares a donde pudo llegar antes de que los fascistas y los enemigos de la República popular pudieran fortificarse. Se tomaron por asalto Carabanchel, El Pardo, Guadalajara y Toledo después de sometidos los rebeldes de Madrid. Se cortó el paso en la sierra a las bandas de forajidos cabileños en cuyas manos habían puesto la defensa de lo que ellos llamaban «patria» y lo que ellos llamaban «religión». Los obreros catalanes, en unión de las tropas fieles a la República, batieron heroicamente a los reaccionarios y los echaron de la región mientras, desesperados y entregados a la ira y al despecho, los que se llaman cristianos y hombres de orden se dedicaban en las ciudades donde todavía no han podido llegar nuestras tropas, nuestras heroicas milicias populares, nuestros artilleros, el ejército, en fin, del pueblo, a fusilar en masa a los liberales, a los republicanos, a los socialistas, anarquistas y comunistas. Contra la catedral de Córdoba y en nombre de no sabemos qué religión han sido fusilados centenares de trabajadores. En los cuarteles de Huesca, Zaragoza, Valladolid, Burgos, Salamanca, Badajoz y Sevilla se cometen a diario crímenes sin nombre. En Caspe, los «caballerosos» rebeldes se defendían de nuestros ataques parapetándose en niños de ocho y diez años sobre cuyos frágiles hombros apoyaban el fusil. Pero a cada uno de sus crímenes el pueblo contesta organizando nuevos batallones y enviándolos a los distintos frentes. Los campesinos en Andalucía, Castilla y Aragón, lo mismo que en el resto de España, atacan victoriosamente al enemigo o resisten con armas de caza y hasta con los utensilios de trabajo conteniendo al enemigo hasta que pueden establecer contacto con nuestras columnas y en cada mujer, en cada anciano, en cada niño vemos un gesto de ira, un clamor de venganza y también una disposición entusiasta para el trabajo disciplinado en las tareas auxiliares de la guerra.

En toda España se ha encendido de nuevo la guerra que comenzó en Valencia hace cuatro siglos con la defensa de las «germanías», que siguió en Castilla con la defensa de las «comunidades», que continuó Aragón con la defensa de sus libertades contra Felipe II, que volvió a encenderse en toda la península contra Napoleón y los nobles españoles que lo traían en andas y que mantuvo al país, a lo largo del siglo pasado, en un forcejeo sangriento.

Hoy el pueblo ha conquistado el mejor elemento de combate, la conciencia de su propia fuerza organizada. Repite en todas partes el grito sagrado: «No pasarán». Y une sus voluntades y sus energías para aniquilar a los enemigos. ¡No pasarán, clama España entera! Millares de hijos del pueblo han perdido la vida, pero sus nombres quedarán vivos eternamente en el corazón de los trabajadores del mundo entero. El pueblo tiene sus vanguardias diestras y ágiles, tiene sus jefes técnicos, tiene sus armas, (las que fueron siempre suyas y los reyes y los Gobiernos ponían en manos de sus enemigos). No las soltarán ya mientras haya enfrente un culpable. Mientras la República popular que está naciendo y vigorizándose con la sangre de los que caen, tenga un peligro y una amenaza delante.

Frente del Guadarrama, 10 de septiembre de 1936

Cierra España.

Tanta depuración hace suponer una sublevación popular.

Decreto del gobierno de la República gobernada por el Frente Popular: depuración (Gaceta de Madrid 22/7/1936)

Gaceta de Madrid, (BOE de entonces), miércoles 22 de julio de 1936, nº 205, página765:

"Por acuerdo del Consejo de Ministros y a propuesta de su presidente. Vengo a decretar:

Artículo 1º.- El gobierno, por Decreto acordado en Consejo de Ministros, dispondrá la cesantía de todos los empleados que hubieran tenido participación en el movimiento de subversión o fueran notoriamente enemigos del régimen, cualquiera que sea el Cuerpo a que pertenezcan, la forma de su ingreso y la función que desempeñen, ya se trate de funcionarios del Estado o de empleados de Organismos o Empresas administradores de Monopolios o Servicios públicos.

Artículo 2º.- El Gobierno dará cuenta a las Cortes del presente Decreto.

Dado en Madrid, a veintiuno de julio de mil novecientos treinta y seis.

MANUEL AZAÑA El presidente del Consejo de Ministros y ministro de Marina, José Giral Pereira"

Decreto de Largo Caballero y Azaña por el que se depura a los enemigos del Régimen (Gaceta de Madrid 29/9/1936)

D. 27/9/36.- "El nuevo estado de cosas que las circunstancias impone, exige una revisión y depuración en los funcionarios públicos (...)// Hasta ahora los diferentes Ministerios y Centros han ido realizando la depuración que se ha estimado más urgente; pero entiende el gobierno que es preciso resolver el problema unificando la acción en vez de acuerdos parciales y personales (...)".

A continuación suspende de todos los derechos a los funcionarios de todos los ministerios y centros en que trabajen, sea cual sea su situación administrativa (excepto instituciones y cuerpos armados) (art. 1º).

Los que quieran reintegrarse lo deberán pedir en un mes rellenando el cuestionario que la administración le entregará (art.2).

Cuestionario obligatorio de los funcionarios públicos para no perder su puesto (Gaceta de Madrid del 30/9/36 y otras posteriores)

Ese "cuestionario" consiste en un documento que en medio de una sangrienta guerra civil debía uno contestar a preguntas como las siguientes:

"A qué partido político ha pertenecido desde el 18 de julio, y antes del 18 de julio".

"A qué partido político ha pertenecido entre octubre de 1934 y febrero de 1936"

"A qué sindicato pertenece o ha pertenecido, a qué organizaciones sociales"

"¿Si ayuda al Gobierno de la República a luchar contra el movimiento faccioso, y como?"

"¿Qué pruebas o garantías puede aportar de su lealtad a la República"

Estas preguntas fueron aprobadas por Orden ministerial de 29/9/36 de Wenceslao Flors).

El Ministerio de Obras Públicas añadía una pregunta:

"Exponga el concepto que tiene de sus deberes para con la República y su Gobierno en los actuales momentos".

El Frente Popular: notario de adhesión a la II República

De. 31/7/36 priva de todos los derechos económicos a los militares retirados salvo que (artículo 2º) acrediten con una certificación de los organismo militares al servicio del Régimen o de los organismos políticos y sindicales afectos al Frente Popular, que durante el movimiento subversivo prestaron su adhesión de una manera franca y leve al Gobierno legalmente constituido" (Gaceta de 1/8/36)

Gaceta Madrid 3/9/36.- Para ser admitido en curso de observador de aeroplano se exige que la lealtad al régimen la acredite un "certificado expedido por cualquiera de los partidos políticos o agrupaciones sindicales afectos al Frente Popular"

Gaceta de Madrid 14/9/36.- Para ser piloto de aviación de la "república" el certificado de lealtad tienen que emitirlo los partidos y sindicatos del Frente Popular.

Programa electoral del Frente Popular (puntos sobre depuración) Publicado en "Mundo Obrero del 15/2/36)

"14) Desarme y disolución de todas las instituciones monárquicas y fascistas. Clausura de sus centros y clubs de conspiración, y confiscación de sus propiedades y bienes.

15) Depuración del Ejército y de todas las instituciones armadas, de los oficiales monárquicos y fascistas.

16 )Creación de una milicia popular armada, formada por obreros y campesinos.

17) (aquí prohíbe a la policía las detenciones y tomar declaraciones a los detenidos por delitos).

18) Reforma de la Administración pública en todas sus esferas. Depuración de la Administración de todos los elementos monárquicos, fascistas y enemigos del pueblo (concepto éste que incluye a cualquiera, aun por razones de credo religioso).

19) Estrechar las relaciones con la URSS y apoyar su política de paz.(.....)"

Depuración en la enseñanza

Decreto 31/7/36.- (Gaceta de Madrid de 1/8/36) Cesa a todos los directores de los centros docentes de España por aplicación del decreto de cesantía de 21/7/36. En varias Gacetas salen los nombres de miles de profesores y maestros cesados por sospechosos de no estar conforme con el régimen.

D. 31/7/36 declara el cese por aplicación del Decreto de depuración de 21/7/36 a numerosos profesores y maestros.

Gaceta 19//836 se nombra director del Instituto Luis Vives de Valencia al arquitecto Emilio Artal Fos (cargo de Izquierda Republicana) con lo que los del Frente Popular sustituyen a todos los cargos en el resto de centros (este nombramiento es sólo uno de tantos y a modo de ejemplo). Por cierto que Artal huyó a la Argentina ese mismo año, regresando a España en 1946 sin que él sufriera persecución).

Gaceta de Madrid 13/9/36 declara cesante al futuro conocido profesor universitario Diego Sevilla Andrés.

Decreto 19/9/36 "Los enemigos de la República no son acreedores a recibir enseñanza de ésta ni pueden aspirar a los títulos académicos que les exalten a puestos de dirección o responsabilidad en ella" Por ello suspende todos los derechos académicos adquiridos por los alumnos de enseñanza oficial y libre (artículo 1º). El artículo 2º establece que para matricularse y ser admitido a examen deberán pasar previamente por un comité seleccionador formado por representantes de la Federación Universitaria Escolar (FUE), un representante del Comité Provincial, local o profesional, del Frente Popular y el director del centro de estudios". En las escuelas normales establece que en el comité depurador también intervenga un representante de la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza (FETE), sección normalistas.

 

D. 19/9/36.- Las Juntas de Gobierno de la Universidad estarán formadas por el Rector, Vicerector, decanos y secretarios de las facultades y cuatro estudiantes universitarios de los tres últimos cursos designados por la Federación Universitaria Escolar (FUE) de cada Universidad.

Depuración en la medicina

D 31/7/36 Declara disueltas todas las Juntas Directivas de los Colegios de Médicos provinciales (sus funciones luego serán desarrolladas por miembros del Frente Popular). Gaceta 1/8/36

Funcionarios municipales y provinciales

(Gaceta de Madrid de 3/8/36) D. 2/8/36 autorizando a los gobernadores civiles a cesar a los empleados provinciales o municipales que participaran en el movimiento "o fueran notoriamente enemigos del régimen, cualquiera que sea el cuerpo a que pertenezcan, la forma de ingreso y la función que desempeñen" Firmado Azaña y Giral.

Comisión del corcho (el corcho también debe ser depurado y del Frente Popular)

Decreto de 11/8/36 (Gaceta 12/8/36) "las actuales circunstancias exigen una depuración rigurosa en todos los organismos oficiales relacionados con las actividades económicas." Por ello disuelve la Comisión Mixta del Corcho creada por D. 13/5/32

También los diplomáticos se han sublevado o al menos también son depurados

Gaceta de Madrid de 23/8/36. D.21/8/36.- "La actitud adoptada por gran número de miembros de la carrera diplomática (...), abandonando colectivamente sus puestos (....)" lleva al gobierno de Madrid a disolver la carrera diplomática tal y como está constituida

Depuración judicial generalizada

Gaceta de Madrid 22/8/36.- Decreto por el que el gobierno podrá separar preventivamente del servicio activo a todos los funcionarios incursos en el Decreto de 21/7/36 (de cesantías) y que tengan conductas que exijan justificación.

Gaceta del 1/9/36 (Orden 28/8/36) Establece que la Junta de Inspección de Tribunales encargada de investigar la ACTITUD Y LA ADHESIÓN AL RÉGIMEN de los funcionarios de la Administración de Justicia pase sus resultados al Fiscal cuanto están finalizados.

Controlar las mentes políticas de las tropas republicanos con comisarios.

Gaceta de Madrid 16/10/36. Orden que crea el Comisariado General de Guerra para "ejercer un control de índole políticosocial sobre los soldados, milicianos y demás fuerzas armadas". Luego nombra comisario general a Julio Álvarez de Vayo (futuro creador del grupo terrorista FRAP) y subcomisario, entre otros, a Ángel Pestaña Núñez.

Ministro de Instrucción Pública en 1936 (Jesús Hernández)

"Es preciso depurar el personal docente, desde los organismos superiores de cultura hasta la escuela primaria (...) Es necesaria, irremediable, la eliminación de todos los profesores y maestros no afectos y muy atentamente, al señorito fascista, al parásito amparado en títulos académicos, he de depurar el cuerpo estudiantil en las universidades e institutos" "Mundo Obrero", 12/9/1936

Los abogados y la abogacía en general también es depurada por el Frente Popular

Decreto 27/7/36.- "Abandonadas por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid las funciones que le estaban atribuidas y constituida aquella en su inmensa mayoría por elementos desafectos al régimen y en simpatizante connivencia con los alzados contra la República, una nutrida representación de letrados afectos a la República, de acuerdo con los componentes del Frente Popular, se han incautado de dicho Colegio y han designado una Junta Directiva, que se ocupa de las finalidades propias de dicha institución, prestando al Gobierno toda clase de colaboración" A continuación nombra decano a Francisco López de Goicoechea y a los diputados (Gaceta de Madrid de 30/7/36).

Decreto 31/7/36.- "Siendo conveniente que las funciones atribuidas a la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid sean ejercidas por elementos afectos al régimen y teniendo en cuenta que una nutrida representación de Procuradores que componen dicho Ilustre Colegio, de acuerdo con los componentes del Frente Popular, se han incautado del mismo, designando una Junta Directiva que se ocupe de las finalidades propias de dicha institución, prestando al Gobierno toda clase de colaboración, de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del de Justicia, vengo en decretar ...." Nombra decano a Eugenio Ruiz Gálvez y a los vocales.

D. 1/8/36 "Constituida la Junta de la Academia Nacional de Jurisprudencia y Legislación en su gran mayoría por personas que en los actuales momentos y por su actitud pasiva -traducida en la interrupción de la vida académica- no se han hecho acreedores a la confianza del Gobierno para continuar rigiendo un organismo dependiente del Ministerio de Instrucción Pública, un grupo de Académicos afectos a la legalidad, de acuerdo con los componentes del Frente Popular y en nombre del Gobierno de la República, se han incautando de dicha Corporación, designando una Junta que se ocupa de las finalidades de dicha institución, pastando al gobierno toda clase de colaboraciones" Decreta como presidente a Luis Jiménez de Asúa y nombra el resto de cargos (entre ellos a Ángel Galarza Gago y Alejandro Polanco González).

http://www.memoriarepublicana.com/Documentos/Depuracion/depurrepub.html

Cierra España.

Éste fue el comienzo de ocho años de gobierno republicano y la caída de la monarquía con el derrocamiento de Alfonso XIII.

“No estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. No hay más que una nación: ¡España! Antes de consentir campañas nacionalistas que nos lleven a desmembraciones que de ningún modo admito, cedería el paso a Franco sin otra condición que la que se desprendiese de alemanes e italianos".

Juan Negrín (President del Govern de la República Espanyola 1937-1939)

La Segunda República Española fue el estado democrático y republicano que existió en España en el período que abarca desde el 14 de abril de 1931, fecha de proclamación de la misma y de la salida de España del Rey Alfonso XIII, al 1 de abril de 1939, fecha de la victoria definitiva del Bando Nacional en la Guerra Civil Española que siguió al Alzamiento Nacional del 18 de julio de 1936.

Éste fue el comienzo de ocho años de gobierno republicano y la caída de la monarquía con el derrocamiento de Alfonso XIII.

Resultados de las elecciones a Cortes Republicanas.

28 de abril de 1931

PSOE 114

PRR 89

PRS 55

Republicanos de centro 50

Nacionalistas de derecha (PNV, Lliga) 19

Republicanos de centro 50

ERC 36

Otros 34

AR 30

Agrarios 24

ORGA 19

Las causas que motivaron la instauración del régimen republicano fueron principalmente el agotamiento del sistema político de la Restauración y la incapacidad de la monarquía de asumir sus errores durante la Dictadura. A partir de abril de 1931 quedó claro que el descontento popular iba orientado hacia una respuesta antimonárquica y pro republicana.

La II República española llegó al poder en abril de 1931. En ello tuvo mucho que ver la caída de la Dictadura del general Miguel Primo de Rivera (29 de enero de 1930) que, apoyada por la monarquía, había tenido un triste final.

El nuevo gobierno presidido por el general Dámaso Berenguer trataba inútilmente de volver a la situación anterior a la Dictadura, pero era imposible. El sistema político de la Restauración estaba agotado, gran parte de la opinión pública estaba ya resueltamente en contra de la monarquía. En el verano de 1930, con el gobierno en plena crisis, se produjo un pacto de unión entre diversos sectores del nuevo republicanismo. El así denominado “Pacto de San Sebastián”, clave en el tránsito de la monarquía a la república y firmado por representantes de las principales fuerzas sociales de izquierdas posibilitó una futura acción conjunta antimonárquica.

Sus principales integrantes fueron:

- El republicanismo “histórico”, encarnado en la figura de Alejandro Lerroux, fundador del Partido Radical en 1908.

- La nueva izquierda republicana de Manuel Azaña que junto a Marcelino Domingo y Álvaro Albornoz, representaba los elementos del radical-socialismo.

- Los socialistas, cuyas principales figuras eran Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos. Fue Prieto quien convenció a los socialistas de que se unieran a las posiciones pro republicana.

- El catalanismo de izquierdas con figuras como Carrasco Formiguera, Matías Malliol y Jaume Aiguader.

- El regionalismo gallego, con Casares Quiroga al frente de la ORGA, partido republicano gallego.

- El republicanismo moderado con personajes como Niceto Alcalá Zamora o Miguel Maura. Alcalá Zamora sería elegido presidente del comité revolucionario creado con la firma del Pacto de San Sebastián.

Sin embargo, antes de que dicho pacto pudiera plantearse como una verdadera alternativa pacífica al cambio de sistema, los partidarios más acérrimos de la instauración de la República intentaron la vía golpista. Estimulada por diversos círculos militares (la U.M.R. Unión Militar Republicana) la guarnición de Jaca, con el capitán Fermín Galán y el teniente García Hernández al frente se sublevaron contra la monarquía y proclamaron la República. Su principal error estribó en no romper las comunicaciones con Francia, por lo que el gobierno, enterado del levantamiento, pudo tomar las medidas necesarias para sofocarlo. Aislados los rebeldes, fueron hechos prisioneros y sus cabecillas, Galán y García Hernández fueron fusilados. La República había conseguido así a sus mártires.

La represión no acabó aquí pues todos los firmantes del Pacto de San Sebastián fueron encarcelados por lo que su reputación aumentó mucho desde sus celdas. El rey decidió poner a prueba a la opinión pública convocando elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. La escasa popularidad de la monarquía quedó patente en la victoria de las candidaturas republicanas en todas las principales ciudades españolas. Los datos oficiales señalaron 29.953 concejales monárquicos frente a 8.855 republicanos pero en aquella época los votos de las ciudades eran los que decidían y éstas habían votado mayoritariamente por la República.

La proclamación de la República fue acogida con euforia por la mayoría de la población. Para estas multitudes la republica representaba la esperanza de una nueva España moderna y más justa. Mientras el país celebraba la proclamación de la República, Alfonso XIII abandonaba palacio rumbo a un exilio voluntario. Antes de marcharse dejó a los españoles esta proclama:

"Las elecciones celebradas el domingo, me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo [...]. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero, resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro, en fraticida guerra civil [...]. Espero conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real y me aparto de España, reconociéndola como única señora de sus destinos."

La república quedó instaurada inmediatamente y a ojos de la opinión mundial pudo considerarse como un maravilloso ejemplo de civismo y madurez política. Su primer jefe de gobierno fue Alcalá Zamora, pero en el nuevo gabinete ya podía identificarse un alto componente de miembros de corte anticlerical o que ejercían profesiones liberales, representantes de la Institución Libre de Enseñanza. Los más destacados ministros de ese primer gobierno republicano eran Miguel Maura (Gobernación), Fernando de los Ríos (Justicia), Casares Quiroga (Marina), Álvaro de Albornoz (Fomento), Marcelino Domingo (Educación) y Manuel Azaña (Guerra).

Nada más formarse este nuevo gobierno la República tuvo su primer problema ante la reaparición del catalanismo político, que debía su fuerza a una combinación de la expansión económica catalana y su renacimiento literario (Jocs Florals). Desde el balcón de la Generalitat su líder, Francesc Macià, proclamó la Republica Catalana. Varios ministros viajaron rápidamente de Madrid a Barcelona para persuadir a Macià de que abandonara su idea y se mostrara favorable a la adopción de un estatuto de autonomía promulgado por las Cortes, a lo que accedió.

Sin embargo, menos de un mes después de la proclamación de la República (11 de mayo de 1931), el anticlericalismo que ésta había desatado se convirtió en violencia callejera. Después de un enfrentamiento entre monárquicos y republicanos el día anterior, los partidarios de la República prendieron fuego a seis iglesias en Madrid. La policía republicana no hizo nada para impedir la quema de los conventos. Manuel Azaña, futuro presidente de la República, dijo ese día: “Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano”. Los católicos practicantes no olvidaron ni perdonaron esta actitud de las autoridades, los republicanos por su parte, promulgaron una Ley de Defensa de la República

Las elecciones dieron la mayoría de los escaños a los socialistas y republicanos, los partidos que pertenecían a la izquierda y al centro. Manuel Azaña, fue elegido nuevo jefe de gobierno.

La memoria rebregada

La ERC se había formado a partir del partido Estat Catalá de Macía, un ex coronel del ejército que se había pasado del españolismo al catalanismo.

Personaje, un tanto ridículo, que elucubraba desde Francia una invasión “liberadora” de Cataluña con apoyos de Moscú. A él se unió el grupo de Companys, un abogado que había adquirido cierto renombre defendiendo anarquistas y que presidía la agrupación Republicá Catalá, además participaban otros elementos procedentes del entorno del periódico L´Opinió. Se trata pues de un partido de oportunidad, que sólo logró protagonismo gracias a las negligencias y convulsiones que caracterizaron a la II República. No en vano, José Pla, el más insigne escritor de la cultura catalana, juzga a la Esquerra, diciendo que estaba “llena de los tópicos del humanismo más insincero y tronado”.

La proclamación de la II República da la posibilidad a este grupúsculo de obtener un protagonismo impensable frente al nacionalismo moderado de Cambó y la Lliga, hasta entonces principal representante del catalanismo.

Maciá secundado por Companys, concejal electo, se apropia el día 14 de abril de 1931, por la vía de hecho del ayuntamiento y diputación de Barcelona proclamando la República Catalana. Normalizada la situación institucional ERC, aprovecha la popularidad ganada por el golpe de efecto que aunó republicanismo y catalanismo en el momento más oportuno, y obtiene en Cataluña, en las primeras elecciones republicanas, un magnifico resultado, que una vez aprobado el polémico estatuto de autonomía de Cataluña, catapultó, primero a Macía, y tras su muerte a Companys, a la presidencia de la Generalidad de Cataluña.

La Constitución de la República Española de 1931 fue aprobada el 9 de diciembre de 1931 por las Cortes Constituyentes tras las elecciones generales españolas de 1931 que siguieron a la proclamación de la Segunda República y estuvo vigente hasta el final de la Guerra Civil Española en 1939. La República española en el exilio continúo reconociendo su vigencia hasta 1977, cuando el proceso político de la llamada Transición Española permitió la redacción de una nueva Carta Magna democrática.

La constitución se organizaba en 9 capítulos (125 artículos en total) y dos disposiciones transitorias.

Con la proclamación de la II República el 14 de abril de 1931 se convocan elecciones a unas Cortes Constituyentes en 28 de junio. Una de sus primeras tareas fue confirmar como presidente a Niceto Alcalá Zamora y su gabinete. Una vez aprobada procede a elegir al Presidente de la República, siendo electo Alcalá Zamora (12 de diciembre) tras lo cual ejerce la función de Cortes.

El título III Derechos y deberes de los españoles, subdividido en libertades y derechos individuales (Capítulo I: Garantías individuales y políticas) y sociales (Capítulo II: Familia, economía y cultura), reconocía la libertad religiosa, de expresión, reunión, asociación y petición (derecho de toda persona a dirigir una petición al gobierno), el derecho de libre residencia y de circulación y de elección de profesión, inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, igualdad ante la justicia, protección a la familia, derecho al divorcio, derecho al trabajo, derechos a la cultura y la enseñanza, artículos sobre la relación entre Iglesia Católica y Estado. Por otro lado, se suprimía todo privilegio de clase social y de riqueza, lo que equivalía a anular la nobleza como entidad jurídica. Se apuntaba también la posibilidad de socialización de la propiedad y de los principales servicios públicos, aunque en definitiva los proyectos de nacionalización de la tierra, las minas, los bancos y los ferrocarriles nunca se llevaron a cabo.

España es definida como "una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y Justicia". Hace compatible la unidad del Estado y la autonomía de los municipios y regiones. Se renuncia al uso de la guerra como instrumento político. El sufragio es universal para hombres y mujeres mayores de 23 años conforme a las leyes.

El poder legislativo reside en las Cortes, constituidas por una asamblea unicameral llamada Congreso de los Diputados elegida directamente. Su mandato es de cuatro años reelegibles indefinidamente y se reúnen ordinariamente entre febrero-abril y octubre-noviembre, y extraordinariamente a petición del Presidente de la República. Tiene la iniciativa de las leyes junto con el Gobierno. Puede delegar en el Gobierno la capacidad de legislar por decreto sobre materias autorizadas. El Congreso elige una Diputación Permanente de Cortes, compuesta por 21 representantes de las facciones políticas en proporción a los escaños que cada una de ellas tiene en las Cortes. Está encargada de conocer los casos de suspensión de las garantías constitucionales, los decretos-leyes, la detención y el procesamiento de los diputados. El Gobierno debe contar con el respaldo de las Cortes y se le puede formular un voto de censura.

Se establece el mecanismo del referéndum popular. Debe ser formalizado por un 15% del cuerpo electoral y no puede referirse a tratados internacionales, leyes tributarias o estatutos regionales.

El Poder ejecutivo estaba a cargo del Presidente de la República que es el Jefe de Estado. El Presidente tiene un mandato de seis años, sin reelección hasta que pase un periodo de seis años después de abandonar su mandato. Su elección la efectúan las Cortes junto a un número de compromisarios igual al de diputados, elegidos por sufragio universal.

Le corresponde nombrar y separar al Presidente del Gobierno y, a propuesta de éste, a los ministros. Declarar la guerra previa autorización de las Cortes, firmar y negociar los tratados internacionales, autorizar los decretos refrendados por el ministro correspondiente, ordenar medidas urgentes. Dictar por decreto, previo acuerdo unánime del Gobierno y la aprobación de la Diputación Permanente, las medidas de urgencia o cuando lo demande la defensa de la República. Tiene veto suspensivo, el cual puede ser revocado por dos tercios de las Cortes. Puede disolver las Cortes hasta dos veces como máximo durante su mandato, la cual será examinada por las nuevas Cortes y resolver su necesidad. Las Cortes pueden destituir al Presidente con tres quintos de los votos.

El Gobierno está conformado por el Presidente del Consejo de Ministros y los ministros. Le corresponde la dirección superior del Estado y los servicios públicos. El Consejo puede elaborar proyectos de ley, dictar los decretos, ejercer la potestad reglamentaria y deliberar sobre asuntos de interés público general.

El poder judicial está a cargo del Tribunal Supremo y cortes subordinadas a éste. Se crea un Tribunal de Garantías Constitucionales con la competencia de resolver principalmente la inconstitucionalidad de las leyes, los recursos de amparo y los conflictos de competencia legislativa.

La Constitución puede ser reformada a propuesta del Gobierno o de una cuarta parte de los miembros de las Cortes. Una vez aprobada la reforma, por mayoría absoluta (provisoriamente para los cuatro primeros años de vigencia de la Constitución se requieren dos tercios de los diputados), se procede a la elección de una Asamblea Constituyente que decidirá sobre la propuesta y posteriormente actuará como Cortes ordinarias.

 El Estado se organiza en municipios, los cuales están agrupados en provincias. Las provincias se pueden organizar en regiones autónomas. Para constituir una región autónoma se requiere que sea propuesto por la mayoría de sus municipios o que representen dos tercios del censo electoral; posteriormente debe ser aprobado por dos tercios de los electores de la región y que finalmente lo aprueben las Cortes junto con el Estatuto propuesto. Bajo este procedimiento se constituyeron como regiones autónomas Cataluña (1932) y el Vascongadas (1936). En Galicia fue aceptada la propuesta por plebiscito en 1936 pero su ratificación por las Cortes quedo interrumpida por el comienzo de la Guerra Civil.

Tras la proclamación de la República tomó el poder un gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá-Zamora desde el 14 de abril hasta el 14 de octubre de 1931, fecha en que presentó su dimisión por su oposición al laicismo del Estado, recogido en el artículo 26 de la nueva Constitución, siendo sustituido por Manuel Azaña. El 10 de diciembre de 1931 fue elegido Presidente de la II República Española Niceto Alcalá-Zamora, por 362 votos de los 410 diputados presentes (la Cámara estaba compuesta por 446 diputados). En este cargo se mantuvo hasta el 7 de abril de 1936, cuando el nuevo gobierno del Frente Popular pidió su dimisión por haber convocado dos veces elecciones generales en un mismo mandato, lo que podía considerarse una extralimitación de sus prerrogativas (a pesar de que los frentepopulistas habían cosechado un triunfo electoral en la última, pero que el PSOE había sido desalojado del Gobierno a causa de la anterior, junto con un pacto de la oposición con los que antes habían apoyado a las dictaduras) volviendo a sustituirle Manuel Azaña.

El 28 de junio de 1931 se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes, que elaboraron y aprobaron una Constitución el día 9 de diciembre del mismo año.

La Constitución de la Segunda República supuso un avance notable en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos por el ordenamiento jurídico español y en la organización democrática del Estado: dedicó casi un tercio de su articulado a recoger y proteger los derechos y libertades individuales y sociales, amplió el derecho de sufragio activo y pasivo a los ciudadanos de ambos sexos mayores de 23 años y residenció el poder de hacer las leyes en el mismo pueblo, que lo ejercía a través de un órgano unicameral que recibió la denominación de Cortes o Congreso de los Diputados y, sobre todo, estableció que el Jefe del Estado sería en adelante elegido por un colegio compuesto por Diputados y compromisarios, los que a su vez eran nombrados en elecciones generales.

Todos ellos son distintivos de la preocupación republicana por la soberanía popular y la democracia efectiva, por lo que es posible enunciar una serie de principios que la Constitución incorporó o reafirmó como elementos esenciales del ordenamiento jurídico español:

El principio de igualdad de los españoles ante la Ley, al proclamar a España como "una república de trabajadores de toda clase".

El principio de laicidad, por el que se iba más allá de la mera separación entre la Iglesia y el Estado para adentrarse en un ámbito de total eliminación de la religión de la vida política.

El principio de elección y movilidad de todos los cargos públicos, incluido el Jefe del Estado.

El principio monocameral, más acorde a la democracia, que suponía la eliminación de una segunda Cámara aristocrática o de estamentos privilegiados y por el cual el poder legislativo sería ejercido por una sola Cámara.

Se preveía la posibilidad de la realización de una expropiación forzosa de cualquier tipo de propiedad, a cambio de una indemnización, para utilización social así como la posibilidad de nacionalizar los servicios públicos.

Amplia declaración de derechos y libertades. Concedía el voto desde los 23 años con sufragio universal también femenino.

Separación de la Iglesia y el Estado, además del reconocimiento del matrimonio civil y el divorcio.

Las buenas intenciones de la República se enfrentaron con la cruda realidad de una economía mundial sumida en la Gran Depresión, de la que el mundo no se recuperó hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En términos de fuerzas sociales, la Segunda República surgió porque los oficiales del ejército no apoyaron al rey, con el que estaban molestos por haber aceptado éste la dimisión de Primo de Rivera, y a un clima de creciente reivindicación de libertades, derechos para los trabajadores y tasas de desempleo crecientes, lo que resultó en algunos casos en enfrentamientos callejeros, revueltas anarquistas, asesinatos por grupos extremistas de uno u otro bando, golpes de estado militares y huelgas revolucionarias.

En España la agitación política tomó además un cariz particular, siendo la Iglesia objetivo frecuente de la izquierda revolucionaria, que veía en los privilegios de que gozaban una causa más del malestar social que se vivía, lo cual se tradujo muchas veces en la quema y destrucción de iglesias. La derecha conservadora, muy arraigada también en el país, se sentía profundamente ofendida por estos actos y veía peligrar cada vez más la buena posición de que gozaba ante la creciente influencia de los grupos de izquierda revolucionaria. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, la Segunda República sufrió un severo aislamiento, ya que los grupos inversores extranjeros presionaron a los gobiernos de sus países de origen para que no apoyaran al nuevo régimen democrático, temerosos de que las tendencias socialistas que cobraban importancia en su seno, terminaran por imponer una política de nacionalizaciones sobre sus negocios en España. Para comprender esto es clarificador saber que la compañía Telefónica era un monopolio propiedad de la norteamericana "International Telephone and Telegraph" (ITT), que los ferrocarriles y sus operadoras estaban fundamentalmente en manos de capital francés, y que las eléctricas y los tranvías de las ciudades pertenecían a distintas empresas (mayormente británicas y belgas). Todo ello motivó y alentó a muchos generales conservadores para que planificaran insurrecciones militares y golpes de estado contra la república. Sus intenciones se materializarían primero en la Sanjurjada de 1932 y en el fallido golpe de 1936, cuyo resultado incierto desembocó en la Guerra Civil Española.

La sociedad española de los años Treinta era fundamentalmente rural: un 45,5 % de la población activa se ocupaba en la agricultura, mientras que el resto se repartía a partes iguales entre la industria y el sector servicios. Estas cifras describen una sociedad que aún no había experimentado la Revolución Industrial. En cuanto a sindicatos y partidos políticos, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuya lista fue la más votada para las elecciones constituyentes de 1931, contaba con 23 000 afiliados; su organización hermana, el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) ya contaba en 1922 con 200 000 afiliados; el sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) tenía en septiembre de 1931 unos 800 000 afiliados. Otras organizaciones, como el Partido Comunista de España (PCE) tenían una presencia nominal y no cobraron fuerza hasta el comienzo de la Guerra Civil. En cuanto a los nacionalismos, la "Lliga Regionalista de Cataluña" liderada por Francesc Cambó había apoyado abiertamente la dictadura de Primo de Rivera, y por ello permaneció al margen de la política durante la República, mientras que otros partidos políticos catalanes, más escorados hacia la izquierda o el independentismo, fueron los que tuvieron mayor protagonismo; en el caso del Vascongadas y Navarra, cabe mencionar que aún no se había consumado la ruptura entre el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la Comunión Tradicionalista (CT), integrada ésta última por los carlistas.

Cierra España.

La República fue acogida con alborozo por la Masonería española

Entre el advenimiento de la República, tras las elecciones municipales de abril de 1931 y 1934, la Masonería española tuvo su teórico mejor momento en cuanto al número y aparente calidad de sus miembros, aunque la realidad es que la Orden admitió en su seno a profanos que en muchas ocasiones carecían de las cualidades morales y espirituales que definen a un masón, sin que eso signifique, en todos los casos, que no estuvieran dotados de otras.

El resultado fue que estos nuevos hermanos propiciaron una no deseable politización de las logias, que las apartó del trabajo puramente masónico. La orientación que los recientes miembros de los talleres imprimieron al trabajo masónico fue pagada muy duramente por la Orden en los años sucesivos.

La República fue acogida con alborozo por la Masonería española, «La República es nuestro patrimonio» titulaba el Boletín Oficial del Supremo Consejo del 33 y último Grado para España y sus dependencias. En aquel momento, el total de logias del Grande Oriente Español llegaba a 167, y el numero de miembros apenas era superior a los 5.000, de los que 17 eran ministros, 5 subsecretarios, 15 directores generales, 183 diputados a Cortes (de un total de 470), 5 embajadores, 9 generales de división y 12 generales de brigada. De entre ellos se pueden destacar, hasta el año 1934 a: don Manuel Azaña Díaz, ministro de la Guerra, presidente del Consejo de Ministros y más tarde presidente de la República; don Alejandro Lerroux y Gracia, ministro de Estado y presidente del Consejo de Ministros; don Diego Martínez Barrio, Gran Maestre, ministro de Comunicaciones, Guerra y Gobernación y presidente del Consejo de ministros; don Fernando de los Ríos Urruti, ministro de Justicia, Instrucción Pública y Estado; don Marcelino Domingo San Juan, ministro de Instrucción Pública y Agricultura; don José Giral, ministro de Marina; don Alvaro de Albornoz Liminiana, ministro de Fomento y de Justicia y presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales; don Emilio Palomo, gobernador de Madrid, subsecretario y ministro de Comunicaciones; don Juan Botella Asensi, ministro de Justicia; don Rafael Guerra del Rio, ministro de Obras Publicas; don Juan José Richa García, embajador en Portugal, presidente del Consejo de Estado, ministro de la Guerra y de Marina; don Gerardo Abad Conde, subsecretario de Comunicaciones, presidente del Consejo de Estado, y vocal del Tribunal de Garantías; don Rodolfo Llopis, director general de Primera Enseñanza; don Mateo Hernández Barroso, director general de Telégrafos; don José Salmeron, director general de Obras Públicas y de Montes; don Antonio Pérez Torreblanca, director general de Agricultura; don Ramón Franco Bahamonde, director general de Aeronáutica; don Augusto Barcia, Soberano Gran Comendador, delegado del Gobierno en el Consejo Superior Bancario; don Benito Artigas Arpón, delegado del Gobierno en los Canales del Lozoya y director general de Comercio y Política Arancelaria; don José Domínguez Barbero, ministro del Tribunal de Cuentas; don Salvador Albert Pey, embajador en Bélgica; don Francisco Maciá, presidente de la Generalidad de Cataluña; don Rafael Salazar Alonso, presidente de la Diputación provincial de Madrid y ministro de la Gobernación; don Eduardo Ortega Gasset, gobernador civil de Madrid; don Pedro Rico López, alcalde de Madrid; don Carlos Esplá Rizo, subsecretario de Gobernación; don Eduardo López Ochoa, capitán general de Cataluña, inspector general de la Tercera Inspección de Ejército y vocal representante del ministerio de la Guerra en el tribunal revisor de los fallos por Tribunales de Honor; don Jaime Ayguadé, alcalde de Barcelona; don Casimiro Giralt, consejero de la Generalidad de Cataluña; don Dionisio Correas, consejero de Cultura; don Ramón González Sicilia, director general de Primera Enseñanza y subsecretario de Instrucción Pública; don Demófilo de Buen, consejero de Estado, presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo; don Luis Jiménez Asúa, vicepresidente primero del Consejo Superior de Protección de Menores; don Antonio Jaén, ministro de España en Perú; don Manuel Torres Campaña, subsecretario de Gobernación y de la Presidencia del Consejo; don José Moreno Galvache, subsecretario de Agricultura, de Industria y Comercio y de Instrucción Pública; don Nicolás Sánchez Belastégui, delegado del Gobierno en los servicios hidráulicos del Guadalquivir; don Ramón Carreras Pons, comisario general de Cataluña; don Fernando Valera Aparicio, director general de Agricultura y subsecretario de Justicia; don Pedro Vargas Guerendiain, subsecretario de Comunicaciones; don Sidonio Pintado, consejero de Cultura; don Gabriel González Taltabull, vocal del Tribunal de Garantías; don Ramón Pérez de Ayala, embajador en Inglaterra; don Rafael Blasco García, vocal suplente del Tribunal de Garantías; don Pedro Armasa Briales, subsecretario de Instrucción Pública; don Luis Doporto Marchori, director general del Instituto Geográfico, gobernador civil de Valencia y consejero de Cultura; don Eloy Vaquero Cantillo, director general de Previsión y Acción Social; don Angel Rizo Bayona, delegado del Estado en el Consorcio Nacional Almadrabero; don José Juncal, embajador en Portugal; don Antonio Tuñon de Lara, director general de Beneficencia; don Alvaro Pascual Leone, director General de Administración Local; don Antonio Montaner Castaño, gobernador civil de Sevilla y director general de Ferrocarriles; don Angel Galarza Gago, fiscal de la República, director general de Seguridad y Subsecretario de Comunicaciones.

La práctica totalidad de los arriba nombrados fueron, además de los cargos indicados, diputados de las Cortes de la República, como lo fueron los también masones: don Melquiades Alvarez González, don Eugenio Arauz Pallardo, don Sebastián Banzo Urrea, don Francisco Azirín Izquierdo, don Miguel Bargalló Ardevol, don Eduardo Barriobero Herrán, don Luis Bello Trompeta, don Cayetano Bolívar Escribano, don Miguel de Cámara Cendoya, don Hermenegildo Casas Jiménez, don Adolfo Chacón de la Mata, don Andrés Domingo Martínez, don Eladio Fernández Egochaga, don Joaquín García Hidalgo Villanueva, don Pedro Vicente Gómez Sánchez, don Miguel Granados Ruiz, don Emilio González López, don Julio Just Jimenez, don Eduardo Layret Foa, don Julio María López Orozco, don Vicente Marco Miranda, don Lucio Martínez Gil, don José Martín Gómez, don Mariano Merediz Díaz-Parreño, don Manuel Moreno Mendoza, don Manuel Morón Díaz, don Manuel Muñoz Martínez, don César Oarrichena Jenaro, don Manuel Olmedo Serrano, don Alonso Pérez Díaz, don Joaquín Pérez Madrigal, don Domingo Pérez Trujillo, don Manuel Portela Valladares, don César Puig Martinez, don Romualdo Rodríguez Vera, don Amós Sabras Gurrea, don Juan Antonio Santander Carrasco, don Francisco Saval Moris, don Jaime Simó Bofarrull, don Narciso Vázquez Lemus y don Rodolfo Viñas Arco. (6)

Todos los nombres de las personas que han sido incluidos en esta página como miembros de la Masonería española, proceden de los Boletines Oficiales del Grande Oriente Español y del Supremo Consejo del Grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España y sus Dependencias.

Cierra España.

Sobre Paracuellos

Durante el verano de 1936, en plena guerra civil se produjo el primer fusilamiento en masa, aún cuando todavía no se había producido ningún importante enfrentamiento bélico. El día 12 de agosto ingresaron en la Cárcel Modelo de Madrid, los 40 supervivientes de la masacre que se produjo en ée andén de la estación de Vallecas, al llegar el tren procedente de Jaén con unos 300 presos destinados a las carceles madrileñas. Entre los que salvaron milagrosamente la vida se encontraban dos ex-alumnos del Colegio de El Escorial, que tras pasar un tremendo calvario, fueron llevados primeramente al Ayuntamiento de Vallecas, después a la Casa del Pueblo de la misma localidad y por último, un desfile por varias checas de la capital hasta terminar por fin en la Cárcel Modelo donde se hacinaban cientos de presos comunes y miles de detenidos por el Frente Popular. Entrando, aún con el susto metido en el cuerpo, pudieron relatar a sus compañeros lo sucedido.

(Copia literal del Libro: "La Dominacion Roja en España. Causa General". Páginas 177-178)

Venían de Jaén unos trescientos detenidos, prensados en el tren. Cerca ya de Madrid, en Villaverde, se apoderaron de ellos los milicianos del pueblo, a pesar de los cuarenta guardias civiles encargados de su custodia, y comienzan allí mismo el fusilamiento más feroz e inhumano en grupos de veinticinco, sin indagar sus personas ni delitos. Hay tristes escenas de padres, que presencian la muerte de sus hijos y viceversa. El Obispo de Jaén, Excmo. E Ilustrísimo Sr. Don Manuel Basulto, cae de rodillas exclamando:

---Perdona, Señor, mis pecados y perdona también a mis asesinos:

---Esto es una infamia, exclama su hermana Teresa, yo soy una pobre mujer.

---No te apures, se le contesta, a ti te matará una mujer.

Y acto seguido, se adelanta una desgreñada miliciana llamada Josefa Coso "La Pecosa", que la sacrifica allí mismo a sangre fría. Cuando faltaban unos cuarenta, se adelanta del grupo Leocadio, joven de 19 años, y, encarándose con el jefe de milicias, le dice que él responde con su vida de todos los del grupo remanente. Y ¡oh prodigio! El feroz mandamás suspende las ejecuciones amenazándole:

---¡Ay de ti, si me engañas! Llevad a éstos a Vallecas y que demuestren su inocencia.

Hasta aquí el relato de lo sucedido por el testigo. Pero la historia completa según los documentos es la siguiente:

El Excmo. E Ilmo. Sr. Obispo de Jaén, Don Manuel Basulto Jiménez, fue traído de aquella ciudad para ser asesinado en el lugar conocido con el nombre de "Pozo del Tío Raimundo", próximo al Cerro de Santa Catalina, del término de Vallecas (Madrid), en unión de su hermana y del Deán y Vicario General de aquella Diócesis, Don Félix Pérez Portela. Las expresadas víctimas, juntamente con unos doscientos detenidos de aquella provincia, bajo pretexto de ser trasladados a la Prisión de Alcalá de Henares, fueron conducidos a un tren especial que sobre las once de la noche del día 11 de agosto de 1936 salió de Jaén custodiado por fuerza armada, siendo el trayecto constantemente vejados por las turbas que esperaban en las estaciones de paso y que los insultaban y apedreaban, llegando el convoy a Villaverde (Madrid), donde fue detenido por los marxistas, que con gran insistencia pedían les fueran entregados los presos para asesinarlos. El Jefe de la fuerza que venía custodiando a los detenidos habló entonces por teléfono con el Ministro de la Gobernación rojo, y el resultado de la conferencia fue retirar las fuerzas mencionadas, dejando en poder de la chusma a los ocupantes del tren, que fue desviado de su trayectoria a Madrid y llevado a una vía o ramal de circunvalación hasta las inmediaciones del lugar ya mencionado del "Pozo del Tío Raimundo". Rápidamente empezaron los criminales a hacer bajar del tren tandas de presos, que eran colocados junto a un terraplén y frente a tres ametralladoras, siendo asesinados el Excelentísimo e Ilmo. Sr. Obispo y el Vicario General Don Félix Pérez Portela. La hermana del Sr. Obispo, que era la única persona del sexo femenino de la expedición, llamada doña Teresa Basulto Jiménez, fue asesinada individualmente por una miliciana que se brindó a realizarlo, llamada Josefa Coso "La Pecosa", que disparó su pistola sobre la mencionada señora, ocasionándola la muerte; continuando la matanza a mansalva del resto de los detenidos, siendo presenciado este espectáculo por unas dos mil personas, que hacían ostensible su alegría con enorme vocerío. Estos asesinatos, que comenzaron en las primeras horas de la mañana del 12 de agosto de 1936, fueron seguidos del despojo de los cadáveres de las víctimas, efectuado por la multitud y por las milicias, que se apoderaron de cuantos objetos tuvieran algo de valor, cometiendo actos de profanación y escarnio y llevando parte del producto de la rapiña al local del Comité de Sangre de Vallecas, cuyos dirigentes fueron, con otros, los máximos responsables del crimen relatado.

(Copia literal del Libro: La causa General. Páginas 177-178)

LOS PRIMEROS ASESINATOS EN LA ESTACIÓN DEL POZO

El jueves 11 de marzo de 2004 Madrid sufrió el más trágico atentado terrorista de su historia con 191 muertos y más de 1.500 heridos. En varios trenes cerca de las estaciones de El Pozo del Tío Raimundo, Santa Eugenia y Atocha. El dolor y el luto nacional anularon la campaña electoral por decisión unánime de los políticos. Tres días después se celebraron las elecciones generales que dieron la victoria contra todo pronóstico al PSOE tras ocho años de gobierno del Partido Popular, aunque este trágico suceso no fue el primero que ocurrió en El Pozo del Tío Raimundo.

Así el mismo día 10 de agosto de 1936, y después de la salida de un primer tren repleto de presos procedentes de la catedral de Jaén –convertida en prisión donde se encontraban 1.200 presos procedentes de la misma capital y de otras localidades de la provincia - con destino a la cárcel de Alcalá de Henares vía Madrid, se organizó otra consecutiva expedición –en un segundo tren- también procedente de Jaén capital con otros 250 presos y con el mismo destino que el anterior. Horas antes de que éste segundo tren llegara a Vallecas, hizo una parada en el cercano y anterior pueblo de Perales del Río, según declaración de don Venancio Martínez González, el 19 de diciembre de 1939, ante los jueces de la Causa General.

Desde entonces el llamado segundo Tren de la Muerte que llegó el día 12 del mismo mes a las proximidades de Madrid, la entonces cercana localidad de San Cristóbal de los Ángeles, donde se encontraba la ‘estación o apeadero de Santa Catalina’ cercana al pueblo de Vallecas, allí, un abundante número de milicias armadas procedentes de dicho pueblo les esperaban en el apeadero, haciéndose de inmediato con los diez vagones del convoy y conduciéndolos acto seguido a un lugar llamado ‘El Pozo del Tío Raimundo’.

En éste segundo tren, según declaró el superviviente don Andrés Portillo Ruiz, bajo juramento en la Causa General:

“Entonces como ya estábamos en poder de los rojos, estos pusieron el tren en marcha con dirección a Alcalá de Henares, pasado en ésta línea el apeadero de Santa Catalina, hay un sitio que se llama ‘POZO DEL TIO RAIMUNDO’ donde paró el tren y bajando a los detenidos por la cabeza del tren de 10 en 10 no sin antes quitarles todo cuanto a ellos se les figuraba de valor...”

Acto seguido les hicieron bajar a todos, y en pequeños grupos los fueron fusilando en el repecho que había próximo al cerro de Santa Catalina, mientras que unos 40 lograron salvarse saltando del tren en el momento de ser éste detenido en aquel apeadero. Estos fueron seguidamente detenidos y conducidos al pueblo de Vallecas, donde después de una larga deliberación entre milicianos y miembros de los comités del pueblo, fueron posteriormente conducidos a la cárcel Modelo de la capital, según relata en su libro Don Angel Aparicio Alonso:

“Un día llegaron SEIS detenidos procedentes de Jaén. Eran los supervivientes del ‘tren de la muerte’, que fue detenido en Vallecas... Nos contaron el caso del sacerdote al que torearon y mataron con un estoque, como si de un toro se tratara”.

Algunos de ellos serían más tarde asesinados en Paracuellos, mientras que todos los demás unos 189, fueron enterrados en dos nuevas zanjas abiertas junto a las tapias del cementerio de Vallecas.

Después de la guerra, se lograron rescatar un total de 206 cadáveres entre ellos el del Sr. Obispo de Jaén Monseñor Manuel Basulto Jiménez, junto con su hermana Teresa y el Vicario General D. Félix Pérez Portela y demás compañeros, los cuales fueron exhumados y trasladados a sus lugares de origen. En la catedral de Jaén se encuentran varias lápidas de mármol con los nombres de todos ellos, a excepción de algunos y de dos monjas Hijas de la Caridad que también fueron fusiladas.

Recordemos que en la misma estación de Atocha durante aquella época, ya funcionaba una checa en el llamado ‘Salón Regio’ –entonces Salón Rojo-, la cual fue trasladada en octubre de 1936 a la calle Príncipe de Vergara, número 9, siendo sus miembros integrantes de las Milicias Ferroviarias Aragonesas de la CNT, y dirigidas por Eulogio Villalba Corrales.

Fuente: www.martiresdeparacuellos.com

Cierra España.